En un contexto marcado por más de 4 años y medio de vigencia ininterrumpida del régimen de excepción y con una cifra que supera las 93,300 detenciones acumuladas hasta octubre de 2026, la organización internacional NAL Human Rights hizo público su más reciente reporte titulado «No es país para los inocentes».

El informe analiza los vacíos, alcances e implicaciones jurídicas del denominado “plan de liberación de detenidos” expuesto en conferencias de prensa por el mandatario Nayib Bukele en octubre de 2026.

Según concluye el documento técnico elaborado con sede en los Países Bajos, los lineamientos adelantados por el Ejecutivo se concentran de forma exclusiva en la reducción de penas mediante figuras como la libertad condicional o el procedimiento abreviado.

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Sin embargo, el informe advierte que la propuesta excluye por completo a las personas que fueron capturadas de forma arbitraria y sobre las cuales no existen pruebas ni elementos que las vinculen con estructuras criminales.

Un beneficio restringido a la presunción de culpabilidad

El reporte recuerda que la primera alusión a una comisión de revisión de casos proviene de declaraciones en redes sociales de Ibrajim Bukele en abril de 2026, donde aseguró que se revisaba «caso por caso» junto a la Fiscalía y Centros Penales.

Meses más tarde, en sus intervenciones del 13 y 16 de octubre, el presidente Bukele precisó que el plan evalúa únicamente a un sector calificado por su administración como «colaboradores» o personas que cometieron faltas menores en el último nivel de las estructuras criminales, calculando que un 50% de ese grupo (unas 5,000 personas) podría optar a beneficios o reducción de tiempo en prisión.

«Lo revelado por el momento no indica ninguna intención de liberar a quienes han sido detenidos y procesados durante el régimen de excepción y sobre los que no existen pruebas, ni a quienes ya han sido condenados sin pruebas suficientes», resalta el análisis de NAL Human Rights.

Los riesgos del procedimiento abreviado

Uno de los puntos centrales del análisis legal se enfoca en el uso eventual del procedimiento abreviado para agilizar la salida de personas que continúan en detención provisional y cuyos juicios siguen abiertos.

La legislación penal salvadoreña exige que para aplicar al beneficio del procedimiento abreviado, el imputado deba confesar y admitir la comisión del delito atribuido a cambio de una pena menor.

Para el organismo de derechos humanos, promover este mecanismo de forma masiva en el contexto actual reviste serios riesgos constitucionales e internacionales. Entre ellos, NAL subraya que se usaría la confesión masiva para consolidar la imagen gubernamental de que la totalidad de los capturados en el régimen eran culpables, agilizando la depuración de expedientes sin haber garantizado un juzgamiento individual ni justo.

Asimismo, el informe alerta que en El Salvador no existen actualmente las condiciones institucionales que garanticen que una confesión se realice de manera libre y sin coacción.

La entidad sustenta este postulado en la falta de independencia judicial y fiscal reflejada en índices globales, la suspensión continuada del derecho constitucional a no declarar contra sí mismo y los señalamientos de organismos como GIPES y Amnistía Internacional sobre tratos crueles, incommunicación y torturas en los centros penitenciarios.

La propuesta de una comisión independiente

Ante el estancamiento y la falta de transparencia en el manejo del sistema penitenciario y judicial, NAL Human Rights retoma la recomendación formulada previamente por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES).

La propuesta consiste en la conformación de una «Comisión Ad Hoc» o comisión independiente de revisión de causas judiciales que trabaje de forma coordinada pero no subordinada al sistema de justicia.

Entre sus pilares, se establece que dicha comisión no debe ser financiada ni integrada por miembros designados por el Estado salvadoreño, debe poseer acceso irrestricto a los expedientes judiciales y fiscales, examinar de forma individualizada el caso de cada detenido desde marzo de 2022, y recomendar sobreseimientos definitivos o recursos de revisión según aplique para cada víctima.

«Una solución no puede pasar por cerrar todos los procesos a través de confesiones masivas y sentencias condenatorias automáticas. Debe ponderarse la verdad, la justicia y los derechos fundamentales», concluye la organización.

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