«La defensa de los derechos humanos es un deber de todos», recordó el expresidente de la Corte Suprema y especialista en la materia, Florentín Meléndez, con motivo de la reciente celebración del Día Nacional de los Defensores de Derechos humanos, el 26 de octubre.

«La defensa y la educación ciudadana en derechos humanos es un derecho legítimo y un deber que debemos cumplir para construir un país más libre, más justo y democrático, donde impere el respeto al Estado constitucional de Derecho», enfatizó Meléndez, quien ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y experto de Naciones Unidas en esa materia.

El exmagistrado expuso la conferencia sobre «El derecho a defender derechos», invitado por la Comisión Pro-Memoria Histórica de El Salvador, integrada por varias ONGs de derechos humanos y por comités de madres y familiares.

El jurista explicó que este derecho no está reconocido expresamente en las constituciones ni en los tratados internacionales, pero se colige de otros derechos reconocidos, como la libertad de expresión, según la cual toda persona tiene derecho de investigar, buscar y recibir información de interés público, como la relacionada con las violaciones de derechos humanos y con los abusos del poder político.

Destacó que la libertad de expresión también implica el derecho de difundir información sin consideración de fronteras y denunciar hechos ilegales y violatorios de derechos humanos.

Recordó que la Asamblea General de la ONU aprobó en 1998 la «Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos sociales y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos».

Con esto se legitima internacionalmente este fundamental «derecho a defender derechos», cuyo ejercicio es necesario para proteger a las víctimas de abusos del poder y de violaciones de derechos humanos, subrayó el jurista salvadoreño.

El caso de Ruth López

La situación de los defensores de derechos humanos en El Salvador se caracteriza por un entorno de creciente criminalización, hostigamiento y restricciones a la labor de organizaciones independientes, según la organización humanitaria Amnistía Internacional.

Como ejemplo de esto se presenta el caso de Ruth Eleonora López, abogada y exjefa de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, quien fue detenida el 18 de mayo de 2025 en su domicilio por la Policía Nacional Civil.

Las organizaciones humanitarias y sociales han denunciado que este arresto ocurrió en el contexto del régimen de excepción y por su trabajo en la defensa de derechos humanos y denuncias contra la corrupción.

Amnistía Internacional y la ONU la han reconocido como presa de conciencia, señalando que su privación de libertad es arbitraria y responde a represalias por su labor.

Familiares y organismos de derechos humanos han denunciado que Ruth López se encuentra recluida en el Centro Penitenciario de Izalco, bajo condiciones de incomunicación prolongada y severas restricciones de acceso a sus parientes y equipo legal, pese a que en septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor debido al grave riesgo a su vida e integridad, las cuales —según denuncias de sus familiares y organizaciones— no han sido cumplidas por el Estado.