Fiscalía confirma que ya fue emitida la orden de libertad para expresidente Saca
La orden de libertad tiene vigencia desde el 27 de octubre de 2026, luego de que el exmandatario cumpliera la pena de cárcel impuesta por el desvío y lavado de fondos públicos durante su gobierno, entre 2004 y 2009
San Salvador.-12092018.- El expresidente Elias Antonio Saca y su colaboradores escucharon la sentnecia final por parte del tribunal en la Sala 2B. Entre decenas de medios informativos nacionales e internacionales se dio cobertura a un hecho historico en el país de un expresidente condenado.
Foto edh por Mauricio Cáceres
La Fiscalía General de la República confirmó que ya fue despachada la orden de libertad del expresidente Elías Antonio Saca, vigente a partir del 27 de octubre de 2026, luego de que cumpliera la condena de 10 años de prisión que recibió por delitos relacionados con el desvío de fondos públicos durante su administración.
La Fiscalía confirmó a este medio que «ya se despachó una orden de liberación, así que podría salir en los próximos días», sin confirmar fecha específica para ello».
La FGR únicamente tiene que ver con el proceso de cárcel de Saca, quien también tiene pendiente de cumplirse una condena civil; sin embargo, en este caso, será un Juzgado de lo Civil el que confirme o no si dicha condena de devolución de dinero ya fue completada o no. En todo caso, la Fiscalía confirmó a El Diario de Hoy, que, en cuanto a la pena de cárcel, esta ya fue cumplida por lo que podría salir libre en las próximas horas o días. El exmandatario permanece en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Saca fue condenado en septiembre de 2018 por su participación en una estructura que desvió y lavó aproximadamente $301 millones de recursos estatales durante su gobierno, entre 2004 y 2009.
El caso, conocido como “Destape a la Corrupción”, estableció que fondos provenientes de cuentas institucionales de Casa Presidencial fueron trasladados a cuentas particulares mediante cheques sin respaldo legal y operaciones destinadas a ocultar el origen del dinero.
La investigación también involucró a seis funcionarios y colaboradores del gobierno de Saca: Élmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia; César Funes, exsecretario de la Juventud; Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones; Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial; Jorge Herrera, extesorero institucional; y Pablo Gómez, exasistente de la Unidad Financiera Institucional.
Saca fue capturado el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Otros implicados en el caso también fueron detenidos durante el evento.
En agosto de 2018, al inicio del juicio, el expresidente aceptó los hechos atribuidos por la Fiscalía y se sometió a un procedimiento abreviado, mediante el cual obtuvo una reducción de la pena a cambio de su confesión.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador dictó la condena el 13 de septiembre de ese año. La pena impuesta fue de cinco años por apropiación o utilización ilegal de fondos públicos y otros cinco por lavado de dinero y activos.
También fue condenado a pagar millones al Estado
Además de la pena de prisión, el tribunal estableció que Saca debía pagar $260.7 millones en concepto de responsabilidad civil por los fondos desviados. La suma correspondiente a los siete condenados en el proceso alcanzó los $300 millones.
En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la obligación de los condenados de reintegrar el dinero al Estado y añadió al cálculo de la responsabilidad civil $347,117.17.
La condena por el desvío de fondos públicos es independiente de la que posteriormente recibió Saca por enriquecimiento ilícito, proceso en el que se determinó que debía devolver más de $3.8 millones.
Con el despacho de la orden de libertad, el exmandatario queda habilitado para salir de prisión tras cumplir la condena de 10 años impuesta en el caso “Destape a la Corrupción”. La fecha exacta de su salida del penal no ha sido precisada en la información proporcionada. En cuanto a la pena civil, desde Fiscalía explicaron que «sería la Corte Suprema de Justicia la que emita la resolución judicial que declare cumplida la obligación», en caso de que así hubiese ocurrido ya.
