La liberación de los cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños, miembros de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, se ha convertido en una causa nacional en El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha hecho de esta liberación una prioridad absoluta, tanto en el plano humano como en lo que respecta a la lucha contra los grupos criminales. En Haití, estos grupos controlan partes del país y de la capital, Puerto Príncipe, convirtiendo al territorio haitiano en una especie de «portaaviones geográfico» para el tráfico ilícito en pleno Caribe, zona en la que, desde noviembre de 2025, se lleva a cabo la Operación «Lanza del Sur».

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Haití permanece sumido en una profunda crisis de seguridad, en un contexto de colapso casi total de un Estado moribundo, que carece de presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021. El país —que a principios del siglo XX era conocido como la «perla del Caribe»— se encuentra hoy inmerso en la violencia de las bandas armadas, una frágil transición política y una situación humanitaria alarmante que afecta a gran parte de la población. Las cifras publicadas recientemente por las Naciones Unidas ilustran la magnitud de la tragedia: entre julio y principios de octubre de 2026, la violencia vinculada a las bandas dejó un saldo de 1.123 muertos y 440 heridos, según el informe del secretario general presentado ante el Consejo de Seguridad el pasado 19 de octubre. Los grupos armados, entre ellos la coalición «Viv Ansanm» y organizaciones como «400 Mawozo» y «Gran Grif», controlan la mayor parte del área metropolitana de Puerto Príncipe y han extendido sus actividades a zonas rurales, especialmente en los departamentos de Artibonite, Centro y Sureste. Ataques espectaculares, como el perpetrado a finales de agosto en Kenscoff, que dejó al menos 47 muertos y numerosos rehenes, demuestran su capacidad para atacar a las comunidades y utilizar el terror como herramienta de control territorial e intimidación.

Soldados participando en un operativo, en Kenscoff (Haití). Fotos EFE

Las bandas se adaptan a las operaciones en curso, multiplican las represalias contra la población, reclutan masivamente a menores y mantienen el flujo de armas a pesar del embargo renovado por el Consejo de Seguridad. En este contexto se produjo el ataque contra los miembros salvadoreños de la Fuerza de Represión de Bandas. Estos desaparecieron tras una emboscada en la zona de Croix-des-Bouquets, lo que provocó contundentes declaraciones del presidente Nayib Bukele y dio lugar a labores de búsqueda que aún continúan, en medio de intensos combates.

La Fuerza de Represión de Bandas, autorizada por la ONU con un límite de 5.550 efectivos uniformados y un mandato prorrogado hasta el 31 de marzo de 2027, sigue operando con una dotación muy inferior a la prevista. A mediados de octubre de 2026, contaba con entre 1.500 y algo más de 2.000 miembros. Ha comenzado a extender su presencia fuera de la capital y lleva a cabo operaciones conjuntas o de apoyo junto con la valiente Policía Nacional de Haití y las esforzadas Fuerzas Armadas haitianas. Sin embargo, su despliegue incompleto limita su impacto.

Las operaciones de seguridad, que incluyen el uso de drones y unidades especializadas, han permitido lograr avances puntuales en ciertos barrios de Puerto Príncipe, pero también han causado un número considerable de víctimas, incluidos civiles ajenos a las bandas. Los grupos de autodefensa también contribuyen a la violencia. En términos generales, la autoridad del Estado permanece gravemente debilitada en amplias zonas del territorio, y las bandas mantienen vínculos con determinados actores políticos y económicos que les permiten rearmarse y adaptarse. En el plano político, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé concentra el poder ejecutivo desde el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición, el 7 de febrero de 2026.

Cuenta con el apoyo internacional, en particular de Estados Unidos, y ha abogado por un despliegue rápido y completo de la fuerza internacional, así como por el fortalecimiento de las fuerzas nacionales.

Sin embargo, persisten las divisiones internas y la falta de un consenso amplio. Las elecciones presidenciales y legislativas, las primeras desde 2016, estaban previstas inicialmente para el 13 de diciembre de 2026, pero fueron aplazadas indefinidamente a principios de octubre debido a la inseguridad y a las dificultades logísticas. El registro en las listas electorales sigue siendo muy bajo: unas 760.000 personas de un censo electoral estimado en 6,5 millones, mientras que se han inscrito miles de candidatos y más de 35 formaciones políticas. Esta situación compromete la posibilidad de celebrar comicios creíbles e inclusivos a corto plazo y prolonga una transición que ya es larga y controvertida. El representante permanente de Haití ante la ONU describió un país que «muere a fuego lento» bajo el efecto combinado de las bandas criminales, el narcotráfico y el tráfico de armas, e instó a la comunidad internacional a adoptar medidas acordes con la magnitud de la crisis.

La dimensión humanitaria agrava considerablemente el panorama. Cerca de 1,5 millones de personas han sido desplazadas internamente, entre ellas más de 740.000 niños. Más de la mitad de la población se enfrenta a una situación de inseguridad alimentaria aguda, y alrededor del 40 % de los haitianos carece de acceso a la atención sanitaria básica. La economía se contrae por séptimo año consecutivo, y el plan de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas para 2026 solo cuenta con financiación para cubrir aproximadamente la mitad de las necesidades. El reclutamiento de menores por parte de las bandas —cuyos integrantes incluyen, al parecer, a un número considerable de niños y adolescentes— contribuye a perpetuar la violencia y a destruir el tejido social. Las poblaciones rurales, hasta ahora relativamente a salvo, se encuentran cada vez más expuestas, lo que también amenaza la producción agrícola y agrava la escasez.

¿Es posible salir de la crisis de seguridad? Sí, pero la solución no es inminente ni automática y requiere una combinación de condiciones difíciles de reunir en un plazo breve. El despliegue efectivo de la Fuerza de Represión de Bandas hasta alcanzar un nivel cercano a su capacidad autorizada, acompañado de los medios logísticos y de inteligencia adecuados, constituye un elemento indispensable para contener y debilitar a las bandas. Este despliegue debe articularse con el fortalecimiento continuo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas haitianas, cuyos programas de reclutamiento y formación avanzan, pero siguen siendo insuficientes ante la magnitud de la amenaza. Son necesarias operaciones específicas y sostenidas que no solo apunten a los líderes, sino también a las redes de suministro de armas, financiación y protección política o económica. La experiencia pasada demuestra que eliminar a individuos concretos sin desmantelar las estructuras de apoyo arroja resultados limitados y, a menudo, temporales.

Paralelamente, la restauración gradual de la autoridad del Estado en las zonas liberadas, combinada con esfuerzos de desarme, reinserción y creación de oportunidades económicas para los jóvenes, resulta esencial para evitar el retorno de las bandas. En el plano político, el establecimiento de un calendario electoral realista, basado en unas condiciones mínimas de seguridad y en una ampliación del registro electoral, permitiría restaurar la legitimidad democrática, aun cuando el proceso electoral no pudiera ser perfecto.

Un apoyo internacional sostenido, tanto financiero como político, así como la aplicación efectiva de las sanciones y del embargo de armas, siguen siendo indispensables. Sin un refuerzo rápido y un esfuerzo coherente en los ámbitos de la seguridad, la política, la ayuda humanitaria y la economía, persiste el riesgo de un deterioro continuo o de llegar a un punto de no retorno. Si bien se han registrado avances puntuales y existe un compromiso internacional, la tendencia predominante en octubre de 2026 sigue siendo la persistencia de la inseguridad.

Ciertos líderes políticos se perfilan como un nuevo baluarte frente al agravamiento de la situación. El primer ministro no escatima esfuerzos para dotar de cierta credibilidad a un Estado gravemente dañado. Asimismo, actores políticos provenientes de la sociedad civil, como Jerry Tardieu, presidente del movimiento «En adelante», impulsan un proyecto para la reconstrucción del país.

La acción de El Salvador y de su presidente contribuye a generar conciencia sobre la profundidad de la crisis en Haití. Se trata de un paso importante que podría enmarcarse en una nueva dinámica de reconstrucción de un Estado que, desde 2021, ha sido duramente golpeado por grupos armados ilegales que mantienen como rehenes a sus habitantes y someten a la población a un sufrimiento constante.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.