La deuda pública de El Salvador volverá a aumentar en 2027, después de bajar este año, debido en parte a los intereses acumulados de la deuda previsional, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo calcula, en su informe sobre la segunda y tercera revisión del programa de $1,400 millones que mantiene con el país, que la deuda bruta del sector público no financiero pasará de representar el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 al 89.2% en 2027, después de cerrar 2025 en un nivel equivalente al 87.6% del PIB.

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El incremento está relacionado con el fin del período de gracia para el pago de intereses de la deuda que el Estado mantiene con los fondos de pensiones, que vence en abril de 2027. Durante estos cuatro años, el gobierno suspendió esos pagos, por lo que los intereses se fueron acumulando.

El FMI señala que el Estado deberá reconocer unos $2,300 millones en dichos intereses pendientes, y la mayor parte podría incorporarse a un nuevo certificado de deuda y el resto pagarse en efectivo. Ese certificado tendría un plazo de pago de 46 años, por lo que el reconocimiento de la obligación no implica que el Gobierno desembolsará todo el dinero de una sola vez.

Aun así, el organismo calcula que reconocer esos intereses tendrá un impacto equivalente a unos 5.6 puntos porcentuales del PIB en 2027, algo que presionará las finanzas públicas a pesar de que el gobierno prevé mantener un superávit primario, es decir, que sus ingresos superen sus gastos antes del pago de intereses.

Ante esto, el FMI subraya que el gobierno deberá mantener el ajuste de las finanzas públicas para reducir el peso de la deuda y avanzar hacia la meta de llevarla al 80% del PIB en 2030.

El peso de la deuda en la economía de las familias

El endeudamiento público también puede afectar directamente a los hogares, porque una parte de los recursos del Estado se destina al pago de intereses en lugar de utilizarse en servicios públicos e inversión en áreas como salud, educación e infraestructura.

Así lo señala el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Óscar Cabrera, quien sostiene que la deuda no se limita a las cuentas del gobierno, sino que “llega a la mesa, la salud, la educación y el bolsillo de cada hogar salvadoreño”.

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El estudio incluido en su libro Las ocho trampas del desarrollo señala que el gasto en intereses de la deuda pública pasó de $1,336.6 millones en 2019 a $1,756 millones en 2025, un incremento del 31.4%. Esos pagos reducen los recursos que podrían destinarse a servicios públicos, programas de apoyo e inversión para generar empleos.

Cabrera también advierte que una elevada exposición de los bancos a la deuda pública puede limitar su capacidad para financiar a empresas y familias, lo que podría dificultar el acceso a préstamos para comprar una vivienda o invertir en un pequeño negocio. Esto no significa que el aumento de la deuda reduzca automáticamente el crédito, sino que puede limitar los recursos disponibles para financiar las diferentes actividades económicas.