El programa podría liberar unos $140 millones dentro de poco, pero todavía quedarían alrededor de $1,000 millones por desembolsar, un monto que se queda por debajo de las necesidades de financiamiento externo por $1,900 millones.
El programa podría liberar unos $140 millones dentro de poco, pero todavía quedarían alrededor de $1,000 millones por desembolsar, un monto que se queda por debajo de las necesidades de financiamiento externo por $1,900 millones.

El acuerdo a nivel técnico que alcanzó el gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para combinar las revisiones que estaban pendientes permitirá reactivar el programa de financiamiento de hasta $1,400 millones, luego de una pausa de 15 meses, por lo que podría recibir en el corto plazo un nuevo desembolso de hasta $140 millones, una vez que el Directorio Ejecutivo del organismo dé su aprobación. De acuerdo con EMFI, alrededor de $1,000 millones del programa todavía quedarían pendientes de desembolso, por lo que podrían llegar más recursos si las siguientes revisiones avanzan.
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En este sentido, la continuidad del acuerdo representa un respaldo para las finanzas del país, pero no significa que desaparezcan las necesidades de financiamiento que tendrá el gobierno el próximo año. En este punto, EMFI señala que los desembolsos del programa en total no serían significativos en comparación con los $1,900 millones de financiamiento externo que el gobierno calcula que podría necesitar para asumir los compromisos en 2027.
Con respecto a lo anterior, EMFI considera que el principal efecto del acuerdo no está en la cantidad de dinero que ingresará al país, sino en que vuelve a respaldar el compromiso del gobierno con la reducción del déficit fiscal que comenzó a impulsar en el país en 2024. Ante esto, la entidad destaca que el FMI espera que el superávit primario del Sector Público No Financiero pase de 2.9% del PIB este año a 3.7% en 2027, una meta que estaría relacionada con el objetivo de reducir la deuda pública hasta el 80% con respecto al Producto Interno Bruto en 2030.

Sin embargo, esa meta tendrá que cumplirse mientras el gobierno enfrenta mayores pagos relacionados con la deuda de pensiones, cuyo período de gracia termina en abril de 2027. Según EMFI, a partir de ese momento la deuda acumulada comenzará a generar intereses equivalentes a un máximo del 2% del PIB cada año, además de un pago único de aproximadamente 5.7% del PIB correspondiente a los intereses acumulados durante el período de gracia.
Esto ocurre mientras la deuda del gobierno con los ahorros de los trabajadores ya alcanzó los $11,714.38 millones en julio de 2026, según datos del Banco Central de Reserva, lo que representa un incremento de $3,269.76 millones, equivalente al 38.7%, desde enero de 2023. Solo durante los primeros siete meses del año dicha deuda aumentó en $380.93 millones, a un promedio de $54.42 millones mensuales.
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A esto se suma que la firma S&P Global Ratings estima que el gobierno podría enfrentar pagos relacionados con los intereses de la deuda de pensiones de hasta $2,400 millones durante 2027, al considerar tanto los intereses acumulados durante el período de gracia como los correspondientes a ese año. Ese monto equivaldría aproximadamente al 5.5% del PIB.
Por otro lado, la deuda pública total llegó a $34,960.42 millones en julio, $1,153.3 millones más que al cierre de 2025, mientras Moody’s proyecta que terminará este año en un equivalente al 93.4% del PIB. La calificadora también señala que los pagos de intereses de la deuda pública ya absorben el 18.4% de los ingresos del gobierno.
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