El dinero que el gobierno ha tomado prestado de los ahorros de los trabajadores para financiar el pago de las pensiones del sistema público sigue aumentando y, entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, la deuda acumulada creció en $633.61 millones, hasta alcanzar los $11,874.74 millones, según los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR), actualizados este viernes 30 de octubre.

El saldo registrado en septiembre representa un incremento del 5.6% con respecto a los $11,241.13 millones con los que cerró el año pasado, en un contexto en el que el Estado continúa utilizando recursos de los fondos previsionales y deberá comenzar a atender nuevamente los pagos de esta deuda en 2027.

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Asimismo, el aumento acumulado durante los primeros nueve meses del año equivale a un promedio de $70.4 millones mensuales, aunque el comportamiento ha variado de un mes a otro. De hecho, septiembre registró el mayor incremento mensual del período, con $113.43 millones adicionales respecto a agosto, cuando la deuda se situaba en $11,761.31 millones.

El Estado sigue recurriendo a los ahorros previsionales

Para entender el crecimiento de esta deuda es necesario considerar que el gobierno obtiene recursos de los fondos de pensiones mediante títulos valores que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a comprar con el dinero de los cotizantes.

Estos recursos sirven para financiar, entre otras obligaciones, el pago de las pensiones de los jubilados del sistema público anterior a la creación del sistema privado actual. De esta manera, el Estado mantiene una fuente de financiamiento que se alimenta de los ahorros de los trabajadores.

En septiembre, el experto Patricio Pineda, de la Mesa del Trabajo por una Pensión Digna, estimó que la deuda previsional llegaría a $12,000 millones al cierre de 2026, una proyección que cobra relevancia ante el saldo de $11,874.74 millones registrado en septiembre.

Además, el crecimiento de esta obligación ocurre mientras el Gobierno se prepara para reconocer los intereses que dejó de pagar durante el período de gracia establecido con la reforma previsional de 2022.

Lo anterior quiere decir que, a partir de abril de 2023, el Estado dejó de pagar capital e intereses de los certificados de deuda previsional sujetos a ese período de gracia, por lo que los intereses se acumularon durante cuatro años. Según la información divulgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el monto pendiente ronda los $2,300 millones y deberá reconocerse cuando finalice ese plazo, en abril de 2027.

Sin embargo, el acuerdo contempla que la mayor parte de esos intereses pueda convertirse en un nuevo certificado de deuda que el gobierno pagaría mediante cuotas semestrales durante 46 años, a partir de octubre de 2027, con una tasa de interés cercana al 7%.

Ante estas condiciones de pago de esos intereses, economista Rafael Lemus ha cuestionado dicho mecanismo porque los trabajadores no recibirían de inmediato el dinero acumulado en concepto de intereses, sino otro documento que comprometería al Estado a pagar durante varias décadas.

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Por tanto, el reconocimiento de esos intereses no significa que el gobierno devolverá de una sola vez los recursos pendientes a los fondos previsionales, sino que incluiría esa obligación a un calendario de pagos de largo plazo.

Mientras tanto, la deuda previsional continúa creciendo y se aproxima a los $12,000 millones, un nivel que vuelve a poner en discusión la capacidad del Estado para atender sus compromisos financieros sin mantener una dependencia creciente de los ahorros de los trabajadores.