La deuda pública de El Salvador seguirá aumentando este año y llegará a un nivel equivalente al 93.4% del Producto Interno Bruto (PIB), según la proyección de Moody’s Ratings, que si bien reconoce una mejora en las finanzas públicas y en el crecimiento económico, advierte que el elevado nivel de endeudamiento continúa siendo una de las principales limitantes para el país.

En su revisión sobre la calificación de El Salvador, publicada en agosto, Moody’s mantuvo la nota del país en B3, con perspectiva positiva, pero señaló que “la deuda pública sigue elevada” y proyectó que esta pasará de representar el 90.2% del PIB en 2025 al 93.4% al cierre de 2026. La calificadora atribuye este aumento a las obligaciones relacionadas con las pensiones, al mismo tiempo que advierte que, actualmente, los pagos de intereses por la deuda pública absorben hasta un 18.4% de los ingresos del Gobierno.

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Esta presión puede observarse en el monto total de la deuda pública, la cual alcanzó los $34,960.42 millones en julio, $1,153.3 millones más que al cierre de 2025, de acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva (BCR). Del total, hasta $19,248.48 millones corresponden a deuda interna y hasta $15,711.94 millones a deuda externa.

Dentro de la deuda interna destaca la obligación del gobierno con los fondos privados de pensiones, que llegó a $11,714.38 millones en julio, después de aumentar $44.5 millones solamente durante ese mes. Desde enero de 2023, cuando entró en vigencia la reforma previsional, esta deuda acumula un crecimiento de 38.7%.

El peso de esta obligación será todavía mayor para las finanzas públicas cuando termine el período de gracia establecido para el pago de intereses que logró el gobierno tras la reforma de 2023, por lo que, de acuerdo con una estimación de Standard & Poor’s, el Ejecutivo tendría que pagar hasta $2,400 millones solamente en intereses relacionados con la deuda de pensiones durante 2027, una presión que se sumará al resto de compromisos financieros del Estado.

De hecho, el nivel de endeudamiento también ha sido señalado por economistas como uno de los principales riesgos para las finanzas públicas, debido a que la deuda pública del país mantiene comprometidos hasta $0.93 por cada $1.00 que produce la economía.

Aunque la deuda sigue siendo elevada, Moody’s también reconoce que las finanzas públicas han mostrado una mejora, pues espera que el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno, baje de 2.9% del PIB en 2025 a 2.3% este año, por lo que también destaca que el país mantiene un saldo positivo en sus cuentas antes del pago de los intereses de la deuda.

Según la firma, esta mejora se se debe, principalmente, al aumento de la recaudación de impuestos, un mayor control del gasto público y el crecimiento de la economía, que avanzó 3.9% en 2025 y 4.3% durante el primer trimestre de 2026.

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En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también plantea que este esfuerzo deberá continuar durante los próximos años pues, por ejemplo, en el acuerdo alcanzado a nivel técnico con el gobierno para combinar la segunda y tercera revisiones del programa, divulgado el 3 de septiembre, el organismo señaló que el resultado positivo de las cuentas públicas deberá aumentar, con el fin de alcanzar una relación deuda/PIB del 80% en 2030, todo como parte del acuerdo por $1,400 millones que alcanzó con el país el año pasado.

Con respecto, la meta establecida por el Fondo implicaría reducir de forma significativa el nivel de endeudamiento del país, por lo que también confirmó la semana pasada que el gobierno reformará el sistema de pensiones en 2027, algo que incluirá cambios en los aspectos paramétricos, con el fin de disminuir la dependencia del Ejecutivo de esos fondos y garantizar la sostenibilidad del sistema.