El próximo lunes 7 de septiembre se cumplirán cinco años desde que entró en vigencia la Ley Bitcoin en El Salvador, una fecha que encuentra a la criptomoneda en una posición mucho menos relevante que la que tuvo durante los primeros meses de su adopción, cuando el gobierno de Nayib Bukele promovió su uso entre la población, creó la billetera estatal Chivo y la presentó como una alternativa para realizar pagos, recibir remesas e impulsar la inclusión financiera.

Ahora, la ley continúa vigente, pero ha sido reformada y dos de las principales apuestas que acompañaron su implementación han cambiado: el gobierno vendió la mayor parte de Chivo Wallet y ya no utilizará recursos públicos para aumentar sus reservas de Bitcoin a través de las compras diarias que, desde 2022, venía realizando.

La Ley Bitcoin fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 8 de junio de 2021 y entró en vigencia 90 días después, convirtiendo a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar estadounidense. La medida fue presentada en ese entonces como una oportunidad para facilitar las transacciones en los comercios.

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Sin embargo, el uso de la criptomoneda entre los salvadoreños nunca alcanzó los niveles que esperaba el gobierno, tanto así que uno de los indicadores que más se utilizó para promover su adopción, como las remesas, continúa mostrando una participación mínima de las billeteras virtuales.

Por ejemplo, en julio pasado ingresaron al país $864.25 millones en remesas familiares, de los cuales apenas $5.74 millones fueron recibidos a través de billeteras virtuales como Chivo, según los datos del Banco Central de Reserva (BCR). Esto significa que solo 0.66% del dinero enviado por los salvadoreños en el exterior llegó mediante este tipo de plataformas, mientras que el 99.34% restante ingresó por otras vías.

En este punto, la diferencia se vuelve todavía más evidente si se revisa el comportamiento de este indicador desde que comenzó a aplicarse la ley. Por ejemplo, en octubre de 2021, el primer mes completo bajo dicha ley, las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas llegaron a $17.9 millones, pero posteriormente los montos fueron cayendo y se mantuvieron en niveles mucho más bajos.

Asimismo, debido a los riesgos financieros asociados con la fluctuación de la criptomoneda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió al país retirar el carácter de obligatoriedad que tenía el Bitcoin, así como reducir su participación en actividades que incluyeran el uso de fondos públicos, todo como parte de un acuerdo de 40 meses y hasta $1,400 millones entre el organismo y el gobierno salvadoreño.

Por ello, la Asamblea Legislativa reformó la ley a principios de 2025 y eliminó dicha obligación que tenían los comercios de aceptar la criptomoneda, una de las condiciones que había generado mayor polémica desde su aprobación, algo que a su vez provocó que el Bitcoin fuera recibido con rechazo por una parte de la población.

Por otro lado, el mismo FMI confirmó esta semana que el gobierno vendió la mayor parte de su participación en Chivo Wallet a un operador privado, aunque indicó que el gobierno conserva una participación minoritaria y funciones relacionadas con la custodia de los los activos de los usuarios.

Chivo Wallet comenzó a operar en septiembre de 2021, al mismo tiempo de la entrada en vigencia de la ley, y el gobierno en ese entonces destinó fuertes cantidades provenientes de fondos públicos para promover su utilización, entre ellos un bono de $30 para los usuarios que descargaran la aplicación, para lo cual se destinaron más de $100 millones provenientes de fondos públicos.

Ahora, sin embargo, la operación de la plataforma quedó principalmente en manos privadas y todavía se desconoce quién adquirió la participación mayoritaria, cuánto pagó por ella y qué porcentaje exacto mantiene el gobierno. Ante esto, el presidente Bukele se limitó a confirmar la venta a través de un mensaje en X, aunque tampoco especificó las condiciones en las que se realizó el traspaso.

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Todo esto se suma al hecho de que el gobierno ya no podrá utilizar fondos públicos para seguir agregando Bitcoins a su reserva nacional, la cual, según los registros de la Oficina Nacional de Bitcoin, asciende a más de 7,765 Bitcoins, valorados en más de $618 millones.

En este sentido, el organismo agregó que en el último año los Bitcoins que se adquirieron llegaron a la reserva gracias a las donaciones de privados, sin embargo, afirmó que no prevé una acumulación adicional más allá de esas donaciones que estén documentadas, por lo que esta estrategia también se diluye junto a las demás que se impulsaron hace cinco años, cuando el gobierno intentó implementar, sin éxito, el uso masivo del Bitcoin.