La posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos decida no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de salvadoreños podría afectar no solo la situación migratoria de quienes están amparados bajo ese programa, sino también el envío de remesas hacia El Salvador, una fuente de ingresos de la que dependen cientos de miles de familias y que sostiene buena parte del consumo en el país.

Así lo advirtió Salvador Sanabria, director de la organización dedicada a asistir a migrantes latinoamericanos El Rescate, quien señaló que la pérdida del TPS no solo pondría en riesgo la estabilidad laboral de miles de salvadoreños en Estados Unidos, sino también su capacidad para seguir enviando dinero a sus familias en El Salvador.

Puede interesarle: El Salvador mantiene uno de los precios del maíz más altos de Centroamérica

«Una posible cancelación del TPS tiene graves consecuencias en el sentido de la estabilidad laboral, unificación familiar, residencia legal temporal y capacidad en el envío de las remesas a la nación de origen y la estabilidad económica de las familias dependientes en EE.UU. y El Salvador», afirmó.

El activista agregó que la cancelación del programa significaría «un desastre para la economía familiar de los que dependen de las remesas familiares en EEUU y El Salvador», tomando en cuenta que miles de hogares utilizan ese dinero para cubrir gastos cotidianos como alimentación, salud, educación o vivienda.

Sanabria explicó que este escenario no es tan remoto, es decir, no es algo imposible de que ocurra ya que responde a la política migratoria que ha mantenido la administración del presidente Donald Trump respecto a los programas de protección temporal otorgados a extranjeros.

«La política oficial de la segunda administración Trump es dar fin a todos los estatus de protección temporal o TPS en sus siglas en inglés. Así lo ha hecho para varias naciones y con ese precedente no existe razón para hacer de El Salvador una excepción», expresó.

No obstante, señaló que «hay que aclarar que es una decisión política de carácter ejecutivo donde el Ejecutivo tiene la última palabra. La posibilidad de su cancelación final y la no renovación o extensión constituyen un escenario muy posible dado la política antiinmigrante de la administración del presidente Trump», recalcó.

La preocupación sobre este posible fin al TPS adquiere especial relevancia, sobre todo, porque las remesas siguen siendo uno de los principales ingresos para la economía salvadoreña. Solo durante el primer semestre de 2026 ingresaron más de $5,000 millones por este concepto, aunque junio marcó una reducción de $72.2 millones respecto a mayo, según las cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

La importancia de esos recursos también queda reflejada en la cantidad de personas que dependen de ellos pues, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025, más de 1.57 millones de salvadoreños reciben remesas y unas 533,875 familias cuentan con este ingreso de forma mensual, una realidad que explica por qué cualquier disminución en los envíos termina repercutiendo en el gasto de los hogares, los cuales utilizan este tipo de ingresos para su propia subsistencia.

Además: La mayor preocupación de las microempresas ya no es la falta de ventas, sino el aumento de la competencia

En este punto, ese posible fin del TPS tampoco es la única preocupación para los salvadoreños en Estados Unidos, pues en los últimos meses también han surgido advertencias sobre nuevos controles financieros sobre los migrantes, medidas que, según organizaciones que apoyan a la comunidad latinoamericana radicada en ese país, podrían complicar aún más la estabilidad económica de quienes sostienen a sus familias desde el exterior.

Para Sanabria, la combinación de estos factores incrementa la incertidumbre para miles de salvadoreños que durante años han mantenido un empleo gracias al TPS y, con ello, han contribuido al sustento de sus familias en ambos países. Una eventual cancelación del programa, advirtió, no solo tendría implicaciones migratorias para sus beneficiarios, sino que también podría traducirse en un menor flujo de remesas hacia El Salvador, con efectos que alcanzarían a cientos de miles de hogares cuya economía depende, en buena medida, de esos envíos.