La decisión del juez de distrito Nathaniel Gorton representa un alivio migratorio temporal, pues protege a cientos de miles de trabajadores afectados hasta que el tribunal determine si se emitirá una suspensión a largo plazo, el próximo 5 de agosto
La decisión del juez de distrito Nathaniel Gorton representa un alivio migratorio temporal, pues protege a cientos de miles de trabajadores afectados hasta que el tribunal determine si se emitirá una suspensión a largo plazo, el próximo 5 de agosto

Un juez federal ha bloqueado temporalmente las gestiones del Gobierno de Estados Unidos para despojar de sus permisos de trabajo a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitantes de asilo, informó la cadena hispana Telemundo.
La decisión del juez de distrito Nathaniel Gorton representa un alivio migratorio temporal, pues protege a cientos de miles de trabajadores afectados hasta que el tribunal determine si se emitirá una suspensión a largo plazo, el próximo 5 de agosto.
La demanda fue promovida por una coalición de grupos de defensores de inmigrantes y sindicatos que exigieron bloquear los esfuerzos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) respecto a esta y otras medidas migratorias promulgadas el año pasado por el Congreso y firmadas por Trump, explicó la fuente.
En concreto, agrega, la Gran y Hermosa Ley de impuestos y gastos promulgada por Trump en julio de 2025 estableció por primera vez el cobro de tarifas para solicitar asilo en Estados Unidos y restringió la autorización de empleo para las personas con TPS.
De acuerdo con un reporte publicado por el medio La Voz de la Diáspora, este 22 de julio de 2026 concluye la validez de la extensión automática de los permisos de trabajo que USCIS otorgó a ciertos documentos que tenían como fecha de vencimiento original el 9 de marzo de 2025.
La publicación detalla que, hasta la fecha, la plataforma oficial de USCIS no registra información sobre una nueva extensión automática de los EAD ni ha emitido directrices adicionales para este grupo migratorio.
Esta falta de una resolución genera incertidumbre en aproximadamente 180,000 salvadoreños amparados bajo este programa humanitario, quienes dependen de una nueva disposición legal para dar continuidad a su autorización para trabajar de manera regular en los Estados Unidos.
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