El presidente derechista Nayib Bukele y su exitosa guerra contra las pandillas, iniciada en 2022, marcaron un antes y un después para la justicia en El Salvador, opina la abogada salvadoreña Roxana Cardona.

Pero bajo el régimen de excepción que ampara esa ofensiva, los abogados no pueden comunicarse con sus defendidos ni tienen acceso oportuno a los expedientes, lo que dificulta preparar la defensa, detalló Cardona.

Entre las más de 92.000 personas encarceladas desde 2022, sin que mediara orden judicial, miles son inocentes, según oenegés.

Estado, juez y parte

Las restricciones alcanzan incluso a presos de alto perfil como la abogada Ruth López, cuyo defensor no puede visitarla con regularidad. Fue detenida hace un año tras denunciar supuestos casos de corrupción en el gobierno de Bukele y violación de derechos humanos. Un mes después fue detenido el abogado constitucionalista y columnista de El Diario de Hoy, Salvador Enrique Anaya, tras denunciar intensamente en las redes sociales la captura de su colega.

«Por miedo al régimen de excepción, los testigos no quieren colaborarnos con pruebas a favor de nuestros clientes», comentó a la AFP un abogado privado que refiere el despido de cientos de defensores públicos y un creciente abandono de casos.

Omite su nombre pues, al ser reservados estos procesos bajo el estado de excepción, puede terminar preso. 

Desesperado por la falta de avances para demostrar que su hijo «no es pandillero», el padre ha cambiado de apoderado tres veces en año y medio y no logra que acrediten al último.

«Me angustia que de un día para otro convoquen la audiencia y no tengamos quién lo defienda», declaró a la AFP.

En países como Venezuela, a estos tropiezos se suman «tratos degradantes, acoso, amenazas y estigmatización» por parte de funcionarios judiciales, según denuncias recopiladas por la oenegé Foro Penal, que representa a cientos de opositores presos.

La defensa de esos detenidos está extremadamente limitada en Cuba, donde los bufetes privados no existen y la demostración de su inocencia queda en manos del propio Estado.

En Nicaragua, La anulación masiva de permisos de trabajo para abogados en Nicaragua revela una purga de juristas incómodos al gobierno.