El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, puso el pie en el acelerador para restringir la permanencia legal de extranjeros al limitar el acceso a la llamada «tarjeta verde» («green card») y el tiempo en que estudiantes y periodistas extranjeros pueden permanecer en el país, entre otras cortapisas.

La Casa Blanca publicará esta semana en el Registro Federal dos reglas que se venían gestando desde el año pasado, en línea con las promesas hechas por el republicano para robustecer los controles migratorios.

El objetivo del Ejecutivo es reducir las oportunidades para los extranjeros de permanecer legalmente en el país, que quedan, en la mayoría de los casos, a discreción de los funcionarios de inmigración que revisan los casos.

Más condiciones para obtener la residencia permanente

El próximo 18 de septiembre entra en vigor una nueva norma que otorga a los funcionarios de inmigración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren que pueden ser «una carga pública» al obtener beneficios públicos.

Desde su primer gobierno (2017-2021), Trump vetó a los inmigrantes que hubieran solicitado asistencia social para alimentación, vivienda o cuidado de la salud, como el programa público Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), lo que dejó a muchos indocumentados que vivían en Estados Unidos sin posibilidad de optar por la residencia permanente.

La regla también se aplica a extranjeros que buscan la visa de inmigrante, que no puedan demostrar una solvencia económica para residir en el país sin obtener beneficios públicos.

La Casa Blanca ya había impuesto una medida para denegar visas de inmigrante a extranjeros con enfermedades crónicas, como cáncer y obesidad, bajo la premisa de que dichas personas podrían depender posteriormente de la salud pública.

A esto se suma el anuncio de mayo pasado que requiere a los indocumentados que buscan un ajuste de estatus hacerlo mediante el trámite consular en las embajadas estadounidenses de sus países de origen, lo que los obligaría a salir del país y enfrentar posibles inconvenientes antes de obtener la residencia permanente.

Menos tiempo de permanencia

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también anunció este jueves una regla que afecta los visados F (estudiantes universitarios), J (estudiantes de intercambio) e I (representantes extranjeros de medios de comunicación extranjeros) al reducir el tiempo de estadía legal.

Los titulares de visados F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada periodo de admisión, y los periodistas con visado I quedarán limitados a un máximo 240 días, con posibilidad de prórrogas; los periodistas con pasaporte de China enfrentarán un límite de un máximo 90 días.

Aunque el Gobierno estadounidense ha dado la posibilidad a los favorecidos por estas visas de solicitar extensiones de las mismas, los extranjeros tendrán que hacerlo de manera mucho más frecuente.

Hasta ahora, Estados Unidos otorgaba visados por la duración del programa de estudios a los alumnos y hasta de cinco años para periodistas.

El mandatario, además, ataca regularmente a los periodistas y a la cobertura de ciertos medios, a los que acusa de difundir noticias falsas.

La oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF) advirtió que la medida constituye una «violación directa» de la libertad de expresión y de prensa, y advirtió que podría «hacer extremadamente difícil, cuando no imposible, el funcionamiento de los medios internacionales en territorio estadounidense». 

La medida ya había sido propuesta el año pasado por el gobierno, lo que había dado inicio a una fase de consultas.

Para justificar su decisión, el Departamento de Seguridad Interior, que gestiona los flujos migratorios, apuntó a un «aumento significativo» en los últimos años del número de estudiantes y periodistas que se benefician de estos visados.

Esto «representa un desafío para la capacidad del Departamento de supervisar y controlar a estos no inmigrantes durante su estancia en Estados Unidos», agregó.

En 2024, el departamento registró más de 1,8 millones de entradas con visado de estudiante, un aumento del 11% con respecto al año anterior.

Las asociaciones de educación superior habían denunciado la propuesta de limitar las estadías de extranjeros como un obstáculo burocrático innecesario que disuadiría a estudiantes talentosos.

La campaña contra los inmigrantes

La Administración republicana argumentó que los cambios están dirigidos a reducir la población indocumentada.

En el caso de las visas, el DHS subrayó que muchos antiguos estudiantes de intercambio lograron permanecer en el país de manera ilegal tras la expiración de sus visados gracias a la laxitud del sistema actual, un argumento similar al esgrimido contra los estudiantes universitarios extranjeros.

En el caso de los indocumentados que buscan ajustar su estatus, el Gobierno busca cerrar la oportunidad a aquellos de bajos recursos y ponerlos en la mira de las deportaciones.

Los defensores de los inmigrantes advirtieron que las medidas aumentan la posibilidad de discriminar a los solicitantes.

En todos los procesos, el Ejecutivo ha instruido a los funcionarios migratorios a considerar todos los factores e información pertinentes caso por caso al determinar si un extranjero merece el alivio migratorio o la visa. 

EE.UU. restringirá visados a «miembros de grupos terroristas de extrema izquierda»

El Gobierno de EE.UU. anunció este jueves que restringirá la concesión de visados a «miembros de grupos terroristas de extrema izquierda», una decisión en línea con la agenda de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que en las últimas semanas redobló sus ataques contra un supuesto resurgir del comunismo dentro y fuera del país.

El anuncio se realizó en el marco de una reunión ministerial multilateral sobre terrorismo político celebrada hoy en Washington que ha presidido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En el encuentro, al que fueron invitados unos 60 países (aunque aún no se especificó cuáles), se abordó lo que la Administración Trump considera un resurgimiento internacional del «terrorismo político de extrema izquierda» en distintas partes del mundo.

Las restricciones anunciadas van dirigidas «a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo; apoyado actividades delictivas violentas; participado en sabotaje económico; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines», según un comunicado del Departamento de Estado.

El texto añadió que «esta política protegerá el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de otro modo a redes terroristas de extrema izquierda».

Las restricciones, que no se detallaron, afectan también «a redes violentas y delictivas afines» y busca cerrar sus «vías de acceso mediante visas que estos grupos explotan para amenazar vidas estadounidenses, socavar la estabilidad económica y coordinar acciones violentas en suelo estadounidense».

El documento tampoco específica el nombre de ningún grupo en concreto, aunque el Gobierno Trump ha puesto en la mira a Antifa (una organización que en realidad está muy descentralizada y que carece de jerarquía) y a grupos supuestamente afines en Europa, como los griegos Justicia Proletaria Armada y Autodefensa Revolucionaria de Clase o el alemán Antifa-Ost.