La detención del exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, que comenzó en junio de 2021, viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que debe ser puesto en libertad, concluyó un documento de expertos de la ONU.

Según la opinión redactada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, publicada este lunes aunque aprobada en su 105º periodo de sesiones de marzo y abril, Muyshondt debería ser puesto inmediatamente en libertad y tener derecho a una indemnización y otros tipos de reparación.

El documento, no vinculante o de obligatorio acatamiento, también insta al Gobierno salvadoreño a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del exalcalde, que gobernó la capital entre 2018 y 2021.

El grupo de trabajo de Naciones Unidas basa su decisión en circunstancias como la no notificación del delito del que se acusaba a Muyshondt cuando fue detenido, ya que las autoridades «no proporcionaron ninguna base legal para justificar la detención».

Los expertos también observaron que el entonces alcalde había sido detenido y acusado de nuevos cargos después de haber sido absuelto de otros en procesos anteriores, lo que sugiere una «detención en cadena sin base legal real».

También observaron irregularidades en la detención preventiva impuesta a Muyshondt, quien además permaneció desaparecido desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024.

Señalaron además que declaraciones realizadas por funcionarios públicos tras su detención «equivalieron a una declaración de culpabilidad de Muyshondt y a un prejuzgamiento de los hechos» para intentar convencer a la opinión pública de que el alcalde era culpable antes de que su caso fuera examinado por los tribunales.

Por otro lado, de acuerdo con la información recibida, el grupo considera que el exalcalde fue sometido a malos tratos e incluso tortura, «lo que comprometió su capacidad para ejercer su defensa».

En febrero de 2025, el exalcalde y también exdiputado de la Asamblea Legislativa, miembro de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes.

Siete meses después, en septiembre, recibió una nueva condena de 18 años de prisión por fraude electoral y agrupaciones ilícitas tras supuestamente negociar votos con las pandillas, en un proceso que también supuso duras penas para los exministros Benito Lara y Aristides Valencia, del Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).