Diversas organizaciones de derechos civiles y legales estadounidenses interpusieron una demanda colectiva ante la Corte Federal del Distrito Central de California contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido a presuntas vulneraciones graves a los derechos humanos. 

La acción judicial civil busca detener de forma urgente los aparentes abusos, negligencias médicas y malas condiciones sanitarias reportadas de manera sistemática dentro del Centro de Detención de Adelanto, un recinto carcelario ubicado en el estado de California y administrado de forma privada por una corporación transnacional.

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El abogado Salomón Zavala, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Ollin Law, con sede en Los Ángeles, California, brindó declaraciones sobre el tema al periódico salvadoreño Contrapunto.

Zavala confirmó que su institución, en representación de la Clínica Victimológica de Análisis a Violaciones a Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, presentó una petición jurídica de apoyo (amicus curiae) dentro del caso civil con el fin de robustecer los argumentos que exigen el cierre de dichas prácticas lesivas.

Muerte de internos y crisis en el centro Adelanto

El texto del litigio federal sostiene que las condiciones dentro de Adelanto ponen en riesgo previsible y evitable la vida de las personas extranjeras bajo custodia del gobierno estadounidense, quienes se encuentran recluidas por faltas administrativas de carácter civil y no por condenas penales o antecedentes criminales. 

Las denuncias formales detallan una aparente denegación sistemática de asistencia médica oportuna, provisión de alimentación adecuada, acceso a agua limpia y un trato mínimamente humano para la población interna.

Uno de los casos que encendió las alertas internacionales fue el reportado por una cadena de noticias internacional sobre el ciudadano mexicano José Guadalupe Ramos, de 52 años de edad y originario del estado de Guanajuato. 

Ramos fue arrestado en la localidad de Torrance y, un mes después, el 25 de marzo, fue hallado inconsciente en su celda por los guardias del centro de detención, siendo declarado muerto poco después en un hospital local. 

Esta defunción se suma a un patrón de al menos cuatro decesos recientes ocurridos en la misma infraestructura de Adelanto, vinculados a la desatención institucional y a fallas en los protocolos de prevención de autolesiones.

Impacto directo en la comunidad de El Salvador

A pesar de que las acciones de documentación técnica e interpretación legal iniciales se coordinaron con la academia mexicana, el abogado Salomón Zavala enfatizó a Contrapunto que esta problemática impactaría directamente a migrantes procedentes de la región centroamericana, incluyendo de El Salvador.

“Actualmente el enfoque principal de esta petición está relacionado con al menos cuatro fallecimientos recientes de personas mexicanas y por eso trabajamos junto a la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Pero también hay centroamericanos detenidos que sufren estas condiciones. Esta litigación también los incluye y afecta directamente a la comunidad centroamericana”, dijo el abogado a Contrapunto.

Ante este escenario, la representación legal del caso extendió una invitación formal para que las familias afectadas que residen en El Salvador se pongan en contacto con las organizaciones Ollin Law o Public Counsel. 

El objetivo primordial es recolectar testimonios directos, evidencias documentales y relatos de abusos institucionales que sirvan para blindar las audiencias en las cortes de los Estados Unidos y visibilizar la gravedad del sufrimiento innecesario al que son sometidos sus compatriotas.

“Estamos buscando más información de familiares y personas detenidas en Adelanto, especialmente casos de salvadoreños y centroamericanos. Toda esa información nos ayuda a fortalecer el caso. Pueden comunicarse con Ollin Law o con Public Counsel para denunciar lo que está ocurriendo y compartir detalles sobre las condiciones que enfrentan sus familiares. Esa información puede incorporarse a la litigación y eventualmente servir como testimonio”, señaló Zavala.

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Alianzas con la academia del país

El director de Ollin Law reveló el interés institucional de establecer vínculos formales de cooperación técnica con las principales universidades salvadoreñas. 

Esta iniciativa busca emular el modelo científico implementado con la Universidad de Guadalajara, iniciando coordinaciones para que académicos y estudiantes salvadoreños colaboren en el análisis pericial de las violaciones de derechos fundamentales.

La integración de la academia salvadoreña pretende robustecer el marco de argumentación basado en los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado norteamericano, demostrando ante los magistrados federales que el aislamiento prolongado y la denegación deliberada de tratamientos de salud mental constituyen, en circunstancias extremas, transgresiones directas a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Estatus actual y medidas provisionales

El proceso jurídico se encuentra en una fase crucial de resolución ante la jueza federal encargada de la causa en el Tribunal del Distrito Central de California. 

Las organizaciones civiles demandantes presentaron una solicitud urgente de medida cautelar preliminar (Preliminary Injunction) con el fin de detener de inmediato las prácticas lesivas de aislamiento y obligar a ICE a cumplir con las normas de atención básica.

De otorgarse esta orden judicial restrictiva, la corporación contratista privada estará obligada de manera legal a restituir la atención a las personas detenidas.

Investigación

Una investigación de una agencia de noticias determinó que al menos 10 detenidos, todos de sexo masculino, presuntamente se han suicidado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2025. 

El informe detalla que el personal de diversos centros de detención —operados por contratistas privados así como por cárceles de condados asociados— ignoró señales de angustia, postergó tratamientos de salud mental y falló en la supervisión de reclusos en riesgo.

Entre los casos documentados destaca el de Brayan Rayo Garzón, un veterano del ejército colombiano de 26 años, quien presuntamente se quitó la vida en una celda de aislamiento en Missouri tras solicitarle repetidamente al personal comunicarse con su madre.