Los procesados ofrecieron llevar a dos víctimas hacia Estados Unidos a cambio de $8,000, pero fueron detenidas y deportadas desde México
Los procesados ofrecieron llevar a dos víctimas hacia Estados Unidos a cambio de $8,000, pero fueron detenidas y deportadas desde México

Dos hombres y una mujer, vinculados a una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas, fueron condenadas a ocho años de prisión por su participación en el traslado irregular de migrantes hacia Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los sentenciados son Walter Neftalí Osorto, quien permanece ausente; Hilda del Carmen Olivares y Jaime Elenilson Ramírez Silva, quienes enfrentaron el juicio de manera presencial.
Según la investigación fiscal, Osorto lideraba la organización criminal, mientras que Olivares se encargaba de captar personas interesadas en migrar de forma irregular hacia Estados Unidos. Por su parte, Ramírez Silva tenía la función de guiar y albergar a las víctimas debido a que residía cerca de un punto fronterizo no habilitado en Ahuachapán.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2020, cuando Olivares contactó a la madre de las víctimas y le ofreció gestionar el viaje de sus hijos hacia Estados Unidos por un costo de $8,000. La mujer aceptó la propuesta y realizó el pago acordado.
De acuerdo con la acusación, los imputados lograron trasladar a las víctimas hasta territorio mexicano, donde fueron alojadas temporalmente. Sin embargo, las autoridades de ese país las localizaron, detuvieron y posteriormente las deportaron.
La Fiscalía señaló que los ahora condenados formaban parte de una estructura integrada por 54 personas que previamente fue procesada por tráfico ilegal de personas. En una primera etapa judicial, los tres acusados fueron absueltos; no obstante, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación y logró que se ordenara la realización de un nuevo juicio.
Durante la nueva vista pública, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía y concluyó que existían suficientes elementos para establecer la responsabilidad penal de los acusados.
Como resultado, el tribunal impuso una condena de ocho años de prisión para cada uno de los procesados por el delito de tráfico ilegal de personas.
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