La prórroga de la ley busca aliviar el bolsillo de los hogares salvadoreños.
Foto EDH/ Archivo
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa dio luz verde este lunes 25 de mayo de 2026 al dictamen favorable número 221.
Este dictamen busca prorrogar por un año más —hasta el 31 de mayo de 2027— los efectos de la Ley Especial y Transitoria para la Estabilización de los Precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
La iniciativa, promovida por el presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo blindar el bolsillo de las familias salvadoreñas y de los microexportadores frente a las constantes alzas y la volatilidad del mercado energético internacional.
Pese al aval de la comisión parlamentaria, la continuidad formal de este beneficio estatal no está completamente cerrada. El dictamen pasará ahora al pleno de la Asamblea Legislativa, donde deberá ser discutido y aprobado de manera definitiva por los diputados en la próxima Sesión Plenaria para convertirse en decreto de la República.
¿Cómo funciona el subsidio y cuándo se activa?
De acuerdo con la explicación técnica brindada ante los legisladores por el Director General de Subsidio del Ministerio de Hacienda, Juan Francisco Grande , la normativa legal establece un mecanismo transitorio que absorbe el impacto del encarecimiento internacional del crudo y sus derivados.
«Este mecanismo consiste en transferencias de subsidios dirigidas a los consumidores, pero que son canalizadas a través de las empresas envasadoras que comercializan el gas licuado de petróleo en cilindros portátiles», detalló Grande.
El subsidio estatal se activa de forma automática en el momento en que los precios reales del mercado internacional superan los precios máximos de referencia fijados por la autoridad competente de El Salvador. De esta manera, el Gobierno absorbe la diferencia financiera para que el incremento no se traslade al consumidor final.
Entre los factores exógenos que justifican la extensión de la medida fiscal hasta 2027 se encuentran:
La alta volatilidad en el mercado energético global debido a conflictos geopolíticos.
Las fluctuaciones constantes en los precios internacionales del petróleo.
Alteraciones en la cadena de suministros mundiales provocadas por restricciones logísticas, aumentos en los fletes de transporte y tarifas arancelarias.
De aprobarse la prórroga en la Sesión Plenaria, los precios máximos de venta al consumidor en El Salvador se mantendrán fijos y estables de la siguiente manera:
El impacto real: Alerta por tendencia al alza
La urgencia de extender la vigencia de esta ley transitoria (cuyo vencimiento actual está programado para este próximo 31 de mayo de 2026) radica en una marcada tendencia inflacionaria detectada en el último bimestre.
El Ministerio de Hacienda alertó que entre los meses de marzo y abril de este año ya se registró un incremento real del 10% en el precio de mercado del gas.
Actualmente, ese incremento del 10% no ha sido percibido por la población debido a que el Estado ha venido sosteniendo la carga financiera, una tendencia que se prevé que continúe de la misma manera durante mayo.
Las autoridades advirtieron que dejar caer la vigencia del decreto golpearía de forma inmediata la economía doméstica, elevando los costos de cocción de alimentos en los hogares salvadoreños.
Asimismo, se prevé un impacto adverso directo sobre miles de pequeños negocios de subsistencia, tales como comedores y pupuserías, lo que terminaría encareciendo la comida para la población en general.
