A pesar de que el Gobierno de El Salvador reformó la Constitución para no presentar diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), no puede abandonar unilateralmente ese organismo regional por más que quiera, advirtieron diputados del mismo.

La razón: el Tratado Constitutivo del Parlacen carece de una cláusula de denuncia (retiro) explícita, según explicaron a la agencia EFE.

El diputado guatemalteco Carlos Barreda subrayó las complejidades legales que impiden una separación expedita.

«Hay complicaciones por la forma en que se hizo el tratado constitutivo, que prácticamente deja amarrados a los países al Parlamento Centroamericano», explicó el legislador a EFE.

«Por eso entiendo que El Salvador lo que hizo fue eliminar un artículo de su Constitución para ya no elegir diputados, pero no se retira del Parlacen porque no puede», agregó.

La intención de un Estado miembro de retirarse unilateralmente del Parlacen, como El Salvador y ahora Nicaragua, es jurídicamente inviable y no tiene efecto automático, recalcaron las fuentes.

El régimen de Nicaragua anunció esta semana su intención de abandonar el organismo regional y otras instancias del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El Parlacen está actualmente integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, mientras que Costa Rica es el único país del istmo que no se ha adherido.

Este parlamento regional, que emite resoluciones y dictámenes consultivos y no vinculantes para los Estados miembros, es muy criticado en países como Panamá y El Salvador, que también intentaron, en 2009 y 2025, respectivamente, abandonarlo, argumentando que es inoperante y costoso.

En Panamá incluso se llegó a calificar al Parlacen de «cueva de ladrones» bajo señalamientos de que sirve para proteger la corrupción, pues la inmunidad que ofrece a sus diputados ha bloqueado procesos judiciales.

La notificación de retirada de Nicaragua, con fecha del 3 de octubre de 2026, fue enviada por la Cancillería de ese país a la Junta Directiva del Parlacen argumentando que el Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió «en ejercicio pleno de su soberanía» denunciar el Tratado Constitutivo del Parlacen y de otras instancias políticas regionales «con efecto inmediato».

La presidenta del Parlacen, diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, precisó que el texto fundador no contempla el retiro unilateral y aclaró que cualquier solicitud debe ser evaluada y aprobada por la Cumbre de Presidentes del SICA.

El SICA fue creado el 13 de diciembre de 1991 mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa, como un mecanismo para consolidar la paz y la democracia tras las guerras civiles que azotaron a la región en las décadas de 1970 y 1980, englobando además del Parlacen a entidades como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y los Consejos de Ministros regionales.

Crisis institucional

Más allá del cerrojo normativo, Gutiérrez y Barreda interpretan esta intención de salida de Managua como un reflejo de la profunda crisis política e institucional del bloque regional, agudizada por derivas autoritarias y tensiones geopolíticas.

Para Barreda, la postura del Gobierno de Ortega y Murillo responde a su creciente aislamiento tras ser cuestionado por violaciones a los derechos humanos, la suspensión de comicios y la persecución de opositores, además de las fricciones dentro del SICA por el nombramiento de sus representantes.

Según los entrevistados, los casos de Nicaragua y El Salvador debilitan el diálogo diplomático en un momento de paralización institucional, sin secretaría ejecutiva durante años y con la Corte Centroamericana de Justicia desintegrada.

«Ojalá que el espíritu de los grandes integracionistas recorra nuevamente la región para insertarnos en el mundo de manera unificada, porque así somos más fuertes; pero si instituciones como el Parlacen no se reforman, no tienen futuro», concluyó Barreda.