La ley en estudio define el papel del Ministerio de Hacienda, quien desempeñará una función clave en la evaluación de los riesgos fiscales y la sostenibilidad financiera de los proyectos, mediante la emisión de dictámenes que respalden su viabilidad antes de ser sometidos a aprobación legislativa
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa avanzó, este martes 19 de mayo, en el estudio del expediente número 608-4-2026-1, el cual contiene la iniciativa para aprobar la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) en El Salvador.
Esta propuesta normativa, enviada con iniciativa directa del presidente de la República pero canalizada por medio de la ministra de Turismo -encargada del despacho del Ministerio de Economía-, busca derogar la legislación vigente desde 2013 para sustituirla por un marco jurídico moderno, ágil y atractivo para los inversionistas internacionales, abriendo la puerta a concesiones de infraestructura y servicios públicos con plazos de ejecución de hasta 50 años.
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Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al ministro de Hacienda, Jerson Posada, y a su equipo técnico, quienes defendieron la necesidad de dinamizar los procedimientos de adjudicación, acortando los tiempos burocráticos sin perder el control fiscal y garantizando la rentabilidad social de los proyectos en el mediano y largo plazo.
El ministro de Hacienda explicó a la comisión que la ley de APP vigente, aprobada en el año 2013, ha resultado ser un instrumento sumamente lento y entrampado en procesos excesivamente burocráticos.
La propuesta actual pretende corregir estas deficiencias mediante contratos de largo plazo entre el Estado y agentes privados para dotar al país de la infraestructura necesaria para su crecimiento económico.
De acuerdo con el funcionario, los ejes rectores de la nueva normativa se basan en los siguientes principios:
Uno de los puntos clave del debate legislativo se centró en los cambios de control institucional.
El proyecto de ley contempla la eliminación de la Oficina Fiscalizadora de Alianzas Público Privadas (OFAT), un organismo que la ley actual contempla como un ente técnico e independiente encargado de supervisar la calidad de los servicios brindados a los usuarios.
En su lugar, todas las atribuciones de fiscalización y control de estos proyectos masivos pasarán a la Dirección de Asociaciones Público-Privadas, la cual estará completamente integrada a la estructura organizativa del Ministerio de Hacienda.
El titular de la cartera de Estado justificó esta unificación argumentando que el mejor lugar para velar por que no existan implicaciones fiscales de riesgo es, precisamente, el Ministerio de Hacienda.
Para mitigar las dudas sobre la imparcialidad del nuevo modelo, Posada aclaró:
«Esta dirección no será una institución adicional, sino una dirección que organizativamente pertenecerá al Ministerio de Hacienda, pero que lo más importante es que tendrá autonomía en sus actuaciones técnicas. Hago el símil con la Dirección de Impuestos Internos: el ministro no puede intervenir en sus actuaciones o fiscalizaciones técnicas. Lo mismo será con esta dirección».
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La centralización de funciones dentro del Ejecutivo generó debates dentro de la comisión.
La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, cuestionó la conveniencia técnica de disolver un contrapeso autónomo como la OFAT, especialmente en un contexto donde los contratos de las APP comprometerán fondos públicos y generarán obligaciones estatales por décadas.
«En El Salvador necesitamos inversión, infraestructura y crecimiento, y por eso necesitamos atraer inversión seria, con reglas claras y protección para el dinero público», señaló Ortiz, al tiempo que pidió explicaciones profundas sobre la justificación de concentrar tal volumen de facultades de supervisión en una oficina dependiente de Hacienda, eliminando la vigilancia externa independiente del nivel de servicio.
La comisión legislativa mantendrá abierto el estudio de la ley y continuará con la recepción de invitados técnicos en las próximas jornadas antes de emitir un dictamen definitivo que sea trasladado al pleno del parlamento salvadoreño.
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