Actualmente, en muchos sitios se ha fortalecido el marco regulatorio de quienes mueven capitales: empresas, bancos, e incluso ONGs. La consecución de la transparencia y la prevención del lavado de dinero se ha facilitado por los avances informáticos y la posibilidad de cruzar información, de tal manera que todos, incluso las organizaciones sin fines de lucro están sometidas a estándares cada vez más exigentes.

Con una excepción: la transparencia de los gobiernos, de los partidos políticos, y de organizaciones gubernamentales que manejan fondos públicos. En esos casos, la cuestión es otra, pues eso que los teóricos de gestión pública defienden diciendo que “la obligación de todos los servidores públicos es dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una democracia” (Delmer D. Dunn dixit) queda más bien lejos de la realidad. Sobre todo cuando quien debería pedir cuentas (el público, la gente, los que pagan impuestos) no están interesados en pedirlas.

Como sea, mientras las empresas privadas evolucionaron hacia formas sofisticadas y eficientes de gestión no sólo del dinero, sino también de riesgos, muchos gobiernos y partidos políticos siguen funcionando bajo esquemas débiles de control.

Ya sea porque las instituciones controladoras están copadas por gente del partido a o b (que están en el gobierno o han pactado con el que tiene el poder); porque la opinión pública y los medios de comunicación no tienen el tema como prioritario, pues al público le interesa poco o nada la cuestión; o, simplemente, porque las personas que están al frente de las instituciones que deberían auditar las cuentas gubernamentales, no tienen capacidad técnica o ética para hacer su labor con profesionalidad.

Por esto no es de extrañar que en muchos países -especialmente en los que hay una tradición caudillista/presidencialista, o esquemas verticalistas de organización interna- sus gobiernos se hayan convertido en presa muy codiciada para el crimen organizado, ese que medra en la opacidad y huye de la transparencia.

Poco han tardado, los que actúan al margen de la ley, para comprender que la vía más eficiente para vivir tranquilos (y amasar pingües ganancias) no es ni la clandestinidad, ni la confrontación, sino la infiltración de las estructuras gubernamentales y/o las de los partidos políticos.

Financiamiento de campañas políticas, apoyo a proyectos gubernamentales específicos, influencia directa en la selección de candidatos a puestos públicos, corrupción de personas dentro del sistema judicial, están a la orden del día, pues -como el lector ya habrá colegido- es una vía directa para crecer no solo en plata (dinero), sino también en oro (poder).

Lo que puede parecer simplemente un mecanismo de enriquecimiento en el mediano plazo, termina siendo un golpe mortal en los tobillos de la sociedad. Y así, el derrumbamiento del Estado de Derecho, el colapso de las instituciones, la escasez de servicios y atención a los estratos más necesitados de la población, la impunidad, etc., ineludiblemente terminan por presentarse en sociedades corruptas o tomadas, como el matapalo, por el crimen organizado.

De tal modo que el riesgo inmediato de elecciones arregladas o fraudulentas, muchas veces tapan el peligro mediato del colapso ético y moral de una sociedad. Ninguna elección es legítima si está financiada por dinero fuera de la legalidad; ningún gobierno es capaz de ver por el bien común si toma posesión habiendo vendido al mejor postor su misma alma.

La pregunta importante no solo es quién gobierna, o cómo usa los dineros públicos, sino -súper importante- quién financia, quién influye y quién, al final del día, toma las decisiones.

Así mueren los gobiernos y las sociedades. Como el matapalo mata al árbol. Al principio vive de él y parece que solo es un parásito o un advenedizo, pero poco a poco lo va estrangulando hasta que impidiendo que pueda ver el sol, termina matándolo y muriendo con él.

Ingeniero/@carlosmayorare