Centros Judiciales indicó que el hombre condenado formaba parte de una estructura compuesta por 127 imputados, incluyendo cinco ranfleros nacionales
Centros Judiciales indicó que el hombre condenado formaba parte de una estructura compuesta por 127 imputados, incluyendo cinco ranfleros nacionales

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 260 años de prisión a Jaime Ulises Vega Guzmán (a) Siniestro, quien fue procesado por ocho casos de homicidio agravado y por el delito de organizaciones terroristas, en perjuicio de la seguridad del Estado, consignó un informe de Centros Judiciales.
Y agregó que también condenó a 140 años de prisión a Elías Adonis Quijano Merino (a) Baby de los Chorros, tras ser procesado por cuatro homicidios agravados y por organizaciones terroristas.
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A tres hombres que estaban identificados de ser “ranfleros nacionales”, el tribunal condenó a 20 años de prisión por organizaciones terroristas.
Y Melvin Adonay García Rivas, (a) Badboy de Lavas, y Valentin Cruz Castro (a) Necio, fueron condenados a 50 años de prisión por organizaciones terroristas y homicidio agravado.
Ambos ostentaban el rango de ranfleros nacionales.
“Asimismo, otros 120 pandilleros recibieron condenas que oscilan entre los 12 y 118 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, proposición y conspiración en homicidio agravado, posesión y tenencia y organizaciones terroristas. Todos eran miembros de la clica Teclas Locos Salvatruchos, del programa La Libertad, de la Mara Salvatrucha (MS-13)”, señaló el informe judicial.
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Además consignó que el juzgador indicó que no se trataba de una simple agrupación ilícita, sino de una organización criminal cuyo objetivo era infundir terror en la población y mantener el control territorial.
“Un testigo criteriado señaló que pretendían ‘el control del país’ y que ‘la Mara estaba en todos lados’; además, expresó que donde no podían llegar, tenían infiltrados. También mencionó que en ocasiones ambas pandillas se ponían de acuerdo para cometer ilícitos con el fin de obtener beneficios carcelarios, como ocurrió en el caso de la masacre de Opico”, indicó el informe.
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