El Día Mundial del Trabajo representa una oportunidad para analizar el panorama salvadoreño y la situación de la fuerza laboral en el país, la cual se caracteriza por la amplia cifra de informalidad que prevalece, lo que se suma a la poca cobertura de seguridad social y previsional.

Por ejemplo, el estudio actuarial sobre el sistema de pensiones, que presentó el gobierno a finales del año pasado, da cuenta sobre la baja cobertura que el sistema previsional mantiene. Por ejemplo, solo un 36% de las personas afiliadas a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) cotizó durante los 12 meses del año 2024, algo que denota que hay una densidad muy baja en la cobertura y una cantidad baja de trabajadores que ahorran para su jubilación.

Esto deja a la gran mayoría a la deriva en este tema, lo que implica que no hay garantías de que, en su vejez, los trabajadores puedan contar con un sostén económico de este tipo.

Asimismo, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) refleja que hasta un 38.3% de los trabajadores del área urbana se encuentra en la informalidad en relación con su actividad económica. No obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) apunta que el porcentaje total de trabajadores en esta condición asciende al 70%, ya que considera como trabajo informal el no tener la cobertura de las AFP o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Según la Encuesta de Hogares, hasta un 61.2% de la población ocupada (empleados del sector formal o informal) no está bajo la cobertura de ningún sistema de seguridad social, como lo podría ser el ISSS o las AFP.

Esto último, de hecho, se relaciona con otro indicador como lo es el subempleo. De acuerdo con los mismos datos del BCR, el 33.5% de la Población Económicamente Activa del área urbana se encuentra en situación de subempleo y gana menos del salario mínimo, lo que implica que no logran cubrir las 40 horas semanales de trabajo o, si las cumplen, no reciben una retribución salarial acorde a las horas trabajadas.

Los salarios, el otro reto del sector

En cifras, la EHPM de 2025 arroja que en el país hasta un 84.1% de los trabajadores ganan, en promedio, menos de $435 al mes, una cifra que, aunque es superior al salario mínimo vigente para el sector comercio ($408) se mantiene relativamente baja si la contrastamos con el alto costo de la vida y, sobre todo, de los alimentos.

Dentro de ese gran total, los aspectos que marcan la diferencia entre los salarios son los años de estudio, pues según la publicación, las personas con menos años estudiados son las que menos ingresos obtienen por cada mes de trabajo.

Por ejemplo, del total de población ocupada, que equivale a 2.98 millones de salvadoreños que poseen un trabajo ya sea formal o informal, un 10.2% tiene entre 1 a 3 años de estudios, promediando un salario mensual de $300, mientras que aquel grupo de salvadoreños que no tienen ningún año de estudio, y que corresponden al 7.2% de la población, promedian salarios de $252.11 mensuales.

Con respecto a esto, una investigación en 2025 por la investigadora Saira Barrera, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), señala que el salario mínimo en el país no ha sido suficiente para absorber los aumentos en el precio de la Canasta Básica de los últimos años, al mismo tiempo que esta es la principal limitante para que las familias puedan superar el umbral de la pobreza relativa.

La pobreza relativa, en tanto, es un indicador que se mide según la capacidad que tiene una familia para adquirir la Canasta Básica Alimentaria ampliada, la cual equivale a dos veces el precio de la canasta simple. En este sentido, si en el sector urbano la CBA simple tiene un costo de $254.64, la versión ampliada asciende a los $509.28, algo que implica que más del 84% de los trabajadores del país no tienen la capacidad para asumir este costo.

La situación es más difícil para aquellas familias que se sostienen de un solo salario, por lo que la investigación de Barrera, titulada Trabajar al máximo y vivir al mínimo: el salario mínimo en El Salvador, considera que es necesario “que se realicen ajustes que conduzcan a que el salario mínimo cumpla con el mandato constitucional de garantizar la satisfacción de las necesidades de vivienda, alimentación, salud, educación, vestuario y transporte (cuando menos). Estos ajustes suponen que se establezcan indicadores que den seguimiento al costo de estos satisfactores específicos”.

En este sentido, también propone “que el Consejo Nacional del Salario Mínimo acuerde cuáles indicadores serán utilizados para monitorear aspectos como costo de la vida, productividad, dinámica económica general y sectorial, inflación, entre otros. La evolución de esos indicadores permitirá establecer la base mínima de ajuste a partir de la cual las fuerzas involucradas (organizaciones laborales, patronales y el Estado) puedan negociar”.

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