El principal implicado emitió más de 1,700 cheques durante cinco años con apoyo de cómplices que se hacían pasar por proveedores; casos recientes reflejan aumento de fraudes contra empresas en el país
El principal implicado emitió más de 1,700 cheques durante cinco años con apoyo de cómplices que se hacían pasar por proveedores; casos recientes reflejan aumento de fraudes contra empresas en el país

Un grupo de diez personas fue condenado por defraudar a una sociedad salvadoreña por un monto superior a $6.2 millones, dinero que ahora deberán reintegrar como parte de la responsabilidad civil impuesta por un tribunal.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el fraude se cometió entre 2011 y 2015 mediante la emisión irregular de cheques que eran cobrados por particulares que se hacían pasar por proveedores de la empresa afectada.
Las investigaciones señalan como principal responsable a Francisco Ernesto Garmendez Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar contable y tenía control de las finanzas de la sociedad. Aprovechando su cargo, emitió un total de 1,758 cheques que luego eran cobrados por terceros, quienes le entregaban el dinero a cambio de una comisión.
El caso salió a la luz tras una alerta interna que derivó en auditorías, las cuales evidenciaron un millonario desfalco y la existencia de cheques duplicados, así como pagos a empresas cuyos servicios ya habían sido cancelados previamente.
Con base en las pruebas presentadas por la FGR, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso condenas de prisión y ordenó la restitución del dinero sustraído.
En ese sentido, Garmendez Vásquez fue condenado a cinco años de cárcel y al pago de $2,936,607.12. Mientras que otros implicados recibieron penas de tres años o más, además de montos específicos a devolver.
Entre ellos figuran Víctor Antonio Martínez Cortez, condenado a reintegrar $49,497.62, y Nelson Rodolfo Ulloa, con $9,972.63. Asimismo, se dictaron condenas contra Orlando Oliverio Toledo Funes ($2,939,546.67), Gerson David Mena Sánchez ($118,786.54), Rosa Vilma Alvarado ($14,985.14), Saúl Carías Henríquez ($145,497.62), Josué Daniel Marinero Maravilla ($10,580.67) y Adalberto de Jesús Aguirre Rivera ($34,758.87).
Las autoridades detallaron que varios de los condenados se encuentran ausentes, por lo que se giraron órdenes de captura en su contra para que respondan ante la justicia.
Este caso se suma a otros hechos recientes que evidencian la vulnerabilidad de las empresas ante esquemas de estafa cada vez más sofisticados en El Salvador.
En 2025, la Fiscalía ordenó la captura de seis personas, incluidos altos cargos de una empresa, acusados de desviar cerca de $399,000 hacia cuentas personales bajo el argumento de supuestas inversiones, aprovechándose de su posición dentro de la organización.
Asimismo, las autoridades han advertido sobre el crecimiento de delitos informáticos y financieros. Solo en el último año, más de 500 personas fueron condenadas por diferentes modalidades de estafa, incluyendo casos que involucran estructuras organizadas y engaños a gran escala.
A nivel digital, investigaciones también han destapado redes que operan mediante engaños en línea, utilizando redes sociales y aplicaciones de mensajería.
Expertos en seguridad advierten que el auge del comercio electrónico y el manejo digital de finanzas ha incrementado los riesgos, con múltiples intentos de fraude, como el phishing, registrados en el país, lo que obliga a reforzar los controles internos y la verificación de transacciones en las empresas.
Las autoridades reiteraron el llamado a fortalecer los mecanismos de control financiero dentro de las compañías y a denunciar cualquier irregularidad para evitar pérdidas millonarias como las registradas en este caso.
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