El Salvador acumularía entre 10 y 11 meses sin recibir nuevos desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo vigente por $1,400 millones, debido a retrasos como la segunda revisión del programa, que aún no se ha completado y que estaba prevista originalmente para septiembre de 2025, o la propuesta de reforma al Sistema de Pensiones, prevista para el 10 de febrero pasado y que el gobierno aún no ha divulgado.

De acuerdo con el calendario oficial del acuerdo, el país recibió un primer desembolso en febrero de 2025 tras la aprobación del programa, y un segundo en mayo del mismo año, vinculado a la finalización de la primera revisión, sin embargo, ese habría sido el último desembolso que hizo el organismo multilateral debido a que es el mismo calendario el que estipula que los desembolsos están sujetos a la finalización de cada revisión.

Puntualmente, en la tabla de programación se establece que cada tramo se libera tras la “finalización de la revisión correspondiente y el cumplimiento de los criterios de desempeño”, lo que fija una relación directa entre las evaluaciones y el acceso a los recursos y, de hecho, para marzo de 2026 ya tendría que haberse completado una tercera revisión del programa, así como su respectivo desembolso.

Para septiembre de 2025, el FMI tuvo que haber desembolsado hasta 86.16 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), los cuales son un tipo de activo creado por el Fondo y que, a abril de 2026, equivalen a unos $117.9 millones (dólares). Para marzo, el dinero que el país habría obtenido, si se completaba la tercera revisión, equivale a unos $157.2 millones.

Bajo este esquema, la falta de avances en la segunda revisión ha implicado que el país no reciba esos fondos desde mayo de 2025, lo que estaría rompiendo el ritmo previsto en el cronograma original que se estableció en el marco del Programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).

El FMI, por su parte, confirmó a El Diario de Hoy a finales de marzo que las negociaciones con el gobierno salvadoreño continúan, pero sin detallar fechas exactas para la conclusión de la siguiente evaluación. El organismo también indicó que las discusiones siguen centradas en temas como el ajuste fiscal, las reformas estructurales y la transparencia, pero tampoco confirmó si se han detenido los desembolsos.

Economistas han explicado anteriormente que estos atrasos en el avance del programa podrían poner en riesgo que el acuerdo continúe ya que, técnicamente, el no cumplimiento de las condiciones y compromisos adquiridos al momento de las negociaciones podrían derivar en una ruptura.

Aún así, el economista Rafael Lemus explicó recientemente que este incumplimiento no necesariamente se traduce en una ruptura del acuerdo, pues para darlo por terminado se requeriría una comunicación oficial del organismo. Sin embargo, señaló que el hecho de que las evaluaciones no se cumplan en tiempo ya envía señales que los inversionistas suelen interpretar con cautela, sobre todo en un contexto en el que el país depende del financiamiento externo.

¿Pero por qué es importante que el acuerdo continúe? Luego del desplome de indicadores como el riesgo país en 2022, o la caída en la calificación crediticia salvadoreña, un acuerdo con el FMI significa un aval para las finanzas públicas, lo que se traduce en que el país actualmente está mejor posicionado para poder adquirir deuda internacional y financiar proyectos de interés en el territorio, todo gracias al respaldo que otorga.

Asimismo, en términos más palpables, el acuerdo con el FMI incide directamente en el desempeño del eurobono que el gobierno salvadoreño emitió en 2024, y el cual se colocó en el mercado bajo la condición de alcanzar dicho acuerdo con el organismo.

Si el acuerdo se rompe, este bono de $1,000 millones, pagadero a 2030, se volvería aún más caro y el gobierno tendría que pagarle a los inversionistas hasta $132 millones más debido a la tasa condicionada bajo la que se emitió hace dos años: 9.25% de interés anual con el acuerdo, o 13.25% si no se logra completar.

En la situación financiera actual del país, el pagar mayores cantidades en concepto de intereses por deuda añade más presiones sobre las cuentas estatales, por lo que es necesario que el acuerdo con el FMI se mantenga, sobre todo porque las condiciones y los compromisos, en sí mismos, están enfocados en sanear distintas áreas relacionadas con la situación fiscal salvadoreña.