Por ambos delitos se impusieron las penas máximas previstas en la ley, al establecerse que el condenado se aprovechó de una relación de confianza y de la condición de vulnerabilidad de la víctima para cometer los hechos.
Por ambos delitos se impusieron las penas máximas previstas en la ley, al establecerse que el condenado se aprovechó de una relación de confianza y de la condición de vulnerabilidad de la víctima para cometer los hechos.


Edwin Antonio Cáceres Ramírez fue condenado a 75 años de prisión por feminicidio agravado (50 años) y desaparición de personas (25 años), ambos en perjuicio de una activista de la Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), informó Centros Judiciales de El Salvador.
La pena le fue impuesta por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de Santa Ana, quien además le ordenó el pago de daños y perjuicios a la familia por un monto que no se especificó. El tribunal ordenó también que la familia reciba atención sicológica.
Por ambos delitos se impusieron las penas máximas previstas en la ley, al establecerse que el condenado se aprovechó de una relación de confianza y de la condición de vulnerabilidad de la víctima para cometer los hechos.
El imputado se encuentra prófugo, por lo que cual ha sido declarado «rebelde» y se ratificó la orden de captura.
Según Centros Judiciales, la víctima fue asesinada el 19 de marzo de 2024. Su cuerpo fue localizado el 27 de marzo en un cañal del distrito de San Julián, en Sonsonate Este. La autopsia determinó que presentaba un traumatismo contuso en el cráneo.
En este caso también fueron procesadas tres personas por el delito de encubrimiento, pero en audiencia especial previa celebrada en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, y a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), se les otorgó la suspensión condicional del procedimiento por un año, período durante el cual deberán cumplir reglas de conducta bajo supervisión judicial.
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