CIDH da 30 días al Estado para informar sobre deportado encarcelado
El representante legal de uno de los 11 deportados desde EE.UU. envió un escrito al organismo internacional luego de que instituciones del Estado salvadoreño no brindaran información sobre el habeas corpus presentado
Su familia tiene claro que lo único que desea saber en cuál cárcel puede estar Irvin, y qué proceso realizar para poder reencontrarse con él como muchos deportados regresan al país para reencontrarse con su familia. Foto EDH/Emerson Del Cid
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio al Estado salvadoreño un plazo de 30 días para que se pronuncie sobre un nuevo escrito enviado por el representante legal de Irvin Quintanilla, un joven salvadoreño que fue deportado desde Estados Unidos el 15 de marzo de 2025 junto a más de 200 venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
La CIDH confirmó el pasado 19 de marzo de 2026 que recibió información por parte del representante de Irvin, quien hasta la fecha sigue sin comunicarse con su familia y se encuentra recluido en un centro penal en Santa Ana.
En la respuesta de la Comisión, a la que tuvo acceso El Diario de Hoy, notifican que informaron al Estado sobre este nuevo escrito: “Cumplo con acusar recibo de sus comunicaciones registradas al día de la fecha y notificar que estas han sido trasladadas al Estado a fin de que aporte sus observaciones en un plazo de 30 días, contados a partir del día de transmisión de esta comunicación”.
El escrito presentado por el abogado Dennis Muñoz es en referencia al hábeas corpus concedido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los magistrados en su resolución del 3 de diciembre de 2025 requirieron al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; al director general de Centros Penales, Osiris Luna y al director del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana para que rindieran informes sobre la situación de Irvin.
Sin embargo, luego de transcurridos más de tres meses el abogado reconoció a la CIDH que no ha recibido ninguna notificación del trámite constitucional ordenado por la Corte.
En el último escrito enviado a la CSJ, Muñoz externó que existe interés de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que el 3 de octubre de 2025 otorgaron medidas cautelares a favor de Quintanilla, “tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en El Salvador”.
Irvin fue capturado en diciembre de 2024 en Texas. Estuvo detenido durante tres meses que le habían impuesto y unos días antes de finalizar su castigo, migración de Estados Unidos para deportarlo. Irvin dijo que sí firmaría la deportación. Foto EDH/Cortesía
Los cinco magistrados de la Sala Constitucional consideraron en diciembre pasado que es necesario realizar gestiones para verificar lo reclamado en la demanda de hábeas corpus y por ello nombraron a un juez ejecutor, que tendrá la función de “intimar” a las autoridades a las que se les atribuyen las vulneraciones.
“Las autoridades demandadas tienen la obligación de responder íntegramente a los requerimientos del solicitante, lo cual permitirá otorgar una adecuada tutela constitucional”, describieron los magistrados.
Además, añadieron que la persona delegada deberá documentar y comunicar “cualquier obstáculo que se presente en el desarrollo de la labor encomendada”.
La persona nombrada por la Sala de lo Constitucional deberá verificar en los expedientes administrativos o penitenciarios de Irvin Quintanilla si existe requerimiento fiscal en su contra por parte de la Fiscalía, la autoridad judicial donde fue presentado y el delito, si es que existiera.
Fuentes vinculadas al caso consideran que el país no tiene argumento ni causa legal para tener privado de libertad a Irvin Quintanilla, “a pesar que a nivel nacional e internacional en primer plano tiene tanto el Habeas Corpus a su favor como las medidas cautelares emitidas oportunamente por la Comisión interamericana de derechos humanos”, consideró la fuente que pidió no ser identificada.
Añadió que ante el incumplimiento de un procedimiento legal y al mantener detenido ilegal y arbitrariamente a Irvin supone que El Salvador podría quedar “como un flagrante violador de derechos humanos ante el mundo”.
El caso
En 2016, cuando Irvin Quintanilla, tenía 14 años, pandilleros le exigieron que ingresara a la Mara Salvatrucha (MS-13) y lo amenazaron con asesinarlo a él o a su familia. Su madre Sonia García decidió huir y se lo llevó, junto a sus otros dos hijos, a Estados Unidos (EE.UU.)
En abril de 2025, nueve años después, la familia regresó a El Salvador en busca de Irvin, quien supuestamente está recluido en una cárcel del país. Felicita del Carmen, tía del joven, fue quien se encargó de buscarlo desde que fue deportado.
Cuando la familia Quintanilla migró a Estados Unidos en 2016 estaba conformada por cuatro miembros. Irvin (de azul a la izquierda) tenía 15 años. Foto EDH/Cortesía
Irvin Jeovanny Quintanilla García cumplió 24 años el pasado 30 de noviembre y, según su familia, fue deportado en marzo pasado en el vuelo en el que venían 252 venezolanos, y una veintena de salvadoreños deportados desde Estados Unidos.
Irvin fue detenido el 13 de diciembre de 2024 en Estados Unidos, luego de que agentes le encontraron dos porciones de marihuana y, según su familia, lo castigaron por tres meses.
La madre de Irvin recuerda que cuando faltaban tres días para cumplir el castigo llegó Migración, lo recogió y se lo llevó.
Sin embargo, Irvin no era deportado porque necesitaba una partida de nacimiento que hiciera constar su país de origen. Pero desde el 9 de marzo ya no supieron nada de él.
A Sonia no le importó todo lo que habían logrado luego de nueve años de vivir en el país norteamericano y decidieron con su esposo regresar a El Salvador a buscar a Irvin.
Desaparición forzada de deportados
La organización Human Rights Watch (HRW) afirmó recientemente en un informe publicado el pasado 16 de marzo que El Salvador ha sometido a desaparición forzada y ha detenido arbitrariamente a salvadoreños deportados de Estados Unidos.
HRW documentó los casos de 11 salvadoreños que fueron deportados a partir del 15 de marzo de 2025 y que fueron detenidos en el país sin que hasta la fecha ni autoridades estadounidenses ni salvadoreñas hayan informado de las causas penales en contra de estos salvadoreños que les amerite la prisión. Irvin Quintanilla está entre dichos casos.
Fotografía de salvadoreños deportados de Estados Unidos hacia El Salvador. E esta se observan a tres de los deportados y lo poco que han conocido algunos familiares es por videos difundidos en redes en los que aparecen sus parientes. Foto/ Cortesía
“Independientemente de los antecedentes penales de estos salvadoreños, tienen derecho a un juicio justo y a comparecer ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde se encuentran recluidos y por qué”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Para la investigación, la organización contó con el relato de 20 familiares y abogados de los 11 salvadoreños deportados y encarcelados entre el 15 de marzo y mediados de octubre de 2025.
“Al igual que la mayoría de los detenidos en El Salvador, a estos hombres no se les ha permitido comunicarse con sus familiares ni con sus abogados”, afirmó la organización en su informe.
La madre de Irvin Quintanilla, uno de los deportados, manifestó a El Diario de Hoy que su hijo no tiene derecho a visitas ni a que le pasen paquete ni tampoco depósito en las tiendas penitenciarias.
“Al abogado le dijeron que no tiene derecho a nada allá adentro, que todo lo tienen ahí, que no tenemos por qué llevarle paquete ni nada por el estilo que no les falta nada, que tienen comida, que son supervisados por doctores, que todo está bien ahí con ellos”, aseguró la madre del joven deportado.
“Por eso no permiten que les llevemos paquete a ellos ni tampoco al saber 100% si en verdad él está ahí, eso es lo que sabemos, de ahí nadie volvió a decir nada sobre el caso de ellos”, añadió.
Según el informe de HRW, ningún familiar ni abogado de los 11 deportados ha recibido notificación de las autoridades salvadoreñas de que hayan sido presentados ante un juez desde su llegada al país.
“A algunos no se les ha informado dónde se encuentran sus seres queridos ni por qué fueron detenidos. En cinco casos, los familiares solo pudieron conocer el paradero de los deportados a través de litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, sostiene la organización HRH.
Otro de los datos revelados por Human Rights Watch es que de los casi 9,000 salvadoreños deportados al país desde enero de 2025, solamente el 10.5% ya había recibido una condena en Estados Unidos por un delito “violento o potencialmente violento”
“Los familiares de diez de los detenidos dijeron que habían cumplido condenas en Estados Unidos: algunos por posesión de drogas, uno por homicidio y uno por agresión sexual”, informó HRW.
El 15 de marzo de 2025, el mismo día que fue deportado Quintanilla, las autoridades estadounidenses deportaron a otros 22 salvadoreños a El Salvador, entre ellos Kilmar Ábrego García, quien, según la administración Trump, fue deportado debido a un “error administrativo”.
Su caso significó una causa legal contra la administración de Trump por deportarlo cuando tenía medidas de protección.
Hasta la fecha, las autoridades salvadoreñas no han aclarado la base legal de la detención de los deportados ni si serán presentados ante un juez. En el caso de Irvin, los magistrados de la Sala de lo Constitucional solicitaron a las autoridades que informen sobre la situación jurídica del joven salvadoreño.
“En algunos casos, el gobierno salvadoreño informó a la CIDH que había solicitado información a Estados Unidos y que los hombres permanecían en el sistema penitenciario salvadoreño a la espera de lo que dicho Estado remitente disponga respecto a su situación migratoria y legal”, detalló la organización internacional.
