Once salvadoreños deportados de EE.UU. hace un año aún sin ser llevados a tribunales, denuncia HRW
Human Rights Watch señala que las personas deportadas estaría en condiciones de desaparecidos mientras el gobierno no revele información de su paradero
Élmer Escobar es uno de los salvadoreños deportados de quien no se tiene información. Foto EDH / Miguel Lemus
Hace un año, varios salvadoreños fueron deportados de Estados Unidos junto con más de 200 venezolanos, acusados de supuestamente pertenecer a estructuras criminales y enviados directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
Pero hasta el momento ni autoridades estadounidenses ni salvadoreñas han informado de las causas penales en contra de 11 salvadoreños que les amerite la prisión, por lo que la organización Human Rights Watch (HRW) lo califica como “desaparición forzada” y detención arbitraria.
“Las autoridades salvadoreñas no han aclarado la base legal de la detención de los deportados ni si serán presentados ante un juez”, dice la organización.
En un comunicado divulgado este domingo, la organización sostuvo que ninguno de los familiares o abogados con los que ha tenido acercamiento ha recibido indicación alguna de las autoridades de que los hombres hayan sido llevados ante un juez desde su llegada al país.
“A algunos no se les ha informado dónde se encuentran sus seres queridos ni por qué fueron detenidos”, detalla.
“Independientemente de los antecedentes penales de estos salvadoreños, tienen derecho a un juicio justo y a comparecer ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde se encuentran recluidos y por qué”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
En cinco casos, los familiares solo pudieron conocer el paradero de los deportados a través de litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Human Rights Watch entrevistó a 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños que fueron deportados de Estados Unidos entre mediados de marzo y mediados de octubre de 2025 y luego detenidos inmediatamente en El Salvador. Al igual que la mayoría de los detenidos en El Salvador, a estos hombres no se les ha permitido comunicarse con sus familiares ni con sus abogados”, indica.
“La deportación no puede significar una desaparición forzada”, señaló Goebertus.
El 15 de marzo de 2025, las autoridades estadounidenses deportaron a 23 salvadoreños a El Salvador, entre ellos Kilmar Ábrego García, quien, según la administración Trump, fue deportado debido a un “error administrativo”.
Su caso significó una causa legal contra la administración de Trump por deportarlo cuando tenía medidas de protección.
El 14 de abril de 2025, la Casa Blanca publicó los nombres de otros 12 salvadoreños deportados, sin especificar cuándo fueron expulsados de EE.UU.
El 17 de julio, 404 Media publicó una lista filtrada de ciudadanos venezolanos y salvadoreños deportados a El Salvador. “Sin embargo, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han confirmado la autenticidad de la lista”, afirmó HRW.
El comunicado expone que los familiares intentaron localizarlos a través del Sistema Localización de Detenidos en Línea de ICE, pero no obtuvieron resultados. “Afirmaron que los funcionarios estadounidenses les dijeron que sus familiares habían sido deportados a El Salvador”, destaca.
Todos los familiares entrevistados por Human Rights Watch afirmaron que preguntaron a las autoridades salvadoreñas por el paradero de sus seres queridos y que estas se negaron a proporcionar información, alegando que “carecían de mandato legal” o que no tenían registro de ellos.
La CIDH emitió medidas de protección a favor de William, José y Brandon, tres de los salvadoreños deportados y encarcelados.
Foto/ Cortesía
En los dos casos llevados ante la CIDH, autoridades salvadoreñas ubicaron a las personas en penales de Santa Ana y el CECOT y la Comisión señaló que El Salvador debía revelar la situación jurídica de los detenidos, poner fin a su detención en régimen de incomunicación y tomar medidas para protegerlos.
En otros casos, familiares reconocieron a los deportados en videos que el mismo oficialismo divulgó, por lo que creen que se encuentran en el penal de Santa Ana y en el CECOT.
“Los tribunales salvadoreños también se han negado a proporcionar información. Los familiares y abogados de cinco de los deportados dijeron que presentaron recursos de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema en mayo, agosto y octubre de 2025. La Corte rechazó uno de los recursos, alegando la “falta de precisión de los argumentos fácticos”. No ha respondido a los demás”, señala HRW.
En algunos casos, el gobierno salvadoreño informó a la CIDH que había solicitado información a Estados Unidos y que los hombres permanecían en el sistema penitenciario salvadoreño “a la espera de lo que dicho Estado remitente disponga respecto a su situación migratoria y legal”. Es decir, tampoco aclaró que tengan alguna acusación formal en el país para que guarden prisión.
Mientras que otras instituciones en el país se negaron a brindar información a los familiares deportados alegando que se debe al régimen de excepción.
El Salvador 🇸🇻 | Desde marzo de 2025, autoridades salvadoreñas han sometido a desaparición forzada y detención arbitraria a salvadoreños deportados desde Estados Unidos.
Al menos 11 siguen incomunicados y sin haber sido presentados ante un juez.https://t.co/RgpnmSZQQa
