CIDH cuestiona al Gobierno sobre medidas de protección a Ruth López y Enrique Anaya
Representantes de organizaciones de derechos humanos cuestionaron que el régimen de excepción es utilizado para la persecución contra defensores de derechos en el país
Organizaciones informaron sobre el silencio histórico e impunidad frente a la violencia sexual y de género ocurrida durante el conflicto armado en El Salvador, dirigida de forma sistemática a mujeres, niñas y adolescentes. Señalaron falta de reconocimiento, investigación y reparaciones, y pidieron al Estado garantizar justicia para las sobrevivientes.
El Estado señaló una deuda histórica con las mujeres salvadoreñas y el compromiso de avanzar en acciones concretas de justicia, reparación y dignidad para las sobrevivientes de los horrores de la violencia sexual durante el conflicto armado. Ello, evitando la revictimización y sin perjuicio del tiempo transcurrido.
La CIDH destacó la gravedad, invisibilidad e impunidad de la violencia sexual sufrida por mujeres, niñas y adolescentes durante el conflicto armado. Subrayó la importancia de las reparaciones transformadoras y con enfoque Inter seccional para las sobrevivientes del pasado y el presente, y valoró el reconocimiento del Estado y su compromiso de investigar, sancionar y reparar estos crímenes.
Foto/ Cortesía @CIDH
El Gobierno salvadoreño fue cuestionado sobre la criminalización de defensores de derechos humanos en el marco del 195 periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Durante la audiencia pública celebrada en ciudad de Guatemala, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron que el régimen de excepción contra las pandillas, que suspende garantías judiciales y constitucionales de la población, ha sido utilizado en El Salvador para perseguir a defensores de derechos civiles.
El comisionado de la CIDH, José Luis Caballero, preguntó al gobierno salvadoreño sobre el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por ese organismo en septiembre de 2025 a favor de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, críticos del oficialismo actualmente detenidos.
La respuesta de Adriana Mira, vicecanciller de la República y representante del gobierno, fue que el Estado ha emitido de manera constante actualizaciones sobre el caso, pero no dio detalles, sino que le sugirió que busque la información: «De manera respetuosa le solicito que pueda solicitarlos dentro de la misma Comisión», dijo.
Human Rights Watch señaló en su informe que en 2025 se profundizó la represión contra defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, y menciona las capturas de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, realizadas en mayo y junio de 2025. | Foto EDH/Archivo
Durante la exposición de las organizaciones, la representante de Amnistía Internacional (AI), Irene Cuéllar, dijo que el régimen de excepción ha propiciado persecución contra defensoras de derechos civiles y que este ha sido un esquema «que busca inhibir la participación, desarticular procesos organizativos y castigar la protección de derechos humanos».
Agregó que existe una persecución penal y judicialización en contra de estas personas y que entre 2019 y 2025 diferentes organizaciones nacionales documentaron 174 casos de criminalización contra personas defensoras, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas.
«Solo en 2025 se registran al menos 55 casos de hostigamiento contra personas defensoras y periodistas, ese mismo año aumentaron en más del 150% las detenciones arbitrarias y judicializaciones contra mujeres defensoras en comparación con 2024», aseguró Cuéllar.
Advirtió que los casos de criminalización como el de la abogada de Cristosal, Ruth López; el del vocero de la organización UNIDEHC, Fidel Zavala, y los de otros líderes comunitarios, sindicalistas, defensoras de medio ambiente muestran «un patrón que trasciende situaciones individuales».
La abogada y activista de derechos humanos salvadoreña Ruth López es escoltada por la policía a una audiencia en el centro judicial Isidro Menéndez de San Salvador el 4 de junio de 2025. López fue arrestada el 18 de mayo y acusada de malversación de fondos estatales cuando trabajaba para un tribunal electoral hace una década. Crítica activa de la política anticrimen de Bukele, trabajó para una organización de derechos humanos que investigaba presunta corrupción estatal y asistía a venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador.
(Foto de Marvin RECINOS / AFP)
Amnistía Internacional cuestionó que en estos casos han aplicado condiciones propias del régimen de excepción que no guardan relación con los motivos que ha alegado el gobierno salvadoreño para imponerlo.
El régimen de excepción fue impuesto en marzo de 2022 para contener una ola de violencia pandilleril que causó 87 homicidios. Aunque los homicidios han ido a la baja, el régimen se ha matenido desde entonces. Sin embargo, en ese lapso aumentaron las denuncias de torturas y abusos en las cárceles, algo sobre lo que nunca se ha pronunciado la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
«Particularmente hemos documentado la utilización de tipos penales amplios y ambiguos, desnaturalizando la función del derecho penal y convirtiéndolo en un instrumento de control social», señaló Cuéllar.
Añadió que en el ámbito procesal se repiten irregularidades, por ejemplo, el uso automático de la detención provisional, las ampliaciones reiteradas a las fases de investigación, limitaciones a los expedientes judiciales y modificaciones de las imputaciones.
Desde las organizaciones señalan que estas prácticas erosionan la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable; además, a esto le suman las condiciones carcelarias de las personas defensoras, en las que han documentado hacinamiento, falta de atención médica adecuada y la incomunicación prolongada.
La vicecanciller afirmó que la labor de la defensa de derechos humanos no es criminalizada en el país, pero advirtió que ser defensor o defensora «puede ser una carta de inmunidad frente a conductas delictivas».
«Cuando el sistema de la administración de justicia inicia un proceso contra un individuo lo hace bajo indicios y hechos concretos de conductas delictivas, nunca por su rol social o tener una posición crítica. En El Salvador no se persiguen personas por sus ideas, se procesan conductas que infringen la ley», dijo.
El procurador general de la República, René Escobar, también rechazó que en el país exista criminalización de defensores de derechos humanos.
Organizaciones informaron sobre el silencio histórico e impunidad frente a la violencia sexual y de género ocurrida durante el conflicto armado en El Salvador, dirigida de forma sistemática a mujeres, niñas y adolescentes. Señalaron falta de reconocimiento, investigación y reparaciones, y pidieron al Estado garantizar justicia para las sobrevivientes.
El Estado señaló una deuda histórica con las mujeres salvadoreñas y el compromiso de avanzar en acciones concretas de justicia, reparación y dignidad para las sobrevivientes de los horrores de la violencia sexual durante el conflicto armado. Ello, evitando la revictimización y sin perjuicio del tiempo transcurrido.
La CIDH destacó la gravedad, invisibilidad e impunidad de la violencia sexual sufrida por mujeres, niñas y adolescentes durante el conflicto armado. Subrayó la importancia de las reparaciones transformadoras y con enfoque Inter seccional para las sobrevivientes del pasado y el presente, y valoró el reconocimiento del Estado y su compromiso de investigar, sancionar y reparar estos crímenes.
Foto/ Cortesía @CIDH
«El Estado no persigue personas por sus ideas o su posición crítica, las instituciones actúan cuando existen indicios sobre hechos concretos con relevancia penal, los cuales deben ser conocidos por las autoridades competentes bajo control judicial y con pleno respeto al debido proceso», aseguró.
El funcionario respaldó la postura del Gobierno al decir que la condición de defensor de derechos humanos «no puede interpretarse como una categoría de inmunidad frente a la ley. En El Salvador no se investigan posturas, se investigan hechos y se determinan responsabilidades cuando corresponde», dijo el funcionario que dirige la institución responsable de la defensa pública.
La relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, afirmó que en los últimos años ha observado un deterioro en el entorno para la defensa y promoción de los derechos humanos en El Salvador.
Lawlor cuestionó que Ruth López permaneció desaparecida por unas horas luego de ser capturada el 18 mayo de 2025. Cuando fue detenida se le acusó de «peculado» (desvío de fondos o bienes públicos), pero al ser acusada formalmente ante un tribunal, el 2 de junio de 2025, se cambió el delito a «enriquecimiento ilícito».
Los casos denunciados
La abogada de Cristosal, Zaira Navas, aseguró que han registrado un incremento de agresiones contra derechos humanos.
La organización presentó la semana pasada el Informe «El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador 2019-2025», que registra 245 casos de personas que habrían sido hostigadas y criminalizadas por motivos políticos.
El informe señala que los 245 casos registrados durante la investigación, incluyendo el de la abogada López, evidencian «la instrumentalización del sistema de justicia» y el ataque sistemático contra voces críticas.
«Se dice que en El Salvador hay transparencia, pero ¿por qué toda la información ha sido declarada bajo reserva? ¿Por qué los juicios de defensores y defensoras han sido declarados bajo reserva (ocultados)? ¿Por qué no hay un juicio público para Ruth López?», cuestionó Navas.
Además, citaron otros casos posible persecución, como el proceso penal en contra de los ambientalistas de Santa Marta, en Cabañas, donde fueron procesados cinco defensores del medio ambiente. También denunciaron el caso Floresta, en el que capturaron a Fidel Zavala y otros líderes comunitarios.
