Pareciera que los salvadoreños tenemos una vocación democrática excepcional, tanta como para adelantar las elecciones presidenciales que, en respeto a una tradición de largo rato, debieran haberse realizado en 2029. Pero no, nos interesan tanto, las disfrutamos tanto que las adelantamos. En realidad, los salvadoreños no tomamos esa decisión; lo hicieron unos cuantos iluminados en CAPRES, que luego pasaron la orden a sus delegados en la Asamblea Legislativa, esa que aprueba con dispensa de trámites y sin discusión todo lo que interesa al ejecutivo.

La justificación formal del cambio habla de eficiencia administrativa, ahorro de recursos públicos y en la conveniencia de sincronizar todas las elecciones, para evitar a los electores la “fatiga electoral”.; justamente por eso, eliminaron la segunda vuelta en las presidenciales. Tan considerados ellos, no solo nos ahorran dinero, sino que cuidan de que nos cansemos yendo tantas veces a votar. En realidad, esta medida, como otras (reducción del número de diputados, cambio de la fórmula para asignar los diputados, reelección presidencial indefinida), tienen como único objetivo favorecer los intereses políticos del partido en el poder; mejor dicho, de la familia en el poder. 

Tenemos una democracia sui géneris que se parece cada vez más a la satrapía Ortega-Murillo nicaragüense, que a la que ingenuamente imaginamos en los primeros años de la posguerra. La nuestra y la vecina serían perfecto laboratorio para que Robert Dahl nos mostrara lo que no es una democracia plena, la “poliarquía” que tan bien caracterizó. Realista y práctico como es, Dahl diferencia la democracia — formulación teórica ideal — de la poliarquía, que es el conjunto de instituciones funcionales que permiten que el sistema real se acerque lo más posible al ideal. En función de ello estableció siete rasgos imprescindibles para una poliarquía funcional: 1) funcionarios electos, 2) elecciones libres, imparciales y periódicas, 3) sufragio universal, 4) derecho a ocupar cargos públicos, 5) libertad de expresión, 6) acceso a información alternativa, y 7) autonomía asociativa. (Dahl: La democracia, Taurus, 1999).

En conjunto, todos estos requisitos garantizan que el poder político rote, sea limitado y respete los derechos individuales. Una somera revisión de cómo los planteamientos de Dahl aparecen en nuestra democracia puede darnos una idea de la calidad del juego que estamos jugando. Definitivamente elegimos funcionarios, que lo hagamos mal es otra cosa. Nuestras elecciones son periódicas — que no excluye alterar su orden —, que sean imparciales y libres ya es otra cosa. El actual TSE dista mucho de ser una instancia confiable y con suficiente grado de autonomía respecto al ejecutivo. Por los vientos que soplan, el régimen de excepción seguirá vigente en 2027; quiérase que no, eso coarta las libertades ciudadanas. Obviamente, el sufragio sigue siendo universal, nada que agregar. En teoría, los ciudadanos salvadoreños conservamos el derecho a ocupar cargos públicos, pero esto sigue estando amarrado a factores como pertenecer a un partido político y, sobre todo, a tener recursos económicos, algo cada vez más difícil, especialmente si se es de oposición. 

La libertad de expresión subsiste, golpeada y amenazada, pero subsiste. Cada día se impone más la autocensura. La gente tiene miedo de hablar, de expresar públicamente lo que piensa. Esto es grave; la autocensura tiene efectos más dañinos que la censura misma, pues afecta más a aquellos que se suponen tienen algo que decir y dejan de hacerlo por miedo. El problema anterior condiciona directamente el acceso a información alternativa, una cuestión clave para fortalecer el sistema democrático. Es bien sabido que el partido en el poder y sobre todo el presidente tienen muchos recursos comunicacionales para imponer sus ideas y puntos de vista. La ciudadanía necesita información proveniente de medios ajenos al poder e incluso críticos a él. De esta manera, tendríamos información diversa que nos ayude a formar un criterio propio, al menos eso dice la teoría. 

El gobierno esconde mucha información sobre la gestión pública. Tenemos una ley y un Instituto de Acceso a la Información pública que han sido castrados de forma ignominiosa. Peor aún, hay periodistas exiliados, algo que debiera preocupar a cualquier gobierno que se llame democrático. Por último, la autonomía asociativa se ha limitado, no por abierta prohibición, sino porque cada vez hay más obstáculos, piénsese la pérfida ley del 30% de impuesto establecido en la Ley de Agentes Extranjeros, con clara dedicatoria a potenciales críticos del gobierno.

Esta rápida revisión demuestra que nuestra democracia tiene serios problemas y el simple sentido común dirá que su calidad desmejorará más. Es claro que quienes detentan el poder político no están pensando en alternancia; por el contrario, asumen que permanecerán indefinidamente en él. Hasta hoy lo han logrado sin mayor problema, pero nada indica que esto deba ser así siempre. Sin embargo, tal y cómo se ha rediseñado el sistema electoral, una derrota del partido en el poder solo sería posible por un abrumador cambio en las preferencias del electorado. Algo que no es plausible concebir bajo las condiciones actuales: el gobierno tiene suficiente apoyo, ha reconfigurado el sistema para favorecerlo y — cosa no menos importante — no existe una oposición política en condiciones de retarlo. Este gobierno tiene muchos opositores, pero no constituyen oposición. 

Ya en las pasadas presidenciales quedó claro que, desde el inicio, la balanza estaba cargada a favor de Bukele y que la dispersión de la oposición lo favoreció. Si aprendiéramos del pasado, hubiéramos tomado nota y trabajado para corregir el problema. No se hizo y hasta hoy, todo parece indicar que la oposición tendrá las mismas dificultades: descrédito de los partidos, falta de liderazgos convocantes, arcas paupérrimas y lo que es peor: dispersión. Todos estos problemas son graves, y algunos difícilmente podrían resolverse en el corto plazo, excepto el último. Hay suficiente evidencia de la debilidad, lo lógico sería: estamos débiles, unámonos. Parece lógico, simple sentido común, pero ya sabemos que este no es tan común.

Los buenos tiempos de ARENA y del FMLN ya pasaron, ambos institutos hicieron un tímido mea culpas, pero no fueron más allá. Es evidente que sus cúpulas dirigentes han perdido imaginación y creatividad; siguen pensando la política y los procesos electorales con marcos mentales que ya no se ajustan a la realidad actual. Cuando intentan ser creativos, resultan patéticos. Solo así puede calificarse que Manuel Flores haya pretendido financiar su campaña electoral vendiendo “sopa de pata” los domingos, será folclórico, pero nada más. Incluso un político de más colmillo y astucia como José Luis Merino, que dicen las malas lenguas es quien dirige al FMLN tras bambalinas, parece sufrir una sequía de ideas. Así se colige de su último libro, donde hace un largo inventario de errores cometidos por la dirigencia del partido, da explicaciones que no estaba obligado a dar sobre su relación con Bukele, pero no propone nada para enrumbar al Frente. 

No conozco mucho sobre lo que acontece en ARENA, pero las cosas no andan mejor. VAMOS sigue dependiendo mucho del excelente trabajo de su uni-diputada, pero no ha crecido suficiente como para ser opción electoral. Pareciera que cada partido hace cálculos para la Asamblea y las alcaldías y asumen que la presidencia está fuera de su alcance. Individualmente no tienen posibilidades, ¿y si hacen una amplia alianza?, ¿por qué no intentarlo? Bukele confía en su popularidad. Pero trabaja diligentemente de cara a las elecciones. Solo así se explica el exabrupto de hacer que el MINED y el RPNN trabajen juntos para dotar de DUI a los chicos estudiantes, ignorando al TSE. El clan Bukele sigue cosechando los éxitos en el combate de las pandillas, pero los capitaliza a través del miedo.Paradójicamente, ese podría ser su punto débil. ¿Qué hará cuando el miedo pierda poder?

Historiador, Universidad de El Salvador