La Fiscalía General de la República (FGR) ha apelado ante una Cámara de San Vicente una vez más debido al fallo absolutorio del Juzgado de Sentencia de San Vicente a favor de los líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, de Cabañas.

El Ministerio Público solicita repetir el juicio y revertir el fallo absolutorio contra los cinco ambientalistas.

En septiembre de 2025, dicho Juzgado dictaminó la absolución penal para Teodoro Pacheco, Miguel Gámez, Pedro Rivas y Arturo Serrano, pero fueron condenados a una responsabilidad civil en abstracto para con la familia de la víctima de un homicidio perpetrado durante la época del conflicto armado salvadoreño (1980 – 1992) que la FGR les había imputado.

Esta fue la segunda ocasión que los acusados fueron absueltos, anteriormente, en noviembre de 2024, la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en esa ocasión los acusados fueron sobreseídos y se ordenó repetir el juicio.

Alejandro Laínez, Fidel Recinos, Saúl Agustín Rivas y Alejandro Sancho Castañeda fueron absueltos penalmente.

“Respecto a la responsabilidad civil a la que fueron condenados, hay que ser una aclaración: no es que haya existido prueba para acreditar la responsabilidad civil, sino que la ley establece que cuando una persona es condenada y es absuelta, tras una duda de parte del juez (si los imputados participaron en el hecho o no), la responsabilidad civil no queda a salvo”, señaló un de los abogados del caso, Élmer Huezo Zavaleta.

“La absolución penal fue por duda y cuando es por duda el fundamento jurídico deja abierta, por así decirlo, la responsabilidad civil. Pero no es que las dos cosas se excluyan”, añadió el abogado.

Organizaciones sociales que han dado apoyo a los líderes ambientalistas han considerado que el fallo, que incluye el elemento de condena civil, es calificado como “incoherente” y “absurdo”.

“¿Cómo es posible que sean absueltos penalmente, que quiere decir que no cometieron un delito, y se les obligue a pagar una condena civil?”, cuestionaron a inicios de febrero las organizaciones. “Para nosotros es totalmente condenable esta actitud”, dijo en ese momento Alfredo Leiva, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta.

Pese a este escenario, Huezo Zavaleta afirma que los imputados “confían en el sistema de justicia, que así como en dos juicios han sido declarados sobreseídos, esperan que la Cámaras va a confirmar nuevamente esas resoluciones”, menciona el abogado.

“Creemos que es injusto, porque si en el proceso penal no se logró establecer que había pruebas suficientes de su culpabilidad, entonces, obviamente, no pueden ser condenados por la responsabilidad civil”, comentó a inicios de febrero el abogado Luis Rivera.

Añadió que sería una forma de “persecución política” contra los ambientalistas de Santa Marta.

De acuerdo al defensor Huezo Zavaleta, aún no hay fecha para presentarse ante la Cámara de San Vicente.