Bajo el concepto de Audiencias Abiertas Únicas, en los que decenas de personas procesadas judicialmente pueden eventualmente ser sentenciadas forma masiva, dos tribunales antimafia dictaron condenas a acusados de integrar pandillas detenidos bajo el Régimen de Excepción.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó penas de entre 12 y 60 años contra 57 personas vinculadas una célula de la Mara Salvatrucha que operaba en Chalatenango.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) los acusados fueron procesados por organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas y tenencia o conducción ilegal de arma de fuego.

Los 57 procesados, según la acusación fiscal, son entre pandilleros y colaboradores de la MS que fueron capturados entre los años 2022 y 2023 y todos estuvieron presentes en la lectura del fallo condenatorio mediante conexión virtual desde diferentes presidios.

Por otra parte, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana sentenció a doce personas más acusadas de agrupaciones ilícitas y portación o conducción ilegal de arma de fuego.

Los acusados, sostuvo la Fiscalía, integraban una célula del Barrio 18 Sureños basada en Santa Ana. Estos fueron perfilados uno como cabecilla, nueve como pandilleros rasos y dos colaboradores.

José Ferman Martínez Chávez, perfilado como cabecilla, recibió una pena de 45 años de cárcel por agrupaciones ilícitas y testigos lo señalaron de estar detrás de asesinatos, extorsiones y secuestros. El resto recibieron penas de entre 20 y 45 años de prisión.

En agosto de 2025, la Asamblea Legislativa reformó la Ley Contra el Crimen Organizado para permitir que en una sola audiencia y bajo un mismo expediente de acusación, un alto número de sospechosos de pertenecer a una misma estructura criminal sean procesados y eventualmente sentenciados a prisión, dicha audiencia podrá pasar abierta hasta por dos años en los que la Fiscalía podrá agregar nuevas pruebas o nuevos imputados.

En los casi cuatro años de vigencia del Régimen de Excepción, que suspende derechos constitucionales a todos los ciudadanos salvadoreños, aproximadamente 91,000 personas han sido detenidas bajo estas disposiciones.