«Tenía 23 años trabajando en el Hospital Nacional Rosales, llevo tres años recibiendo hemodiálisis y me despidieron sin tomar en cuenta mi caso. Igual que a todos, solo me dieron un pedazo de cartulina con una raya en medio que decía indemnización y renuncia voluntaria», explicó María, parte de los más de 1,800 trabajadores del Hospital Rosales afectados por los despidos masivos efectuados en los últimos meses, hasta el cierre de 2025.

Un grupo de trabajadores de Salud despedidos acompañó la conferencia de prensa brindada ayer en el Colegio Médico por la Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud (CONADESA). Los representantes indicaron que los trabajadores afectados deben «iniciar una larga lucha legal» e incluso esperar hasta el año 2027 para recibir su compensación económica, debido a que estos fondos deben ser integrados al presupuesto del Ministerio de Salud del año actual.

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CONADESA exigió a las autoridades la instalación de una mesa de diálogo, así como un alto a la supresión de las plazas del personal que labora en el Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). 

«Si el Hospital Rosales ya no tiene presupuesto como hospital, no va responder, pero el Gobierno debe responder a las demandas de los trabajadores que fueron despedidos en el 2025», expresó Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD.

Los trabajadores de diferentes áreas de atención del hospital fueron suspendidos de sus cargos con un aviso verbal y sin notificación escrita el pasado 23 de diciembre.

La administración del Hospital Rosales giró un aviso informando que desde agosto del 2025 que fue aprobada la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, dicho hospital pasó a ser parte de dicha Red, una entidad descentralizada y autónoma, que no depende del Ministerio de Salud, sino de Casa Presidencial.

Por lo tanto «el Ministerio de Salud no tiene competencia para dar trámites a solicitudes de datos personales referidas al Hospital Nacional Rosales», indica dicho aviso. 

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Representantes del movimiento señalaron que tras los despidos buscaron información con las autoridades del Ministerio Salud y el Ministerio de Trabajo, pero los remitieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos. «Entre carteras de Estado se están pasando la bola y nadie se quiere responsabilizar de estos actos injustos».  CONADESA recalcó que estas medidas constituyen un «grave atropello a los derechos laborales, afectan la continuidad del servicio público de salud y generan desvalorización hacia quienes históricamente han sostenido el sistema de salud pública del país». 

Según el consolidado del Movimiento de Trabajadores Despedidos, en los últimos meses 3,500 personas fueron removidas del MINSAL, 1,800 de FOSALUD, 672 de ISSS y 1,800 en el despido masivo del Hospital Rosales.