La Asamblea Legislativa recibió la solicitud del gobierno central para disolver el Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), bajo el argumento de “optimizar” recursos del Estado.
“Declárase disuelta la entidad de derecho público denominada Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en adelante CONAIPD, creado en 2020, en consecuencia, procédase a su liquidación a más tardar en el plazo de seis meses”, define la propuesta enviada a la Comisión de Niñez e Integración Social.
De aprobarse la medida, a partir de su entrada en vigencia, las funciones y responsabilidades del CONAIPD contempladas en la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como otras relacionadas, serían transferidas al Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes (INABVE).
La disolución de ambas instituciones estaría a cargo de una comisión liquidadora, a la que le corresponderá la administración y representación legal del CONAIPD durante el plazo de la liquidación. Dicha comisión estará integrada por el presidente del CONAIPD o su delegado, el presidente de la Junta Directiva del INABVE o su delegado, y un representante del Ministerio de Hacienda.
Sus funciones serán hacer un inventario general de bienes y otro de los procesos judiciales y administrativos; formular y dar cumplimiento a un programa de trabajo para realizar la liquidación del CONAIPD y el traslado de las funciones y bienes al INABVE.
Todas las obligaciones derivadas del proceso de liquidación serán cubiertas por el CONAIPD, y en lo que no se logre cubrir en el plazo estipulado será responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Para cumplir lo anterior, el CONAIPD podrá solicitar los refuerzos presupuestarios correspondientes.
“Los incumplimientos de obligaciones laborales, contractuales, normativas, de entrega de productos o servicios, o de cualquier otra índole por parte del CONAIPD no serán transferidas al INABVE bajo ninguna circunstancia”, contempla la propuesta.
El CONAIPD se creó en El Salvador en 1993 como el ente rector para la atención y los derechos de las personas con discapacidad en el país. En 2020 se aprobó la nueva Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la cual se creó un nuevo CONAIPD que tendría más autonomía en su papel como ente rector.
Consejo del adulto mayor
En el caso de la propuesta de la disolución del Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), también se establece que se transferirán sus funciones al INABVE, con la diferencia que esta institución podrá crear una mesa nacional en la que involucrados puedan involucrarse en discusiones.
Hacienda deberá realizar el traslado de las asignaciones presupuestarias del CONAIPAM como asignación presupuestaria al INABVE, deberá también trasladar las asignaciones contempladas para el pago de la pensión no contributiva destinada a la persona adulta mayor a que se refiere la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor.
“De conformidad con lo dispuesto la Ley Especial para la Protección de los Derechos de la Persona Adulta Mayor, Hacienda deberá trasladar al INABVE los fondos obtenidos por las sanciones pecuniarias impuestas por infracciones cometidas a dicha ley, deberá trasladarlos íntegramente al INABVE para financiar las medidas y acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores”, se propone.
El CONAIPM fue creado en 2022 en el marco de la implementación de la Ley Especial para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en El Salvador
Ambos proyectos de decreto se estudiarán en la Comisión de Niñez e Integración Social, cuya sesión está programada para el 17 de noviembre a las 2:30 de la tarde.
