La Procuraduría General de la República (PGR) ha ido disminuyendo de manera consecutiva la inversión interna en su área de atención a menores de edad, según consta en su documentación financiera.
Este 2025, el apartado de asistencia consta de $2,973,465.
El propósito de la institución es brindar servicios legales, psicosociales y lúdicos a la niñez desde la primera infancia hasta la adolescencia, basado en la Ley Crecer Juntos.
Para estas medidas en 2024, hubo un presupuesto de $3,328,315; para 2023 fue un poco más, $3,474,720.
Tanto para los años 2022 y 2021 hubo dos apartados de la institución para el servicio a la población menor de edad.
La primera fue «brindar servicios legales, psicosociales y lúdicos a la niñez desde la primera infancia y la adolescencia, con el fin de garantizar una protección integral de sus derechos, reconociéndoles como sujetos con plenos derechos sin ningún tipo de discriminación».
La segunda fue «tramitar y resolver administrativamente las solicitudes y autorizaciones de adopción de niñas, niños y adolescentes en forma gratuita; garantizando el interés superior de la niñez y la adolescencia para asegurarles el mejor bienestar y desarrollo integral dentro de una familia, respetando sus derechos fundamentales».
En estas hubo una variación. Para 2022 el primer apartado tuvo destinado el presupuesto de 1,912,815 dólares, en 2021 fue de 1,768,620. En el segundo apartado de ambos años se destinó $292,185.
La PGR tiene la función de velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces.
La PGR también está obligada a trabajar en la promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, ya sea por sí solo o colaborando con otras instancias.
