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Pensiones: ¿quién paga los intereses?

¿Por qué un trabajador debe reconocer intereses por haber utilizado sus propios ahorros, mientras el Estado ha contado con un período de gracia para pagar determinadas obligaciones adquiridas con esos mismos fondos previsionales?

Jaime Ramírez Ortega

Una reflexión sobre las pensiones, los ahorros de los trabajadores y la responsabilidad de administrar correctamente estos recursos.

¿Qué les parece, amigos? Hay situaciones que merecen una reflexión serena, especialmente cuando estamos hablando del dinero que millones de salvadoreños han acumulado durante toda una vida de trabajo.

Con la reforma al sistema de pensiones aprobada por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2022 se introdujeron importantes modificaciones al régimen previsional salvadoreño. Entre ellas, el incremento del 30 % en determinadas pensiones por vejez y nuevas disposiciones relacionadas con los trabajadores que anteriormente habían retirado hasta el 25 % de sus ahorros.

Resulta que aquellos trabajadores que hicieron uso de ese anticipo y desean reintegrarlo para mejorar el cálculo de su pensión deben devolver no solamente el capital recibido, sino también la rentabilidad que ese dinero habría generado durante el tiempo que estuvo fuera de su cuenta individual.

En términos sencillos, deben reintegrar su propio dinero más una cantidad adicional equivalente a los rendimientos que habría producido; es decir, lo que comúnmente entendemos como intereses.

Y aquí surge una pregunta que considero legítima: ¿por qué un trabajador debe reconocer intereses por haber utilizado sus propios ahorros, mientras el Estado ha contado con un período de gracia para pagar determinadas obligaciones adquiridas con esos mismos fondos previsionales?

No debemos olvidar de dónde proviene ese dinero.

No se trata de recursos que hayan sido regalados a los trabajadores. Son ahorros construidos con el sudor de su frente, con años de sacrificio, jornadas agotadoras, madrugadas interminables y aportaciones descontadas de sus salarios.

Detrás de cada cuenta individual hay una historia humana. Está el obrero que pasó décadas trabajando bajo el sol, la enfermera que dedicó sus noches al cuidado de los enfermos, el maestro que entregó su vida a la educación y tantos salvadoreños que, con esfuerzo y disciplina, contribuyeron al sostenimiento de sus familias y del país.

Esos ahorros representan una parte de la vida de cada trabajador. Por eso merecen la mayor protección, transparencia y responsabilidad.

¿Cuánto dinero de los fondos de pensiones está comprometido en obligaciones del Estado?

Las cifras permiten comprender la magnitud del asunto.

Al cierre de 2022, la deuda estatal vinculada a los fondos previsionales ascendía aproximadamente a US$8,197 millones. Esta obligación no nació con la reforma de ese año, sino que venía acumulándose bajo mecanismos anteriores de financiamiento previsional.

Sin embargo, con la nueva legislación se establecieron los Certificados de Obligaciones Previsionales, conocidos como COP, que permiten al Instituto Salvadoreño de Pensiones obtener financiamiento mediante instrumentos adquiridos con recursos administrados por las AFP.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el Banco Central de Reserva, al cierre de agosto de 2026 la deuda previsional total ascendía a US$11,761.31 millones.

De ese monto, aproximadamente US$8,393.56 millones corresponden a obligaciones anteriores a la reforma, mientras que US$3,367.75 millones representan nuevas obligaciones emitidas desde la entrada en funcionamiento del sistema reformado.

Esto significa que el financiamiento incorporado mediante los nuevos certificados representa aproximadamente el 28.6 % de la deuda previsional estatal, mientras que el 71.4 % restante corresponde a obligaciones heredadas.

Son cantidades considerables que merecen atención, no solamente por su dimensión financiera, sino porque están relacionadas con el futuro económico de miles de familias salvadoreñas.

También debemos reconocer que estos recursos se han utilizado para atender obligaciones del propio sistema previsional, particularmente el pago de pensiones del régimen público, cuyos compromisos deben cumplirse. El problema no consiste simplemente en que existan mecanismos de financiamiento, sino en garantizar que sean sostenibles, transparentes y que no comprometan la seguridad de las futuras jubilaciones.

¿Y qué sucede con los intereses que debe reconocer el Estado?

Otro aspecto que merece explicación es el período de gracia establecido sobre determinadas obligaciones previsionales anteriores a la reforma.

Durante ese período se han diferido pagos de capital e intereses de una parte importante de la deuda. Esto no significa que los intereses hayan desaparecido, sino que su reconocimiento y pago efectivo han quedado sujetos a las condiciones establecidas para dichas obligaciones.

Los informes divulgados señalan que los intereses acumulados y pendientes de pago de esa deuda heredada superan los US$2,300 millones, con un período de gracia que concluye en 2027.

Mientras tanto, los nuevos Certificados de Obligaciones Previsionales contemplan una tasa fija del 7 % anual.

Esta diferencia es importante, porque no sería correcto afirmar que todas las obligaciones previsionales del Estado tienen idénticas condiciones de pago.

Sin embargo, la reflexión de fondo permanece.

Si la ley exige al trabajador reconocer la rentabilidad que dejaron de generar sus propios ahorros cuando hizo uso del anticipo del 25 %, también resulta razonable exigir que los recursos previsionales utilizados para financiar obligaciones públicas reciban un tratamiento responsable, oportuno y transparente.

No estamos hablando de confrontaciones políticas ni de cuestionar por cuestionar las decisiones de las autoridades. Estamos hablando de una responsabilidad institucional que debe mantenerse independientemente de quién gobierne.

Los sistemas de pensiones no pueden analizarse únicamente desde las necesidades financieras del presente. Deben examinarse pensando en quienes se jubilarán dentro de diez, veinte o treinta años.

Un trabajador que hoy tiene cuarenta años necesita saber que sus cotizaciones estarán respaldadas cuando alcance la edad de retiro. Una persona que está próxima a jubilarse merece conocer con claridad cuáles serán sus derechos y cómo se calculará su pensión.

La estabilidad del sistema previsional es, por tanto, una cuestión de confianza pública.

Una reflexión necesaria

Personalmente, considero que debemos buscar un equilibrio justo entre las obligaciones del Estado, la sostenibilidad del sistema de pensiones y los derechos de quienes han contribuido durante toda su vida laboral.

Es comprensible que existan necesidades de financiamiento para cumplir con las pensiones actuales. También es legítimo que la legislación procure preservar la rentabilidad de los ahorros individuales.

Pero esas necesidades deben acompañarse de información clara, mecanismos de supervisión y compromisos verificables para proteger el patrimonio previsional.

El dinero de las pensiones no es un regalo del Estado. Es el resultado del trabajo de generaciones de salvadoreños.

Y precisamente porque esos fondos representan el sacrificio de tantas personas, su administración debe inspirar confianza y garantizar que cada obligación sea atendida conforme a la ley.

No se trata de señalar culpables, sino de promover soluciones responsables.

Porque si al trabajador se le pide responder por la rentabilidad de sus propios ahorros, es igualmente legítimo que la ciudadanía conozca cuánto debe el Estado, cuánto está pagando, cuánto se encuentra pendiente y de qué manera se garantizará el cumplimiento de esas obligaciones.

Al final, amigos, una pensión no es solamente una cifra en un estado de cuenta. Es la esperanza de una vejez digna después de toda una vida de esfuerzo.

¡Cuidar los ahorros de los trabajadores es cuidar el futuro de El Salvador!

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