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Pensar el país en coyunturas críticas 2

La tozudez de los grupos de poder bloqueó las reformas, no respetó la voluntad electoral en 1972 y llevó a intervenir militarmente la Universidad en julio de ese año

Carlos Gregorio López Bernal, historiador. Foto EDH / Mauro Arias

Decía en un artículo anterior que en la historia republicana ha habido dos momentos en que las apuestas de país se han perfilado con claridad y la acción estatal se orientó consistentemente a ellas. El primero se dio en el último tercio del siglo XIX, con las reformas liberales y estuvo marcado por la expansión cafetalera y el fortalecimiento del Estado. El segundo fue a mediados del siglo XX apuntalado en cuatro pilares: industrialización, diversificación de la agricultura, MERCOMUN y modernización estatal.

Un rasgo distintivo del reformismo de mediados del XX es que no surge como respuesta a una crisis; no tiene un carácter remedial. Por el contrario, emerge en un contexto de relativa bonanza; el crecimiento económico post segunda guerra mundial, buenos precios del café y una visión de desarrollo compartida entre gobernantes, empresarios y profesionales. También hay una dosis de realismo al reconocer problemas estructurales tales como la pequeñez territorial del país, el agotamiento del suelo, la escasez de recursos naturales y el crecimiento acelerado de la población.


Muchos de estos problemas remitían al uso del suelo y a la agricultura. Por eso se da un viraje hacia la industrialización y la integración económica regional, pero no se abandona la agricultura. Hacia la década de 1950 se discutía el “problema agrario” entendido no tanto en la lógica de concentración de la propiedad que más tarde llevaría a la reforma agraria, sino a partir de la baja productividad agrícola. Se apostó a la diversificación de la agricultura de exportación y la tecnificación: algodón, ganadería y caña de azúcar; este viraje está condicionado por una excesiva confianza en la tecnificación, lo que más tarde se llamará “revolución verde”: agroquímicos, mecanización, hibridación y sistemas de riego.

El presupuesto del ministerio de agricultura y ganadería se incrementó, se crearon instituciones dedicadas a la investigación como el CENTA, más tarde el ISIC que se especializó en el café. Donde era posible se trabajó en drenaje y riego; la zona de Zapotitán tomó fuerza como productora de cereales y hortalizas. Esta combinatoria de esfuerzos elevó significativamente los niveles de productividad por manzana, pero a la larga resultó insostenible.

También se hicieron esfuerzos en la industria; el Estado dio facilidades e incentivos para quienes invirtieran en estos rubros. Se apuesta por la generación de energía eléctrica, primero con el río Lempa y más tarde con la geotermia. Para superar la poca capacidad de consumo del mercado nacional se promueve la integración económica regional; este esfuerzo coincide con las preocupaciones de la CEPAL en el cono sur. La CEPAL colabora con Centroamérica en la década de 1950 en el diseño del sistema de integración económica considerando las asimetrías de las economías nacionales, apostando incluso a la complementariedad de los esfuerzos; todo en una lógica de gradualidad, a fin de reducir posibles conflictos. Sin embargo, en el momento crucial de la implementación, la CEPAL fue desplazada por la Alianza para el progreso, que no tenía tanta fineza de ideas, pero tenía dólares para financiar.

Un proyecto de este tipo requería multiplicar la capacidad de acción estatal, esto se evidencia en la cantidad de instituciones autónomas que se crean y en el crecimiento de las carteras ministeriales. Fue necesario aumentar los ingresos fiscales, una cuestión problemática que solo podía hacerse por dos vías: aumentar impuestos o adquirir deuda. Se hizo lo primero, pero de una manera inteligente. Se creó un impuesto progresivo al café, el monto a pagar variaba según los precios del grano (Pleites, 2022, p. 201). Era una época de bonanza económica y los cafetaleros aceptaron sin problemas.

En estas décadas, por primera vez se implementan políticas sociales de Estado, una cuestión consignada en la constitución de 1950. Esta ampara una creciente inversión en salud pública y educación, pero también alcanza para proyectos como centros de recreación para los trabajadores; así aparecen “Los Chorros”, “parque Balboa”, “Amapulapa”, “Atecozol” y muchos otros mediante los cuales se incentivaba el descanso de los trabajadores lejos de las cantinas y los burdeles. La idea clave era la “dignificación de la clase trabajadora”. Un elemento adicional, la vivienda popular y de clase media: edificios multifamiliares, colonias obreras y otros proyectos que no se limitan al gran San Salvador.

En el proceso de integración económica regional, la relación entre Honduras y El Salvador se volvió determinante. Los salvadoreños sin tierra migraban a Honduras en busca de tierras y trabajo; este fenómeno migratorio era una válvula de escape a los crecientes problemas de escasez de tierras, agravados por la diversificación de la agricultura y el acelerado crecimiento demográfico. Honduras era y es el principal socio comercial de El Salvador en la región. Por lo tanto, era vital mantener buenas relaciones con los vecinos. El economista Jorge Sol Castellanos, uno de los artífices del proyecto que llevó al MERCOMUN, insistía en que debía prestarse especial atención a Honduras y cuidarse de no entrar en conflicto dicho país.

En términos macroeconómicos, ya para la segunda mitad de la década de 1960 los resultados eran evidentes. Las exportaciones regionales pasaron de 68 millones de dólares en 1950, a 228 millones en 1970; mientras que las importaciones fueron de 9 millones de dólares en 1950, subieron a 28.4 en 1970. A nivel regional, la balanza comercial nos era muy favorable. En el quinquenio 1960-65, el PIB alcanzó un crecimiento promedio 7.7% (Walter Franklin, 2001, p. 490). Algo impensable, hoy día. Sin embargo, los beneficios de dicho crecimiento no llegaban a los trabajadores. La política social de Estado se concentraba en el área urbana, aunque el campo seguía siendo clave para la agricultura de exportación.

Ya para finales de la década de 1960, y sobre todo después de la guerra con Honduras, quedó claro que no se podía ignorar el problema de la concentración de la propiedad de la tierra. Las plagas habían creado resistencias a los agroquímicos, especialmente en el algodón y los cereales. Y los precios de los insumos se incrementaron con la guerra del medio oriente de 1973. La guerra con Honduras golpeó al comercio bilateral, marcó el colapso del MERCOMUN y significó la expulsión de miles de salvadoreños, la mayoría de ellos campesinos. La década de 1970 fue muy problemática en economía y política. Sin embargo, es plausible pensar que esas dificultades podían superarse, a condición de que quienes tenían capacidad de decisión tuvieran una visión estratégica y sobre todo voluntad política para implementar las reformas necesarias. Y no las tuvieron.

Ahora bien, la crisis del reformismo modernizante no provino tanto de los problemas socioeconómicos, sino de los políticos. Al menos, en un primer momento, fue el desencanto político lo que provocó la ruptura. La década de 1960 estuvo marcada por la apertura política, liberalización le llama Paul Almeida. La democracia se expandió y se creó la ilusión de que la oposición política podía llegar al poder por la vía electoral. Los primeros en desencantarse fueron los que apoyaron la candidatura presidencial de Fabio Castillo en 1967. Electoralmente, Castillo no tenía posibilidades, pero de ese círculo surgieron las primeras iniciativas insurgentes a finales de 1970. Fue una decisión apresurada e imprudente, propia de jóvenes obnubilados por la idea de revolución. La tozudez de los grupos de poder bloqueó las reformas, no respetó la voluntad electoral en 1972 y llevó a intervenir militarmente la Universidad en julio de ese año. Todo ello parecía darle la razón a quienes buscaban cambios por la vía armada. De ese modo, el país cayó en una espiral de problemas y conflictividad política, aunada a los problemas estructurales acumulados.

El final del proceso no debiera demeritar sus aspectos positivos. En término de dos décadas se dinamizó la economía y se hizo política social de Estado. A lo anterior hay que agregar dos puntos que suelen olvidarse. No se endeudó al país, el porcentaje de presupuesto dedicado al ejército y seguridad se mantuvo a niveles muy bajos, al mismo que tiempo que se hacían las más altas inversiones en salud y educación (Pleites, 2022, p. 223 y 549). Lo último debiera ser tomado en cuenta hoy día cuando la deuda se ha llevado a niveles insostenibles, sin que exista un modelo de desarrollo claramente definido; se apuesta a ocurrencias como Bitcoin, Surf City o una excluyente revitalización del centro histórico de San Salvador que se agota al caminar un par de cuadras en cualquier rumbo.

Bibliografía

Pleites, W. (2022). La economía salvadoreña después de la independencia. San Salvador: Ministerio de Educación.

Walter Franklin, K. (2001). Ideales igualitarios y autodeterminación. 1961-1972. En A. Magaña (Ed.), El Salvador. La República (Vol. II, pp. 468-499). San Salvador: Fomento Cultural, Banco Agrícola.

Historiador, Universidad de El Salvador

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