Cuando el “hermano Toby”, popular pastor evangélico fallecido hace unos años, quería ilustrar sus sermones recurría a “Chepe Trompo”. Un personaje ficticio que en, cierto modo, era una caracterización del salvadoreño promedio que asistía a sus prédicas: bajo nivel de estudios, crédulo, ingenuo y prejuicioso. Buena gente en el fondo, pero un tanto irresponsable y poco previsor. Al revisar los resultados de las últimas encuestas de opinión queda claro que estas representan bien el pensamiento de Chepe Trompo.

Sería necio no reconocer el apabullante apoyo que los salvadoreños dan al presidente Bukele. Se podrá cuestionar ciertos sesgos evidentes en algunas encuestas, pero al revisar las constantes históricas y contrastar unas con otras, las tendencias se mantienen. También se pueden discutir los medios y los recursos usados para promover la figura presidencial, el uso de los recursos estatales en ello y mil detalles más, pero los resultados son innegables. Pero todo ello encaja bien con el pensamiento de miles de salvadoreños promedio, al punto de anular flagrantes contradicciones.

En la última encuesta de CID Gallup llama la atención de que, excepto dos funcionaros de gobierno, militares, por cierto, la popularidad del resto de personeros gubernamentales es muy baja. Esto incluye al partido Nuevas Ideas. En términos políticos estos datos dejan ver una realidad a la que no le ha prestado suficiente atención. No existe un proyecto político Nuevas Ideas; lo que existe es un proyecto político de la familia Bukele, apuntalado en el más mediático de ellos. Hace dos siglos los constituyentes sansalvadoreños expresaron tajantemente en la constitución de 1824, artículo 1 que el Estado “no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.” Que los salvadoreños sepan tan poco de historia siempre es beneficioso para los políticos.

Buena parte de la popularidad presidencial se debe a sus éxitos en el área de seguridad. Se podrá cuestionar los métodos usados; el tozudo silencio ante investigaciones periodísticas que revelan que este gobierno también negoció y trató con las pandillas; perpetuar el régimen de excepción al mismo tiempo que se insiste que se ha aniquilado la estructura pandilleril. En realidad, el éxito se debe no tanto al régimen de excepción, sino a las reformas al código penal; reformas que anularon el debido proceso y uno de los principios básicos del derecho: la individualización. Los abogados podrían, si quisieran y tuvieran el valor, desmontar públicamente el adefesio de los “juicios masivos”. Para miles de salvadoreños, típicos “Chepe Trompo”, lo importante será el resultado, no los medios usados para conseguirlo.

Otras mediciones matizan la popularidad de Bukele. Según el ranking de presidentes de Latinoamérica, mayo 26 de CB Global Data, Claudia Sheinbaum es la más popular (67.8% opiniones positivas), Bukele estaría en segundo lugar (67.5%) y Luis Abinader (60.2%). Matices aparte, cualquier gobernante desearía los niveles de popularidad del presidente salvadoreño; bien por él, seguramente se sentirá muy orgulloso de ello.

Ahora bien, la admiración a la figura presidencial hace que los salvadoreños estén dispuestos a creer ciertas cosas y a negar otras. Por ejemplo, se les ha hecho creer que mantener el régimen de excepción es necesario para que los pandilleros sigan en prisión. Es claro que aquí hay intención electoral. Desde hace varias semanas pulula en radio y televisión un spot que acusa a la oposición de querer sacar de la cárcel a los pandilleros y advierte de lo nefasto que esto sería para el país. Esto es mentir descaradamente a los cuatro vientos usando recursos públicos. Ningún opositor responsable ha pedido la libertad de los pandilleros, se ha demandado liberar a los inocentes.

Por el contrario, se tiende a ignorar o justificar los excesos en el ejercicio del poder. Entre 2019 y 2020, la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional pusieron límites a las pretensiones presidenciales. Esos roces llevaron a Bukele a tomarse la Asamblea acuerpado por militares aquel fatídico 9 de febrero de 2020. El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa ya dominada por Bukele destituyó ilegalmente a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Desde entonces, el presidente gobierna a su antojo y capricho. Sus diputados aprueban todo lo que llega de CAPRES, sin discusión alguna. Esta concentración de poder debería ser motivo de preocupación; aquí se ignora o se justifica como necesaria para la gobernabilidad.

Todo régimen populista pugna por ampliar y fortalecer las capacidades del Estado. Estas apuestas varían dependiendo de la orientación del gobierno. Aquí se ha dado prioridad a seguridad, ejército, obras públicas. Estas áreas ofrecen altos réditos político-electorales. Educación y salud pública también pueden ser manipuladas mediáticamente; se hacen reformas cosméticas, se insiste en la eficiencia, la modernización y la calidad. Todo esto en medio de una campante opacidad que no permite contrastar discursos con realizaciones, menos auditar los fondos usados. Estos temas son importantes, pero hay otros que lo son mucho más. Y sobre estos se hace poco y dice nada.

Un Estado que crece y se fortalece requiere más recursos económicos para sostenerlo. El presupuesto nacional ha crecido significativamente en la última década. Para 2016, el presupuesto ascendió a $4,860 millones; el de 2026 suma $10,555.6 millones. Cierto que ha habido una mejora en la recaudación de impuestos. Sin embargo, buena parte de ese aumento presupuestario ha sido financiado con deuda. A tal punto que esta ya asciende a $34,101 millones y representa cerca del 88 % del Producto Interno Bruto. Aumentar la deuda a tales niveles es un acto de evidente irresponsabilidad. Sobre todo, porque ni siquiera se ha intentado una reforma fiscal. Al contrario, han abundado exoneraciones e incentivos fiscales al gran capital. Algo parecido sucede con el sistema de pensiones que acumula problemas de sostenibilidad y rentabilidad desde hace rato. Hay una reforma en proceso, en buena medida condicionada por el FMI, pero no se avanza en ella.

Ambos temas son complejos, y debe señalarse que los gobiernos anteriores tampoco hicieron mucho al respecto; en parte por intereses, en parte porque no tenían una correlación de fuerzas favorable en la Asamblea Legislativa. Este gobierno no tendría ningún problema para tratarlos, e incluso podría tomar medidas audaces para enfrentarlos. No lo hace, porque no le interesa, o porque no quiere tocar intereses económicos poderosos. Paradójicamente, la encuesta de CID Gallup señala que el 79% de los salvadoreños considera que el presidente gobierna para los pobres. Sus acciones, más bien cuidan de no incomodar a otros. En la misma lógica, resulta que los mismos salvadoreños consideran que el problema que más los acongoja es la economía. Es más, el 33% considera que en esta área el gobierno ha fracasado.

Es posible que tales consideraciones no preocupen ni al presidente ni a sus asesores de imagen. Si han reparado en ello, bien pueden posponer su abordaje. Al final de cuentas, otros gobernantes lo hicieron antes. El problema es que esa incapacidad para enfrentar los grandes problemas es lo que ha impedido que este país aproveche oportunidades. Si este gobierno no se atreve, será simplemente por falta de visión o de interés, pero no porque no tenga los recursos y condiciones para hacerlo. Altos niveles de popularidad y dominio absoluto de los órganos de Estado dan absoluta libertad de acción al presidente. Hace todo lo que quiere, y no hace lo que no le interesa. Así de simple. Su popularidad es indiscutible, ¿se podrá decir lo mismo de su responsabilidad?

Historiador, Universidad de El Salvador