Ya no podemos decir: «Estamos amenazados por el cambio climático». Ahora debemos decir: «Estamos condenados». Esto puede observarse en sucesos alarmantes, como las mareas vivas que recientemente han golpeado la costa salvadoreña, destruyendo todo a su paso y dejando numerosas familias damnificadas. Incluso pescadores y habitantes de la zona costera afirman que nunca habían presenciado fenómenos naturales de esta magnitud.

La zona litoral del país es una de las menos desarrolladas y más marginadas, a pesar de su enorme potencial turístico y de promoción internacional. Muchos de sus habitantes viven en condiciones de gran precariedad.

En esta franja costera, la población sobrevive principalmente de la agricultura y la pesca. Viven modestamente y, en algunas comunidades, carecen de servicios básicos como energía eléctrica y agua potable. El acceso a estas comunidades también es limitado, ya que, para llegar a ellas, es necesario transitar por caminos de tierra, balastreados y polvorientos. Además, sus habitantes deben desplazarse hasta las cabeceras departamentales para abastecerse de productos esenciales.

Los gobiernos locales, por su parte, no cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades de la población. En cuanto al manejo de los desechos sólidos, la gestión de residuos y el servicio de recolección son muy limitados, por lo que muchas personas optan por enterrar la basura, depositarla en botaderos a cielo abierto o quemarla.

La trazabilidad de los desechos que llegan al océano sigue siendo un tema poco estudiado y, hasta cierto punto, desconocido, lo cual debería preocuparnos.

El fuerte oleaje que golpea y destruye las frágiles edificaciones de estas comunidades arrastra consigo grandes cantidades de desechos, en su mayoría plásticos flotantes. Es, en gran medida, la misma contaminación que el océano nos devuelve.

Considerando que, con el cambio climático, los fenómenos ambientales son cada vez más intensos e impredecibles, estas comunidades del litoral tienden a perderlo todo, incluso lo poco que poseen, cada vez que enfrentan mareas vivas, tormentas tropicales, huracanes, ciclones u otros eventos extremos. Tras el desastre, sus habitantes son trasladados a albergues temporales, lo que agrava aún más la pobreza y fomenta la migración ambiental, ya que no existe un mecanismo eficaz que les permita recuperar rápidamente sus viviendas, pertenencias o medios de vida mediante subsidios o ayudas gubernamentales inmediatas.

Es en este contexto donde cobra relevancia la voluntad política, un elemento fundamental para responder de manera efectiva ante una emergencia. Existen varios componentes clave que fortalecen esa voluntad política:

1. La asignación presupuestaria: la capacidad del Estado para destinar recursos públicos a la atención de las emergencias.
2. La flexibilidad normativa: la disposición para reformar o adecuar el marco legal, permitiendo una respuesta rápida y eficiente.
3. La coordinación interinstitucional: la capacidad de integrar a diferentes instituciones del Estado —como Obras Públicas, Salud, Seguridad y Protección Civil— bajo un mismo mando operativo.

También resulta fundamental la forma en que las instituciones gubernamentales administran la crisis, priorizando una respuesta inmediata que reduzca el impacto social.

La centralización de las decisiones merece una reflexión. Si bien puede agilizar la toma de decisiones en momentos críticos, una concentración excesiva del poder también puede limitar la autonomía de las autoridades locales y retrasar la ayuda hacia las comunidades más afectadas.

Otro aspecto esencial es la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos destinados a la emergencia. Sin mecanismos efectivos de control y transparencia, estos recursos son vulnerables a actos de corrupción.

La corrupción actúa como un verdadero parásito de la voluntad política durante una emergencia. En nuestro país ya lo hemos observado en catástrofes anteriores, como terremotos y huracanes. El desvío de fondos públicos destinados a la atención de las víctimas constituye un acto perverso y una traición a la patria, pues significa abandonar a quienes más necesitan apoyo para favorecer intereses particulares.

Las emergencias suelen crear condiciones propicias para la corrupción. La necesidad de actuar con rapidez obliga a realizar compras directas, adjudicaciones aceleradas y, en algunos casos, a prescindir de los procedimientos tradicionales de licitación.

Es precisamente en esos momentos cuando personas inescrupulosas pueden aprovechar la menor supervisión para inflar precios, desviar ayuda humanitaria o favorecer a proveedores sin la experiencia necesaria. Por ello, la voluntad política es la única fuerza capaz de decidir si se debilitan los mecanismos de fiscalización, facilitando el fraude, o si, por el contrario, se implementan controles extraordinarios que garanticen la transparencia y la correcta rendición de cuentas.

*Experto en temas sobre cambio climático.