Un país puede reprogramar una obra, modificar un presupuesto o aplazar una decisión administrativa. Lo que no puede detener es la infancia. Cada día, una niña o un niño crece, aprende, forma vínculos, desarrolla capacidades y construye la manera en que comprenderá el mundo. Por eso, cuando hablamos de políticas públicas para la niñez, no nos referimos únicamente a atender necesidades presentes: hablamos de decidir qué clase de sociedad queremos ser en el futuro.

Priorizar a la infancia no debe verse como un gasto que compite con otras urgencias nacionales. Es, en realidad, una de las inversiones más estratégicas para el desarrollo de El Salvador. Los recursos destinados a salud, nutrición, educación inicial, protección, cuidado y acompañamiento familiar producen beneficios que se extienden durante toda la vida y alcanzan, finalmente, a la sociedad en su conjunto.

Una niñez que crece en condiciones adecuadas tiene mayores posibilidades de aprender, permanecer en el sistema educativo, desarrollar habilidades para el trabajo, construir relaciones sanas y participar productivamente en su comunidad. Invertir durante los primeros años también permite prevenir problemas que, cuando se atienden tarde, resultan más difíciles, dolorosos y costosos para las familias y para las instituciones.

El Salvador ya ha comenzado a recorrer ese camino. La Política Crecer Juntos, la Ley Crecer Juntos, la creación del Instituto Crecer Juntos, el funcionamiento de las Juntas de Protección y la implementación de los Centros de Atención a Primera Infancia, conocidos como CAPI, reflejan una decisión institucional relevante: reconocer que la atención de niñas, niños y adolescentes requiere especialización, coordinación y presencia en el territorio.

Los CAPI representan mucho más que lugares de cuidado mientras madres, padres o responsables trabajan. Bien implementados y debidamente supervisados, son espacios para la estimulación oportuna, la educación inicial, el cuidado cariñoso y sensible, la identificación temprana de necesidades y el acompañamiento del desarrollo integral. Su expansión fortalece, además, las posibilidades de las familias para conciliar sus responsabilidades laborales con una atención adecuada de sus hijas e hijos.

El Instituto Crecer Juntos cumple igualmente una función esencial como referente nacional en materia de primera infancia. Su trabajo permite impulsar modelos de atención, fortalecer las competencias de quienes brindan cuidado directo, acompañar a las familias y promover una visión común entre las distintas instituciones. La existencia de una entidad especializada es un avance que debe cuidarse y consolidarse con continuidad técnica y capacidad de evaluación.

También debe reconocerse el papel de las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia. Su presencia ofrece una vía cercana para intervenir cuando existe una amenaza o vulneración de derechos. La actuación oportuna de sus equipos, coordinada con centros educativos, servicios de salud, municipalidades, familias y otras autoridades, puede marcar la diferencia entre una situación que se agrava y una respuesta que protege, restituye derechos y evita daños mayores.

A estos esfuerzos se suman las mejoras de infraestructura destinada a la educación, la salud, la recreación y la atención integral. La infraestructura importa porque los derechos necesitan espacios concretos para hacerse realidad: aulas dignas, centros de atención seguros, áreas de juego, servicios sanitarios adecuados y entornos accesibles. Pero la construcción física debe caminar junto con la formación del personal, la calidad de los servicios y la supervisión permanente.

El camino, entonces, ya inició. El desafío consiste ahora en consolidarlo y lograr que los avances normativos e institucionales se traduzcan en una experiencia cotidiana para cada niña, niño y adolescente. No debería importar si vive en una zona urbana o rural, si su familia dispone de mayores o menores recursos, si tiene una discapacidad o si atraviesa una situación familiar compleja: sus derechos deben recibir una respuesta efectiva y de calidad.

En esta tarea existe una guía jurídica y ética que nunca debe perderse de vista: el principio del interés superior de la niña, niño y adolescente. El artículo 12 de la Ley Crecer Juntos ordena que este principio sea considerado en la interpretación y aplicación de las normas, en las decisiones que afecten a la niñez y también en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Aplicar el interés superior no consiste en colocar una frase solemne al inicio de un documento. Exige preguntarse, ante cada decisión, cómo impactará en la vida concreta de las niñas y los niños; si responde a sus necesidades según su edad y desarrollo; si protege especialmente a quienes enfrentan mayores barreras; y si cuenta con los recursos, el personal y los mecanismos de seguimiento necesarios para producir resultados reales.

Este principio también obliga a mirar más allá de las cifras generales. La cobertura es indispensable, pero debe ir acompañada de calidad, continuidad y evaluación. Abrir un servicio es un paso importante; asegurar que funcione adecuadamente, que llegue a quienes más lo necesitan y que pueda corregir sus debilidades es lo que transforma una buena iniciativa en una política pública sostenible.

La protección integral tampoco corresponde únicamente al Estado. La Ley Crecer Juntos parte de una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y las instituciones públicas. Las empresas que apoyan servicios de primera infancia, los centros educativos que construyen entornos protectores, las comunidades que detectan riesgos, los medios de comunicación que promueven una cultura respetuosa de los derechos y las familias que ejercen una crianza responsable forman parte del mismo esfuerzo nacional.

La niñez no puede seguir esperando porque su tiempo es distinto al tiempo de las instituciones. Una respuesta que llega tarde puede encontrar a una niña o un niño en otra etapa de su desarrollo, después de que una oportunidad esencial se haya reducido o una afectación se haya profundizado. Por eso, priorizar a la infancia requiere continuidad, coordinación, profesionalización y una visión de país que trascienda las coyunturas.

Reconocer lo avanzado no significa asumir que la tarea está concluida, sino valorar la base construida y comprometernos a fortalecerla. El Salvador cuenta hoy con instrumentos legales, instituciones especializadas y programas que permiten seguir avanzando. Mantener a la niñez en el centro de las decisiones es comprender que cada recurso destinado a su desarrollo, educación y protección es una inversión en seguridad, productividad, convivencia y bienestar. La mejor política pública para el futuro comienza atendiendo, desde ahora, a quienes ya están construyéndolo.

Manuel Wilfredo Rosa Aguirre

Abogado y notario.