Estados Unidos entró este miércoles en el 36º día de paralización del gobierno, la más larga de la historia, mientras crece la inquietud ante la falta de fondos para programas sociales y el posible cierre de partes del espacio aéreo por escasez de personal de torres de control.

El llamado «shutdown» superó la marca anterior de 2019, cuando durante el primer periodo de Trump el Gobierno permaneció paralizado 35 días por un pulso con los demócratas sobre la financiación del muro fronterizo con México. Entonces, más de 800.000 empleados federales se vieron obligados a trabajar sin sueldo o fueron suspendidos temporalmente, una situación que amenaza con repetirse si no se alcanza pronto un acuerdo presupuestario. 

En las últimas seis semanas, la parálisis presupuestaria por falta de acuerdo entre los republicanos y los demócratas en el Congreso ha dejado a unos 1.4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo. Los que cumplen tareas esenciales, como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin pago. Las ausencias de los controladores aéreos, obligados a continuar trabajando sin sueldo, han causado retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos de todo el país.

En los aeropuertos, la situación se está volviendo cada vez más crítica, con salas abarrotadas de viajeros que no pueden pasar los filtros de seguridad o sufren por retraso en sus vuelos o la asistencia limitada de controladores aéreos en las torres de control. El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que podría verse obligado a cerrar parcialmente el espacio aéreo ante la falta de personal.

Más de 42 millones de personas han dejado de recibir ayudas para la compra de alimentos del programa de asistencia social. 

Jueces federales han ordenado al gobierno al gobierno que no deje de distribuir las ayudas, sobre todo alimentarias, a millones de necesitados.

El gobierno ha estado parcialmente paralizado desde que el Congreso no logró aprobar un proyecto de ley para mantener financiados los departamentos y agencias federales después del 1 de octubre, cuando comenzó el nuevo año fiscal.

La oposición condiciona su apoyo a la aprobación de más subsidios al programa sanitario Obamacare, mientras que la mayoría republicana —que controla ambas Cámaras del Congreso— los acusa sin base de querer beneficiar a indocumentados. 

Los republicanos, que disponen de mayorías muy estrechas en ambas cámaras, quieren que cinco senadores demócratas secunden su resolución legislativa para mantener el financiamiento hasta finales de noviembre, mientras discuten los temas presupuestarios de fondo. Pero el Partido Demócrata, que ve con alarma cómo Trump utiliza todo el poder a su alcance para imponer su agenda, muestra un frente unido. Su exigencia es que todas las propuestas de salud de las reformas republicanas sean frenadas en seco y se discutan de nuevo, desde cero, lo que significa desmantelar buena parte de una gigantesca ley que Trump logró aprobar hace menos de seis meses.

Más que un desacuerdo común, es un pulso demócrata contra Trump

Aunque los líderes de ambos lados han mostrado poco interés en comprometerse, ha habido señales de negociación entre los moderados.

Un grupo bipartidista separado de cuatro miembros centristas de la Cámara de Representantes presentó el lunes un marco de compromiso para reducir los costos del seguro médico. 

Los demócratas creen que los millones de estadounidenses que ven cómo se disparan las primas al inscribirse en programas de seguro médico para el próximo año presionarán a los republicanos para buscar un compromiso.