He visto pasar 81 años. Algunas partes comienzan a desvanecerse en mi memoria, por eso necesito ponerlas en blanco y negro. La negociación del fin del conflicto armado interno fue un proceso marcado por un elemento común: la emoción por encima de la razón y del sentido histórico. Una generación no transmite a la siguiente toda la verdad, sino demasiados silencios.

El conflicto tuvo dos escuelas de pensamiento sobre sus causas. La primera lo atribuía a factores estructurales: desigualdades sociales y económicas, marginalidad, pobreza, militarismo, fraudes electorales. Todo agravado por los conflictos regionales y la confrontación ideológica de las superpotencias. La segunda lo explicaba por factores externos: intervención norteamericana, ideologías marxistas, apoyo cubano-soviético a los movimientos insurgentes en nuestro país y en la región.

Ambas corrientes coexistieron en nuestro conflicto, con vínculos orgánicos que polarizaban el ambiente según las circunstancias.

En diciembre de 1989 y enero de 1990, el presidente Alfredo Cristiani solicitó al secretario general de la ONU apoyo para iniciar negociaciones ininterrumpidas. El objetivo era terminar el conflicto armado y enfrentar sus causas. La petición recibió el respaldo de los cinco presidentes centroamericanos en la Declaración de San Isidro Coronado, Costa Rica. A partir de marzo de 1990, la ONU, con Álvaro de Soto a la cabeza, contactó a las partes y se firmó el primer acuerdo el 4 de abril de 1990. La visión estratégica era clara: terminar el conflicto por la vía política, impulsar la democratización, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña.

Aclaro: no fui representante de la Fuerza Armada. Fui miembro colaborador en la comisión, en temas militares y de seguridad nacional. La comisión había sido mandatada por decreto, sin presencia militar. Porque no se negociaba el conflicto: se negociaba la paz.

Durante 28 meses y tres días estudiamos los cuatro ejes estratégicos. El primero: terminar el conflicto por la vía política. Había que plantear cómo hacerlo, qué obstáculos superar y qué costos asumir. Comprendimos que:

• Enfrentar el conflicto es tarea militar. Hacer la paz es tarea política.

• La guerrilla podía ser derrotada militarmente, pero jamás se obtendría la paz por esa vía.

• Se puede ganar el conflicto, pero perder la paz.

Cuando un conflicto termina con victoria militar, los vencidos son juzgados con severidad. Pero cuando la solución es política, la paz se sella con amnistías. Estas han sido parte de la historia de muchos países que deciden cerrar la puerta del pasado y buscar reconciliación: M-19, EPL, Quintín Lame en Colombia; URNG en Guatemala; socialistas y franquistas en España; Venezuela; Italia.

La gran tensión era clara: ¿justicia o paz? Ambas no podían alcanzarse simultáneamente. La sociedad debía decidir cuál valor privilegiar. Ese fue el costo de la paz.

Muchos no estuvieron de acuerdo con la amnistía. Pero había que comprender que, para avanzar, los grupos armados necesitaban garantías de que no serían capturados tras su desmovilización. De lo contrario, el conflicto se prolongaría indefinidamente.

El pecado original fue confundir la paz con el proceso de paz. Este era una política de Estado, orientada a la búsqueda de la paz, que no se encontraba a la vuelta de la esquina ni respondía a emociones inmediatas. Recuerdo que, cuando el proceso estuvo a punto de romperse, incluso quienes adversaban la amnistía pedían su continuación.

La amnistía no fue un invento de unos pícaros, como algunos narran. Existía ya en la antigua Roma, como institución jurídica para atemperar el rigor de la ley penal, obedeciendo a requerimientos sociales y políticos. Por ella, el Estado renunciaba a su potestad penal en virtud de intereses públicos graves, principalmente de carácter político, que hacían necesario el llamado a la concordia y al apaciguamiento colectivo.

Al final, ¿quién cuenta la historia como realmente fue?

 El tiempo. La memoria. La verdad que no se borra.

Mauricio Ernesto Vargas

General (r) de la Fuerza Armada de El Salvador.