En la última semana, el escándalo en las redes –y digo «escándalo» porque de allí no pasa– ha sido el patrimonio de los diputados y servidores públicos. Creo que pocos se han molestado en leer el de TODOS, pero todos se han puesto a opinar acerca de algo que debió haberse presentado desde hace muchísimo tiempo en época preelectoral y que se presenta públicamente por primera vez en este 2026. En fin…

En los países desarrollados, donde la gente comenta con la cabeza y no con el hígado partidista, el patrimonio de los diputados se presenta por una sencilla razón: para ver cómo entran y cómo salen. Me han dado tristeza los comentarios acerca de cierto diputado apodado “el más endeudado de El Salvador”. Si realmente se siguiera el acontecer legislativo, no sería ningún secreto que su padre estuvo gravemente enfermo y que él mismo también lo estuvo, y que el progenitor falleció. En un país del Primer Mundo, “el diputado más endeudado de El Salvador” sería considerado un servidor público probo, y ni siquiera se dudaría en reelegirlo (y quiero aclarar: no voto en La Libertad). Eso sí, ese diputado, en un país de primer mundo, probablemente no se hubiera endeudado porque, pues sí, ¿qué ciudadano de un país desarrollado no tiene acceso a servicios de salud universal, especialistas y hasta tratamientos alternativos? En fin…

El otro problema es que la declaración patrimonial es pobre y no se puede realmente emitir un juicio. En España, por ejemplo, la declaración patrimonial de un servidor público incluiría inmuebles, vehículos, acciones y fondos, planes de pensiones, cuentas bancarias y deudas e hipotecas detalladas. Si no lo creen, búsquenla en el sitio web del Congreso español. En los países desarrollados, los diputados, ministros y hasta los mismos presidentes toman transporte público y siguen viviendo en el mismo piso, porque comprarse un vehículo o un inmueble puede interpretarse como que (a) se está tomando dinero público, (b) se están recibiendo favores o (c) se está comprometiendo la carrera política. Esto en España. En Suecia, un correo privado enviado desde una cuenta pública es razón suficiente para dimitir.

La declaración patrimonial es un mecanismo para prevenir el enriquecimiento ilícito, reducir la corrupción estructural, exigir la rendición de cuentas, evitar conflictos de interés y fortalecer la confianza pública. A esto se le llama “transparencia activa”. Es para la CIUDADANÍA; para usted, salvadoreño. Pero aquí, en El Salvador, mucha gente empieza (como siempre) a vomitar su opinión (repetida o copiada) sobre una declaración patrimonial que, en Europa, sería un chiste, atacando a diputados en lugar de analizar. En fin…

Yo entré al portal y vi algunas declaraciones de ciertas personas clave, de todos los partidos. Quisiera decirles que estoy abrumada y escandalizada, pero muchos de los patrimonios no están tan disparados, asumiendo que están declarando las cosas como son. Algunos vienen de familias millonarias, otros de familias “bien”, y otros declararon patrimonios creíbles. Señores, El Salvador es un pueblo. Uno no tiene que ser amigo de alguien para conocer trasfondos familiares. Con eso tampoco quiero decir que no hubo unos que, de verdad, costaba creerles; pero, como no tengo más información que totales, realmente es difícil juzgar. Y si ni los totales se analizan… en fin…

Una vez más, lo sorprendente para mí es la respuesta de buena parte de la ciudadanía. Los comentarios de odio virulento hacia unos y otros me hacen darme cuenta de que somos unos trogloditas políticos estancados en la edad de las cavernas. En los países desarrollados, la ciudadanía tiene estándares altos para los políticos y exige saber quién los gobierna, cuánto tienen y si su riqueza cambia durante el mandato, además de exigir probidad moral. Una declaración patrimonial es una obligación que hasta los monarcas cumplen. Como la ciudadanía exige, la prensa y la academia fiscalizan, apoyando a la sociedad civil. A esto se le llama vigilancia ciudadana. La gente no se pone a pelear por tal o cual diputado. Lee, escucha y, si el escándalo es grande, exige su renuncia. En fin…

Yo quiero, de verdad, tener esperanza para este sufrido pueblo. Yo quiero pensar que esto se ha hecho de buena fe, imperfectamente porque es la primera vez que se hace de manera pública y no meramente por un requisito del FMI. Pero, sin vigilancia ciudadana y transparencia activa, las declaraciones patrimoniales caen en el absurdo latinoamericano de mostrar cuentas limpias cuando no hay quien pueda aseverar si eso es cierto o no. Y no, no es de “ahora”; es de “siempre”, porque los salvadoreños, que tuvieron tiempo de educarse y ponerles una vara alta a sus representantes del pasado, presente y futuro, prefirieron algo más parecido a “Titanes en el Ring” que a analizar. En fin…

Educadora.