El 15 de octubre de 1979 marcó un hito en la historia contemporánea de El Salvador. Aquel día, un grupo de oficiales jóvenes del Ejército Nacional, en conjunto con civiles, proclamó el derrocamiento del entonces presidente general Carlos Humberto Romero. A través de una proclama clara, estructurada y solemne, el Ejército Salvadoreño dio a conocer al país y al mundo su decisión de intervenir para evitar un mayor deterioro del orden constitucional, detener las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y rescatar la institucionalidad del Estado. 

Este acto, que ha sido objeto de múltiples interpretaciones en el debate político e histórico, merece también una reflexión desde una perspectiva militar y social, que reconozca el papel del Ejército como garante del Estado de Derecho y resalte los valores patrióticos que lo motivaron en aquella coyuntura crítica. La proclama leída por los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG) tuvo como eje central la restitución del orden constitucional y la promoción de reformas estructurales que el sistema político imperante no había logrado implementar. 

En el documento se establecía que «el Ejército Salvadoreño, fiel a su vocación democrática y al mandato constitucional, no podía seguir siendo instrumento de represión ni sostén de una estructura de poder que había cerrado los espacios para la participación política y para la justicia social». No se trató de una ruptura anárquica del orden legal, como algunos lo han querido presentar, sino de una acción institucional orientada a frenar una deriva autoritaria. El Ejército, en su función tutelar de la soberanía y el bien común, actuó —según lo manifestado en la proclama— con el objetivo de iniciar un proceso de transformación nacional que atendiera las legítimas demandas de los distintos sectores sociales.

Es importante destacar que la Constitución salvadoreña de 1962, vigente en aquel momento, establecía como deber del Ejército la defensa de la soberanía, la integridad del territorio y el orden constitucional. Al actuar contra un régimen que se alejaba de estos principios, el Ejército no traicionó su misión, sino que, al contrario, reafirmó su compromiso con la legalidad y el bien de la nación. La proclama no fue una incitación a la militarización del poder, sino una expresión del profundo deber patriótico que conlleva velar por el respeto a los derechos fundamentales, la justicia social y la democracia.

Es notable cómo en el lenguaje de la proclama se utilizó un tono respetuoso, sereno, y orientado al diálogo nacional. Se convocó a los distintos sectores del país —obreros, campesinos, empresarios, académicos, estudiantes, Iglesia, y organizaciones populares— a participar en un proyecto común de nación. Esto demuestra que los militares que encabezaron la acción no pretendían perpetuarse en el poder, sino facilitar una transición hacia un régimen más justo e inclusivo. La historia de los pueblos está marcada por momentos críticos en los que las instituciones deben actuar con valor y lucidez. 

El Ejército Salvadoreño, en 1979, asumió una postura histórica que debe comprenderse no como un simple golpe de fuerza, sino como un gesto institucional que buscaba evitar un colapso total del sistema y una eventual guerra civil que, pese a todo, terminó estallando tiempo después ante la falta de acuerdos estructurales. Sin embargo, el acto de 1979 fue una advertencia moral y patriótica de que los valores democráticos no podían seguir siendo pisoteados. Fue, además, una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de profesionalizar al Ejército, separarlo de intereses políticos, y reafirmar su rol como una institución al servicio del pueblo y del Estado de Derecho.

En tiempos donde los valores democráticos deben ser cuidadosamente resguardados, es imperativo mirar al pasado con objetividad. El Ejército Salvadoreño del presente puede encontrar en la proclama de 1979 una fuente de inspiración para su actuar institucional. Su compromiso con la Constitución, con la justicia, y con los derechos humanos debe seguir siendo el faro que oriente su función. Más allá de las consecuencias políticas que derivaron de aquel momento, el gesto del Ejército debe ser valorado en su dimensión institucional: una acción que buscó rescatar la legalidad, no imponer una dictadura; una proclama que promovió reformas, no retrocesos; un llamado al diálogo nacional, no a la polarización.

La proclama del 15 de octubre de 1979 representa uno de los momentos más complejos y valientes de la historia salvadoreña. El Ejército, en su papel de garante del orden constitucional, actuó motivado por el deseo de rescatar la dignidad de la República, frenar el autoritarismo y abrir el camino hacia una sociedad más justa. Reconocer este hecho no implica justificar todas las acciones subsecuentes, sino entender que, en el corazón de aquella proclama, se albergaban los valores más nobles de la institucionalidad militar: patriotismo, honor, lealtad y defensa de la Constitución.

La historia no debe ser contada desde el odio, sino desde la verdad, con respeto hacia quienes, en su momento, buscaron con honestidad y coraje el bien de El Salvador.

Coronel José Antonio Castillo

Militar retirado / Miembro fundador de la Academia de Historia Militar de El Salvador