El Dr. Martin Luther King se refirió a ese brazo el 25 de marzo de 1965: “El arco del universo moral es largo, pero se dobla hacia la justicia”. Ese fue el día último de la marcha de Selma a Montgomery que coronó la conquista de derechos civiles, en especial el derecho al voto. Fue también el instante en el que el Dr. King abrió la lucha contra la desigualdad económica, llamó a “marchar contra la pobreza”. Los enemigos de la equidad lo asesinaron en abril de 1968.

Las semillas del Dr. King brotaron en EE. UU. y en el continente. En 1967, los Estados miembro de la OEA incorporaron a la Carta de la entidad normas amplias sobre derechos económicos, sociales, educacionales, que desembocaron en la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José, Costa Rica, en noviembre de 1969. La Convención entró en vigor en julio de 1978 cuando El Salvador estaba atrapado -como ahora- en un espiral de violencia estatal y desprecio a la vida humana. 

La Convención estableció dos entes competentes “para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los contraídos por los Estados Parte”: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión “tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos” (Art. 33). El Art. 44 faculta a que “cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte”.

Mientras, la Corte -en tanto tribunal internacional- conoce de los casos que le presenta la Comisión y los Estados miembros como El Salvador que -tal como lo determina el Art. 62- “reconoce como obligatoria de pleno derecho” la competencia de la Corte “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención”.

En la actualidad, Comisión y Corte constituyen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La Convención se complementa con importantes instrumentos, por ejemplo para “Prevenir y Sancionar la Tortura” (1987), sobre “Desaparición Forzada de Personas” (1996) y contra “Toda Forma de Discriminación e Intolerancia” (2017). 

La destrucción del Estado de Derecho y el secuestro de los Órganos e Instituciones del Estado -perpetrados por Nayib Bukele desde el 2020- iban a ser alcanzados por el brazo del SIDH. Los principales quiebres ya están enfocados. A sabiendas de su responsabilidad, el régimen se ha ausentado de la mayoría de las audiencias. El SIDH ha reafirmado públicamente con el caso Bukele que es falsa la premisa de que existe un derecho humano a la reelección presidencial, y la respuesta de Bukele -junto con sus diputados- fue hacer creer que modificaron las cláusulas pétreas de nuestra Constitución -como el principio de la alternancia- las cuales son irreformables. 

En mayo pasado, el SIDH les señaló que bajo el “régimen de excepción” han detenido arbitrariamente a miles de civiles sin nexos criminales ni antecedentes penales, violando sistemáticamente las libertades y garantías fundamentales de la población pues cualquier salvadoreño puede ser encarcelado sin causa alguna. La Comisión los instó a derogar el régimen y su renovación indefinida. A estas alturas, nosotros sabemos dos asuntos: el pacto de Bukele con las pandillas previo al régimen establecido en marzo de 2022, y el uso político del terror generalizado.

El SIDH ha resuelto preliminarmente sobre los casos de los abogados Ruth López y Enrique Anaya, reclamando medidas cautelares para ambos, y ha elevado su preocupación por la persecución contra la prensa independiente, defensores ambientales y de derechos humanos. Igualmente, el SIDH ha alertado sobre los cientos de desapariciones forzadas incluyendo personas extranjeras, a quienes, sin el Debido Proceso, ingresaron a una cárcel y se ignoran sus paraderos. 

Finalmente, tras una audiencia a la que representantes de Bukele sí se presentaron para alegar -falsamente- que no se agotaron las instancias internas, la Comisión ha admitido para estudiar a fondo la destitución ilegal e ilegítima de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional del 1 de mayo de 2021. Es el “punto cero” de irrespeto a nuestra Carta Magna y desobediencia a tratados y convenios del SIDH y del sistema universal de Naciones Unidas. Perfilado a futuro, constituye el “punto de retorno” para la restauración democrática con todas sus consecuencias.

Sin el ejercicio de los derechos como ciudadanos americanos y del mundo por sobrevivientes de los abominables abusos, y sus valientes familiares; sin la hidalguía y altura intelectual de las organizaciones civiles, algunas ya en el exilio; y, la investigación y el acompañamiento de las bicentenarias Amnistía Internacional y Human Rights Watch; el largo brazo de la justicia internacional no nos habría alcanzado como país.

No es El Salvador de 1978-1979, pero se le parece. 

Especialista salvadoreño en Relaciones Internacionales, integración regional y migraciones