Hace algo más de dos semanas la noticia del desahucio de Maricarmen Abascal, una octogenaria española, trascendió las crónicas nacionales al ocupar portadas en medios de todo el mundo. Desde hacía 70 años la anciana vivía en un inmueble de Madrid con una renta antigua. Era el piso donde creció con sus padres y donde los cuidó hasta su muerte. Los términos de esa renta antigua vencieron cuando la propiedad fue adquirida por una empresa; desde entonces Maricarmen y dicha compañía inmobiliaria se enzarzaron en un contencioso judicial que se prolongó 7 años. La disputa acabó con el desahucio de la mujer en medio de las protestas de activistas que defendían su derecho a permanecer en el hogar debido a su vulnerabilidad –por su edad avanzada y problemas de salud–, y la intervención de las autoridades que acabaron sacando a la señora por la fuerza antes de trasladarla a un hospital público de Madrid por el estrés sufrido. En las dos semanas siguientes una habitación del centro hospitalario fue su hogar temporal hasta que falleció inesperadamente el pasado miércoles.

Durante los días que Maricarmen permaneció en el hospital las protestas por la crisis de la vivienda en España se intensificaron y en la Puerta del Sol, epicentro de Madrid, se asentaron tiendas de campaña de los activistas que han asegurado que no se moverán hasta que el gobierno socialista de Pedro Sánchez y el resto de las fuerzas políticas pongan en práctica políticas que beneficien a quienes alquilan o aspiran a tener una propiedad. Presionada por el escarnio público, la compañía inmobiliaria acabó por llegar a un acuerdo con la inquilina, accediendo a que regresara al que había sido su hogar desde la infancia. Pero eso nunca llegó a ocurrir.

La muerte de Maricarmen ha vuelto a copar las noticias en todo el mundo y aviva el debate acerca de su utilización como símbolo de un problema real, el de la escasez de viviendas y soluciones factibles antes de desembocar en desahucios, y la mera explotación del calvario de una anciana para fines electoralistas. Vaya por delante que en todo momento ella, y así lo ha remarcado la abogada que la defendió hasta el final, tuvo la voluntad de politizar su situación para que sirviera de ejemplo en una sociedad en la que ningún partido político en el poder ha sido capaz de cumplir la promesa de más construcción de vivienda pública como opción para situaciones de vulnerabilidad social. De hecho, en la última entrevista que le concedió a Televisión Española culpaba a partes iguales al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a otras administraciones locales, gobernadas por el Partido Popular (de centro derecha), por su inacción ante un problema que viene de lejos y que afecta, sobre todo, a la juventud y a la tercera edad. Después de su fallecimiento, la abogada de Maricarmen ha enfatizado que su lucha no pretendía ser partidista, sino útil para el conjunto de la sociedad.

A las pocas horas de su deceso la instrumentalización de su muerte ya era un hecho: desde la izquierda más altisonante, que se exhibe en la acampada de la Puerta del Sol con banderas que llevan la hoz y el martillo (parecen ignorarlo todo sobre los horrores del comunismo), hasta sectores de la derecha que pretenden escurrir el bulto después de haber demonizado a la anciana señalándola por supuestamente gastar los cuartos jugando al bingo mientras se aprovechaba de un alquiler muy por debajo del precio del mercado. Unos y otros se reprochan haber “matado” a Maricarmen en el tira y afloja ideológico y en las discusiones a gritos de tertulianos en la televisión: los que insultan a arrendadores llamándolos “usureros”, los que culpan a los inmigrantes de la “tensión” inmobiliaria o los que han llegado a llamar “jeta” a la octogenaria. No hay término medio en víspera de unas elecciones anticipadas que el gobierno –cercado por la corrupción, la mala gestión de la crisis migratoria en Ceuta y el desgaste de 8 años en el poder– ha convocado al enarbolar de la noche a la mañana la causa “social” frente a la “especulación” de la derecha. Tuvo que ser desahuciada Maricarmen para que el Ejecutivo se apresurara a poner parches con unos reales decretos chapuceros que son puro populismo oportunista. El centro derecha, por contra, se ha mostrado tibio en la solidaridad con la desahuciada (el Estado, por liberal que sea, tiene el deber de ofrecer soluciones a personas verdaderamente vulnerables), quien ya no tendrá la última palabra sobre las manipulaciones de unos y otros. Por si fuera poco, figuras de la ultra derecha difunden bulos dando a entender que la muerte de la anciana fue provocada para favorecer electoralmente a los socialistas y que habría que hacerle una autopsia.

Maricarmen pretendía no ser un juguete roto en las disputas de los partidos políticos, sino que su caso sirviera para alcanzar consensos en un panorama que requiere prestar atención a arrendatarios cuyos sueldos son insuficientes en un mercado inmobiliario competitivo, y a arrendadores que piden más protección jurídica y que el Estado provea alternativas de vivienda social cuando encaran impagos de alquileres. Los españoles irán a las urnas el 29 de noviembre movidos por la animadversión contra el otro, más que por adhesión a programas políticos que han fallado una y otra vez. El odio también es un desahucio moral. [©FIRMAS PRESS]

Gina Montaner (La Habana, 1960). Periodista y escritora.  Desde hace más de cuatro décadas publica una columna semanal en el Nuevo Herald  y en  diversos periódicos en América Latina. Sus libros más recientes son No esperes por mí mañana (Planeta 2026) y Deséenme un buen viaje. Memorias de una despedida (Planeta 2024). En 2009 publicó la novela La mala fama (Plaza y Janés) y en 2006 coordinó y prologó Un día sin inmigrantes (Grijalbo).

*Twitter: ginamontaner