Por: Carlos Gregorio López Bernal

Es bien sabido que cuando una persona aplica para un empleo debe llenar los requisitos que este exige en términos de formación profesional y experiencia. Debe tener el perfil, dicen los empleadores. Esto es válido en el sector privado y público. En estos días, la DOM oferta un puesto de “diseñador hidráulico”; pone como requisitos: ser graduado en ingeniería civil con especialidad en hidráulica y experiencia mínima de dos años. Requiere, además, conocimiento de normativas técnicas y manejo de varios programas informáticos relacionados con el área. El salario será según capacidades.

Uno esperaría que algo parecido se exija a funcionarios gubernamentales de alto nivel. No es así, al menos no en altos puestos. Lo cierto es que la ley tampoco lo exige. Por ejemplo, para ser electo diputado, nuestra maltratada constitución no establece ningún requerimiento de formación académica, basta “notoria honradez e instrucción”, tal laxitud explicaría que lleguen a la Asamblea personas que tienen dificultades hasta para leer un texto. Tampoco hay mucha exigencia para ser presidente de la república. Somos muy democráticos, la verdad. Curiosamente al presidente se le requiere “moralidad e instrucción notorias”, pero no honradez. Lo mismo se exige para ser ministro de cualquier cartera de Estado.

Partiendo de lo anterior, las críticas de muchos a la idoneidad y capacidad de ministros y presidentes de autónomas no tienen fundamento legal, lo que no significa que no sean válidas. El simple sentido común sugiere que a esos cargos debieran llegar personas con conocimientos y experiencia en el ramo que van a dirigir. Zapatero a tus zapatos, dice el dicho popular. Y hoy día está de moda decir que el pueblo es sabio y no se equivoca. Además, la constitución da la potestad al presidente de hacer esos nombramientos. 

Cómo se configura un gabinete de gobierno es un tema interesante que da para muchas anécdotas. Para no incomodar a ningún paisano, apunto esta. Enrique Krauze en su libro “Redentores” dice que cuando triunfó la revolución cubana, Fidel tenía claro que su hermano Raúl sería ministro de defensa, por obvias razones. Pero tenía dudas sobre a quién nombrar como ministro de Economía. Fue uno de los puntos a tratar en una larga reunión y Castro preguntó “¿Alguien aquí es economista?” El Che levantó la mano y fue nombrado. Más tarde, alguien le preguntó si él era economista; sorprendido preguntó “¿economista? Yo escuché comunista”. 

Entonces, ¿por qué la manía de discutir sobre la idoneidad de los funcionarios? Quizá se olvida que hablamos de “puestos de confianza”. Es decir, son cargos políticos. Lo determinante es la confianza y la lealtad; esa es la clave. Algunos presidentes se han cuidado de ponderar formación y experiencia en sus nombramientos. Y la costumbre se hace ley. Que yo sepa, al frente del Ministerio de Salud siempre ha habido médicos, como en defensa, militares. Pero insisto, a discreción del presidente. Es plausible esperar que un ministro que conozca el área en que ha sido nombrado tendrá mejores posibilidades de hacer un buen trabajo. Pero no se debiera descalificar a nadie a priori; quizá no sea un experto, pero si tiene buen sentido y se rodea de buenos asesores puede dar la sorpresa.

Se supone, además, que los ministros llegan a su cartera a ejecutar un plan de gobierno previamente elaborado. No van a inventar el agua tibia. Lo grave en El Salvador es que no conocemos el plan de gobierno. En 2019 hubo una cosa que se llamó “Plan Cuscatlán” que se supone fue la base para el plan de gobierno 2019-24. Pero, tan seguro estaba el presidente de su reelección, que no molestó en hacer un plan para su segundo gobierno. Al menos, no se conoce, porque se tiende a ocultar mucha información pública. Eso debiera preocuparnos más. A veces parece que se gobierna por la vía de las ocurrencias.

La recién nombrada ministra de Educación asume el cargo con una reforma educativa en marcha desde hace rato; tiene hasta nombre “Mi nueva escuela”, poco imaginativo, pero nombre al fin. El problema es que ni los maestros saben en qué consiste la tal reforma. No ha habido discusión pública, no hay documentos de trabajo disponibles. Sí se sabe que han suprimido asignaturas y creado otras; los maestros se quejan de que no los han capacitado debidamente para trabajarlas. El anterior ministro se jactaba en 2022 de que había eliminado “todo rastro de la ideología de género” de las escuelas públicas. ¿Eso es parte de la reforma? Difícil saberlo. 

Algunos critican que la formación de la funcionaria no tiene relación con el área de educación. Eso no le quita capacidad de dirección. No necesariamente. A lo mejor pretenda imponer cierto estilo de trabajo, eso es otra cosa. Y aquí comienzan las dudas. La tendencia autoritaria de este gobierno es bien conocida, no la oculta, se complace en mostrarla. En redes sociales, una de las primeras reacciones al sorpresivo nombramiento fue que la funcionaria fue juramentada vistiendo uniforme militar. No quise adelantar juicios y pensé, la llamaron de repente. Pero no, más tarde el Ministerio de Educación publicó que en su primer día de trabajo visitó el Centro Educativo El Progreso, en Soyapango y se reunió con el cuerpo docente. También vestía uniforme militar, el de fatiga que le llaman. ¿Va a vestir uniforme militar siempre, o solo quiere dar un primer mensaje? Cualquiera que sea la respuesta, ya me preocupa y mucho. Reconozco que Óscar Picardo tiene razón cuando se pregunta “si su formación, su lógica de mando y su cultura institucional” son compatibles con un ministerio de educación.

Pareciera que el nombramiento lleva un mensaje implícito que encaja bien con el estilo de gobierno del presidente: el verticalismo y la concentración de poder. No puede verse disociado de lo que pasa en la Asamblea, que ha dejado de ser un parlamento — lugar donde se debate — a ser simple ejecutora de los designios de CAPRES; tampoco del ya permanente régimen de excepción. Tenemos un ministro de seguridad que es a la vez director de la Policía Nacional Civil. Se acaba de anunciar que el nuevo hospital Rosales será administrado por la presidencia. Y podría alargar la lista de ejemplos. Ante esa tendencia, ¿importa la idoneidad de los funcionarios? El diccionario de la RAE define idóneo como “adecuado y apropiado para algo”. En el caso del gobierno actual, ya sabemos que ese algo es concentración del poder, autoritarismo y propensión a la perpetuación; de todo ello hay ya suficiente evidencia.

PD: ¿Qué pensarán los intelectuales orgánicos del Bukelato de esto? Siendo tan brillantes y fieles y no los tomaron en cuenta para el puesto.

Historiador, Universidad de El Salvador