Imaginemos a una mujer mayor frente al mostrador de una farmacia. En una mano lleva la receta; en la otra, el dinero que alcanzó a separar después de pagar comida, luz y transporte. ¿Qué significa para ella haber trabajado toda una vida si ahora debe escoger entre comprar sus medicinas o ayudar a la familia?

La pensión nació para que esa pregunta no tuviera que hacerse. En 1889, Otto von Bismarck creó en Alemania el primer seguro de vejez. También buscaba contener el avance del movimiento obrero, pero dejó una idea que todavía nos interpela: quien trabajó y aportó no debía ser abandonado cuando la edad le quitara fuerzas. La pensión comenzaba a los 70 años. No era una fortuna; era el reconocimiento de que la vejez no podía quedar a merced de la caridad.

Más de un siglo después, seguimos debatiendo cuánto cuesta sostener ese pacto. La deuda del Estado con el sistema previsional ya supera los $11,700 millones. La reforma de 2022 suspendió temporalmente pagos de capital e intereses; ese período termina en abril de 2027. La deuda no desapareció. Sigue ahí, creciendo, como una cuenta que alguien tendrá que pagar.

La reforma se aplazó hasta 2027, año de elecciones. En política, las decisiones impopulares suelen tener su propio calendario: se anuncian como urgentes y se dejan para después de las urnas. El costo no desaparece; se traslada a quienes tendrán que trabajar más años, cotizar más o conformarse con menos. ¿Inevitable para quién? ¿Para quienes deciden el calendario o para quienes cargarán con sus consecuencias?

Entre los cambios que ya se discuten está extender la edad de jubilación. Puede que las cuentas exijan cambios; lo que no deberían exigir es silencio ni resignación. Una reforma previsional no puede tratar a las personas como cifras que hay que cuadrar. Tiene que decir con claridad quién pagará el costo y qué protección recibirá quien ya no puede trabajar.

La salud es parte de esa misma promesa. Envejecer no significa enfermar por obligación, pero trae desafíos que no se resuelven con una receta aislada: hipertensión, pérdida de movilidad, deterioro de la memoria, tratamientos largos. La actividad física, una alimentación adecuada y la atención oportuna ayudan a prevenir y retrasar enfermedades. Pero pedir hábitos saludables a quien vive con ingresos insuficientes y acceso limitado a servicios es trasladar al individuo una responsabilidad que también es del Estado.

El presupuesto de Salud aumentó en términos nominales para 2026. Aun así, más dinero en el papel no siempre se siente en la consulta, en el hospital o en la farmacia. El FMI ha propuesto copagos progresivos para DoctorSV. Una aplicación puede abrir una puerta; no debe convertirse en la puerta que sustituye a las demás. La prevención, la atención primaria y los hospitales que reciben a los pacientes cuando la enfermedad avanza también necesitan cuidado.

Y luego están los $50 mensuales de la Pensión Básica Universal para algunas personas mayores en pobreza extrema. En septiembre, la canasta alimentaria urbana costaba $269 por familia. Esa ayuda no alcanza para sostener un hogar; apenas recuerda cuán lejos estamos de una vejez digna. Para colmo, el presupuesto proyectado para 2027 reduce en $9.3 millones los fondos del programa.

Bismarck pensó en quienes llegarían a viejos después de trabajar. Nosotros debemos preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo para cuando nos toque llegar ahí. Porque una pensión sin salud es media promesa. Y una vejez obligada a elegir entre comida y medicina no es el final digno de una vida de trabajo: es una deuda moral que el país sigue aplazando.

Dr. Danilo Alfonso Arévalo Sandoval

Ginecólogo Oncólogo

Programa de Gerencia de Hospitales e Instituciones de Salud INCAE