La organización Amnistía Internacional advirtió, a través de un comunicado, que el régimen de excepción y las reformas al sistema penal han desvirtuado el Estado de Derecho en El Salvador. Para el organismo internacional estas medidas, contrario de aplicarse para tratar el crimen organizado, se aplican contra defensores de derechos humanos.
“Al consolidar un aparato represivo que, en lugar de impartir justicia de manera imparcial, se utiliza como un arma para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y para silenciar las voces críticas, exponiéndolas a un régimen carcelario que atenta contra su integridad personal y su vida”, señaló Amnistía.
“En lugar de impartir justicia imparcialmente, el sistema penal en El Salvador se ha convertido en un arma para castigar la disidencia y sofocar el espacio cívico. Defender derechos humanos o protestar pacíficamente hoy puede costar la libertad”, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
“La situación carcelaria en El Salvador continúa siendo alarmante: incomunicación prolongada, el hacinamiento extremo, la falta de atención médica oportuna y el riesgo de tortura caracterizan el régimen penitenciario. Esto impacta no solo a las personas criminalizadas, sino también a sus familias”, añade el comunicado.
También, la organización resaltó que en tres años del régimen de excepción, el gobierno salvadoreño ha consolidado un modelo que le da apariencia de legalidad a la detención masiva sin pruebas, la suspensión de garantías judiciales y la imposición de plazos desproporcionados de detención administrativa. Cabe recordar que el régimen de excepción suspende el derecho de defensa técnica de manera general.
Paralelamente, condenan que las reformas legales en materia penal y procesal penal traen con ellas el ocultamiento de la identidad de jueces, la aplicación automática de prisión preventiva y el endurecimiento punitivo contra niños, niñas y adolescentes.
Amnistía recordó que estas reformas han sido observadas por organismos regionales y universales de derechos humanos que concluyen que contravienen estándares internacionales.
Arbitrariedades y presos de conciencia
Amnistía Internacional registra casos en los que las autoridades han hecho uso de tipos penales amplios y ambiguos como “agrupaciones ilícitas” u “organizaciones terroristas”, para criminalizar a líderes comunitarios, sindicalistas y personas defensoras del territorio y el medio ambiente.
Además, toman en cuenta más de 70 casos contabilizados por organizaciones locales en el que las personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, privadas de su libertad y sometidas a procesos judiciales sin las garantías propias del Estado de derecho.
En julio de este año, Amnistía Internacional declaró personas prisioneras de conciencia a los abogados Ruth López y Alejandro Henríquez y al pastor de Misión Elim, José Ángel Pérez, al determinar que fueron encarceladas exclusivamente por su labor de defensa de derechos humanos y por ejercer pacíficamente su libertad de expresión.
A pesar de que ni el decreto original del régimen de excepción ni sus prórrogas contemplan su aplicación a personas acusadas de delitos comunes, en estos tres casos la organización pudo verificar que les aplicaron los plazos y la suspensión de garantías procesales, a pesar de que los cargos que se les imputan no guardan relación en ningún punto con el crimen organizado o pandillas.
Tanto Ruth, como Alejandro y José Ángel fueron sometidos a la ampliación de la detención administrativa hasta 15 días, y la imposición de la detención preventiva sin fundamentos suficientes ni revisión judicial efectiva.
Por otra parte, el juzgado que conoce la causa de Alejandro y José Ángel, quienes están siendo procesados por los delitos de resistencia y desórdenes públicos, resolvió prorrogar por tres meses adicionales la fase de instrucción, sin que existan en principio nuevos elementos por investigar.
“Esta decisión vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y da sustento a la afirmación de que en El Salvador la prisión preventiva ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en un castigo anticipado, independientemente del delito por el que la persona está siendo procesada”, argumentó el organismo.
En el caso de López se verificó, además, la modificación arbitraria de delitos imputados y la reserva total del proceso. Otras personas defensoras y voces disidentes criminalizadas documentadas por organizaciones locales presentan irregularidades similares.
También el caso del constitucionalista Enrique Anaya, la Amnistía explica los peligros que enfrenta una persona cuando el sistema limita deliberadamente su derecho a una defensa técnica efectiva, agravando riesgos incluso para su salud, cuya condición se ha deteriorado en detención.
Abogado constitucionalista, Enrique Anaya.
Foto EDH / Francisco Rubio
En el caso de la captura de Fidel Zavala, vocero de UNIDECH, dice Amnistía que enfrenta un «riesgo real» de ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en un entorno carcelario caracterizado por la opacidad, la impunidad y la ausencia de controles externos.
“La incomunicación prolongada y las condiciones inhumanas de detención son parte de una estrategia deliberada para infundir miedo y quebrar tanto a las personas detenidas como a las comunidades que representan. El impacto es devastador: autocensura, reducción de actividades y un espacio cívico cada vez más asfixiado”, agregó Ana Piquer.
Amnistía Internacional exige a las autoridades salvadoreñas la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas únicamente por ejercer o pedir el cumplimiento pacíficamente de sus derechos humanos.
Medidas cautelares
Asimismo, insta a las autoridades a cumplir cabalmente y de manera inmediata con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Ruth López y Enrique Anaya.
El 23 de septiembre de 2025, la CIDH otorgó medidas cautelares al advertir que la incomunicación prolongada y la detención indefinida a la que están sometidos ponen en grave riesgo su vida, salud e integridad.
El organismo exigió al Estado salvadoreño cesar de inmediato el aislamiento y garantizar condiciones de detención acordes con los estándares internacionales. Pero los abogados ni familiares de ambos han manifestado que esta medida ya se ha cumplido.
Amnistía, finalmente, hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que intensifiquen su escrutinio sobre las autoridades salvadoreñas, con el fin de frenar el uso indebido del sistema de justicia como herramienta represiva.
