La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud de la Población Salvadoreña (CONADESA), integrada por cerca de 50 organizaciones, envió el pasado 20 de octubre una carta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que revise y verifique posibles vulneraciones a derechos humanos con la implementación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales.

En el escrito detallaron que la normativa fue aprobada en agosto de 2025 por la Asamblea Legislativa y que esta no fue discutida con las gremiales del sector salud. La Coordinadora mostró su preocupación, porque es este sector el que conoce el sistema. 

“En un momento donde El Salvador está teniendo múltiples renuncias, como despidos de especialistas en el área pública, esto va a generar con la entrada en ejecución de ley, problemas más graves en la atención a la población de escasos recursos económicos”, mencionaron en la carta enviada las Naciones Unidas. 

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La abogada Jayme Magaña, de la iniciativa Alas por la Libertad, que es parte de CONADESA, aseguró que este escrito es parte de las acciones internacionales que realizarán con la entrada en vigencia de esta ley. 

“Vamos a estar haciendo denuncias por vulneración de derechos a la salud y a la privatización que se dará. Y el hecho que podrán tomar los hospitales privados sin dar ninguna justificación o causa clara dentro de la ley, lo cual es una vulneración al derecho a la propiedad privada”, mencionó Magaña.

Con esta nueva ley se crea un ente que administrará el Hospital Rosales y otros que se agreguen con el tiempo. Además, la Red Nacional no estará sujeta a la Ley de Compras Públicas, ya que la normativa establece que esta dispondrá de un régimen especial de compras y estará adscrita a la Presidencia.

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El escrito enviado es un formulario con diferentes preguntas sobre afectaciones a derechos humanos. Con respecto al grupo que podría ser afectado con esta ley y cuáles serían los derechos vulnerados, la Coordinadora afirmó que el principal daño ocurriría con la población de escasos recursos que depende de los servicios de salud. 

“Al concesionarse los mismos, no tendrían cómo pagar los servicios y sería un retroceso al derecho a la gratuidad del servicio médico que se estableció en 2009 en El Salvador”, aseguran.