Miembros de organizaciones sociales dieron su postura sobre el fallo absolutorio en caso de los ambientalistas. Foto cortesía
Los líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, ya cuentan con el fallo absolutorio del Juzgado de Sentencia de San Vicente, entregado el pasado 30 de enero, con el que se les confirma la libertad en el caso penal de un homicidio en la época del conflicto armado que la Fiscalía General de la República les imputó.
Organizaciones sociales que apoyan a los líderes comunitarios brindaron este miércoles una conferencia para dar su postura sobre el contenido del fallo.
“Celebramos, con vehemencia y euforia, que nuestros compañeros hayan sido declarados como son: Inocentes. Por mayoría, el tribunal colegiado determinó que no existen pruebas y absolvió penalmente a todos los procesados en este caso”, dice el comunicado.
Las organizaciones consideran que el caso fue creado para perseguir judicialmente a quienes se oponen a la minería metálica y defienden el agua y el medio ambiente.
La entrega del fallo había sido pospuesta por cuatro veces por el juzgado.
Esta fue la segunda ocasión que los acusados fueron absueltos, luego que en noviembre del año 2024 la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque en el que los acusados fueron sobreseídos y ordenó repetir el juicio.
“La doble absolución de nuestros compañeros no habría sido posible sin el trabajo efectivo de las abogadas y abogados defensores, sin el apoyo decidido del movimiento social salvadoreño y sin el respaldo de nuestros aliados internacionales”, agrega el comunicado.
No obstante, el fallo entregado incluye un elemento de condena civil, que es calificado por las organizaciones como “incoherente” y “absurdo”.
“Quizá puedan encontrar las leyes cómo acomodarlo, pero en el sentido común es absurdo para nosotros, porque cómo es posible que sean absueltos penalmente, quiere decir que no cometieron un delito y se les obligue a pagar una condena civil. Entonces para nosotros eso es totalmente condenable esta actitud”, dijo Alfredo Leiva, de ADES Santa Marta.
Sobre esa responsabilidad civil “en abstracto”, que podría ser la exigencia de un pago en compensación a las supuestas víctimas del crimen señalado, la carga de la prueba correría por cuenta de los ambientalistas.
“Creemos que es injusto porque si en el proceso penal no se logró establecer que había pruebas suficientes de su culpabilidad, entonces, obviamente, no pueden ser condenados por la responsabilidad civil”, comentó el abogado Luis Rivera.
Añadió que sería una forma de “persecución política” contra los ambientalistas de Santa Marta.
Preocupa apelación
Luego de la entrega del fallo corre un plazo de diez días para que cualquiera de las partes presente una apelación. A las organizaciones les preocupa que la Fiscalía busque revertir el fallo absolutorio en el tema penal.
“Eso también, como ya lo hemos reiterado en otras ocasiones seguimos exigiendo que por una vez por todas se abstengan de apelar y que pueda cerrarse definitivamente el proceso”, dijo Leiva.
Además, denunciaron que en las últimas semanas han llegado investigadores y fiscales a la comunidad Santa Marta diciendo que investigan las masacres ocurridas durante el conflicto armado, que fue la forma en la que elaboraron el caso contra los ambientalistas.
“Ahora nos preocupa que de la misma forma le lleguen a decir a la comunidad que van a investigar las masacres y nos preocupa que estén construyendo otros casos contra otros compañeros para continuar la persecución contra la comunidad”, señaló Leiva.
